El informe sobre cumplimiento de la ley del Mar Menor

El Gobierno regional ha elaborado y remitido a la Asamblea Regional el tercer informe sobre cumplimiento de la Ley del Mar Menor. Se trata de un documento extenso con muchos cuadros y poco texto para dar cuenta de los proyectos, planes, programas, actuaciones, iniciativas e inversiones realizados por la Administración regional, a través de los 24 órganos y organismos con funciones en esta materia.

El principal problema de este informe es que no explica cómo las distintas acciones realizadas contribuyen a la mejora del estado del Mar Menor, a pesar de haber realizado un gasto cercano a los 200 millones de euros en los últimos años. El informe no solo carece de indicadores, sino que también adolece de simples explicaciones para la mayor parte de las actividades realizadas, gran parte de las cuales nada o muy poco tienen que ver con la mejora del ecosistema.

La estructura del informe coincide con los capítulos de la Ley del Mar Menor, a lo que añade información sobre la monitorización de la masa de agua y el listado de las ocho medidas prioritarias recetadas a última hora por el Comité científico. El informe identifica algunas presiones que recibe el Mar Menor (agricultura, minería, puertos, turismo, ganadería, pesca, navegación y vertidos) y trata de justificar medidas en cada área para dar la impresión de avanzar. Pero este intento fracasa por la incapacidad para reportar resultados medibles, verificables y orientados a los problemas concretos.

Por todas estas carencias Vox pedirá la devolución de este informe a la Consejería de Medio Ambiente. Y ello a pesar de que la existencia del propio informe es una noticia positiva, ya que muy pocas normativas regionales contienen la obligación de reportar anualmente una evaluación sobre sus resultados. Este informe no cumple con el contenido mínimo aceptable, como tampoco, lamentablemente, existe un análisis periódico de ninguna política pública regional, una carencia institucional que debe remediarse para mejorar la calidad administrativa de la Comunidad Autónoma.

Las memorias de las Consejerías dan una visión fragmentaria y no todas elaboran su reporte anual de actividades incumpliendo el deber de hacerlo. Sin duda, es un acierto para evaluar la política sobre el Mar Menor que exista esta obligación de dar cuentas, una obligación que ya estaba establecida desde 1987. Solo evaluando el trabajo de los responsables se pueden comprender mejor los efectos de un paquete de acciones y medios, que ronda los 200M€ de inversión directa pública regional entre 2022 y 2023, a lo que podemos sumar 115 M€ presupuestados para 2024, y desagregados en 139 medidas con destino al Mar Menor.

Es verdad que este informe ilustra sobre la inutilidad de la Ley del Mar Menor, a la vista del resultado que muestra. Si ya se ha cumplido el 70% de la Ley, y el 30% restante está en ejecución, lo lógico sería esperar la total recuperación de la normalidad ambiental para la laguna salada a la vuelta de la esquina. Y, sin embargo, este resultado está muy lejos de lograrse, según afirma el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el Gobierno regional que insiste en moratorias, sanciones y restricciones fuera de contexto en una Ley prematura y obsoleta.

El informe es gravemente defectuoso y el Gobierno debe subsanarlo. Entre las carencias destaca el caos de gobernanza y el sistema de información montado en la Ley del Mar Menor. Estamos ante un gigantesco aparato de captura de datos sin capacidad real para ser transformados en información o conocimiento para tomar decisiones. Además, el listado de obligaciones que enumera la Ley no implica ninguna consecuencia por su incumplimiento cuando se trata de entes públicos, pero sí comporta cuantiosas multas o sanciones cuando se trata de particulares y empresas.

La conclusión más inquietante es que, aunque se hubieran cumplido de forma exacta y puntual todas las obligaciones, el buen estado ecológico de la laguna no se habría recuperado. Y ello porque gran parte de las medidas no tienen nada que ver con la recuperación ecológica de la masa de agua. Gastamos el dinero en estudios, reuniones, comités, arreglo de paseos, reparaciones deportivas, cursos de buen turista, asfaltado y otras actuaciones muy plausibles pero desconectadas del objetivo principal. Hay graves carencias en las medidas descritas y en otras no se relacionan los efectos sobre el Mar Menor. Muchos bloques de contenidos son agregados informativos sin conexión real con el estado y evolución de la laguna salada.

Posiblemente, el principal problema del informe y de la propia Ley es la ausencia de coordinación entre las medidas implementadas por la Comunidad Autónoma y el Plan de actuaciones prioritarias acometido por la Administración del Estado (348 M€). No existe ningún tipo de articulación efectiva entre ambos proyectos. La reciente visita de la ministra Teresa Ribera y la firma de un acuerdo para crear una ‘Comisión interadministrativa’ no puede tapar un caos regulatorio que debe ser rectificado cuanto antes. ¿De qué nos vale otra Comisión para que las dos administraciones puedan tirarse los trastos a la cabeza y lamentar los incumplimientos de las obligaciones pendientes?

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