No avanzamos

Todo sigue igual, o sea, mal. La ley de amnistía sigue discutiéndose si es constitucional o no. Lo curioso es que los mismos que antes decían que no lo era, ahora, por intereses políticos y económicos, de seguir en su puesto y cobrando, les parece que sí lo es. Qué frágil es la conciencia y la voluntad del ser humano. Setenta y ocho juristas y pensadores de prestigio han dicho textualmente que «es una pulsión atávica del despotismo y deja impunes a los políticos». Qué rimbombantes e inocentes son estos juristas, porque de eso se trata precisamente, de quedar impunes. También asociaciones de jueces, de fiscales y catedráticos de derecho han afirmado lo mismo. Incluso históricos socialistas, y hasta dirigentes autonómicos en contra de su partido, sostienen la vergüenza de una ley de amnistía redactada por los propios beneficiados. Pero, en fin, seguiremos estando al dictado del prófugo, que no tendría que entrar en la cárcel, como hicieron sus segundos, si se aprueba la ley como él quiere. Así estamos, tutelados desde Bruselas por un antiespañol. Qué vergüenza (uno).

Y hablando de tutela, ya no solo tenemos que acudir al papá Estado para que nos solucione nuestras cuitas. Ahora también tenemos que pedir ayuda, mediación, conciliación y tutela, en definitiva, a Europa. Todo porque los dos partidos políticos mayoritarios, PP y PSOE, no se ponen de acuerdo en la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, después de cinco años caducado su mandato. Qué vergüenza (dos).

El PP quiere que se cambie la ley actual que establece la designación de algunos de esos vocales por los políticos, para que sean los jueces los que nombren a sus representantes. Lógico, y por eso lo apoyo. El PSOE mantiene la postura que mientras no se cambie la ley, hay que cumplirla. También lógico y necesario. En mi opinión, la solución pasa por cumplir primero la ley y después cambiarla, que, además, como el PP está seguro que ganará las próximas elecciones generales (y razón parece no les falta, visto lo de Galicia), que serán pronto (visto a Ábalos y las exigencias irrealizables, incluso para Sánchez, de Junts), debe ceder ya, cumplir la ley y renovar de una vez por todas el Consejo General del Poder Judicial. Dejemos ya de bloquear la posibilidad de designación de magistrados, que es función del Consejo, porque la justicia no está para más demoras. En nuestra Región, sin ir más lejos, se están señalando juicios por la Audiencia para el año 2027. La razón para los máximos representantes de todos los colectivos implicados es: por la preterición reiterada de nuestra Región a la hora de crear nuevos órganos judiciales que genera injustas asimetrías (presidente del TSJ), por un problema estructural, las soluciones las tiene que dar el ministerio (decano del Colegio de la Abogacía de Murcia) o por falta de una planificación estratégica para desatascar esos miles de juicios que se vieron aplazados (decana del Colegio de Procuradores de Murcia). En cualquier caso, como acertadamente afirma el fiscal superior, no es aceptable esta demora, pues genera en los ciudadanos una desconfianza hacia la justicia. Qué vergüenza (tres).

No obstante, y a pesar de todo eso, es cierto que nuestra justicia es mucho mejor que la de otros países, dentro y fuera de nuestro continente, porque es sumamente garantista, lo que impide la indefensión de la persona investigada y enjuiciada, y minimiza el error judicial. Y, además, no se encuentra politizada al estilo norteamericano, cuyos políticos nombran a jueces y fiscales. Aquí tienen que aprobar una oposición, con muchos temas a aprender, para demostrar en exposición oral y pública sus conocimientos del derecho, y después pasar por una escuela, y, finalmente, unas prácticas en los juzgados que completan su preparación. Oposición, salvo que en un futuro triunfe la idea de Yolanda (antes de ir a ver al Papa) para que se sustituya esa oposición objetiva por un MIR estilo médico. Y digo yo, ¿por qué no se legisla de una vez que sea Puigdemont quien elija los jueces, al menos para Cataluña? Así nos ahorraríamos, además de tiempo, muchos disgustos, negociaciones, mediaciones y leyes ‘ad hoc’ para unos cuantos prescindiendo de la característica obligatoria de toda ley, como es su generalidad. Eso sí, por favor, que sepan los nuevos jueces hablar en una de estas dos lenguas románicas. O la policéntrica catalana, o la medio-germánica valona, pues son los idiomas del futuro judicial y universal.

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