¿Hay que reformar la ley del Mar Menor? / Bajo el paraguas común

Después de unos cuantos años, demasiados, es difícil de imaginar qué nueva estratagema, circunloquio o maniobra de distracción se puede inventar desde el área de los lobbies agroindustriales y sus socios políticos derechistas para que todo siga igual en el Mar Menor. Es decir, abocado al desastre medioambiental, sin solución y sin futuro.

Mejor recordar la historia antes de extraer conclusiones. El gobierno del socialista Carlos Collado aprobó en 1987 la ‘Ley de Protección y Armonización de Usos del Mar Menor’, elaborada en la Consejería de Obras Públicas que dirigía José Salvador Fuentes Zorita. 

Fue una ley vanguardista para su época que pretendía poner orden medioambiental y urbanístico en el entorno de la laguna.

El Partido Popular, entonces opositor en Murcia y en el Estado, la recurrió al Tribunal Constitucional con las firmas de Federico Trillo y otros 54 diputados ‘populares’. Perdieron el recurso, pero el Ramón Luis Valcárcel triunfante y gobernante desde 1995 aprovechó su gran respaldo popular para eliminar por las buenas esa Ley, subsumiéndola en la nueva Ley regional del Suelo en 2001, traslación de la Ley estatal del Suelo de 1998 con la que otro triunfador de la época, José María Aznar, dio el pistoletazo de salida a la especulación urbanística más salvaje hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria diez años después.

Estos precedentes ayudan a formarse una opinión sobre la larga serie de procrastinaciones con las que el PP nos ha regalado desde hace casi 30 años para evitar que se pusiera coto a desarrollos urbanísticos desaforados, primero, y a la extensión mastodóntica, alegal en muchos casos, de las superficies de regadío en el entorno del Mar Menor.

En la actualidad, tras el ecocidio registrado en la laguna, Vox, empoderado con la aquiescencia del PP del presidente López Miras, pretende ‘reformar’ –antes de que se haya puesto realmente en práctica– la llamada Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor de 2020, limitada y timorata desde su nacimiento, aprobada con los votos parlamentarios de PP, Ciudadanos y PSOE. Podemos votó en contra por la falta de ambición del texto. Vox hizo lo mismo porque iba demasiado lejos.

Los ultraderechistas de Abascal parecen decididos –siempre se han pronunciado en ese sentido– a forzar la mano del PP, que les ha dado entrada en el Gobierno, para descafeinar aún más la Ley, siguiendo los dictados de los lobbies agroindustriales y la mayoría de organizaciones empresariales agrarias o no. A pocos meses desde el inicio de la legislatura, nuevos cambios inspirados por Vox en ese texto legal solo contribuirán a convertir en mojado un papel que ya está húmedo desde su alumbramiento.

Con la boca bien grande, el PP dice negarse en redondo a la reforma de Antelo y los suyos. Pero con tanta sonrisa y gestos de complicidad y camaradería entre unos y otros, habrá que ver lo que el destino depara. Hay precedentes. Baste recordar la agitadísima legislatura pasada: ‘ciudadanos’ tránsfugas irredentos campando a sus anchas y ciscándose en su propia firma manuscrita; más díscolos ultras dispuestos a boicotear cualquier cosa que no fuera su nómina personal. Y todos cobijados bajo el paraguas común del PP de López Miras. Y ahora, ¿quién tiene la sartén por el mango? 

La pregunta no es retórica.

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