Agroindustria, neofascismo y transición verde

Orgulloso, y sobre un tractor que portaba la bandera franquista, participa en la protesta de agricultores que se inició la semana pasada. Lo hace, presuntamente, espoleado por un manifiesto que publica una llamada Plataforma 6F, cuyos líderes, apenas salen a la palestra, son inmediatamente identificados como miembros significados de la ultraderecha. Cuando uno lee aquella proclama, le surgen serias dudas respecto de que quienes se movilizan al calor de la misma sean realmente agricultores de toda la vida; y en caso de que lo sean, el interrogante que se plantea es si verdaderamente se han leído ese texto que ha sacado sus tractores a la calle.

El manifiesto tiene dos partes troncales. En la primera, y esto es francamente sorprendente desde la perspectiva de quien lidia a diario con los intermediarios que imponen precios por debajo de coste, se asegura que la Ley de Cadena Alimentaria es un truco del Gobierno, porque nadie puede intervenir los precios que fija el libre mercado. Traducción: si a ti, agricultor, te van a pagar las patatas, tomates o lechugas a pérdidas, ello se debe única y exclusivamente a la inexorable ley de la oferta y la demanda. Dentro de esta interesada confusión entre libertad de mercado y poder de mercado (el de las distribuidoras sobre los agricultores), la solución que ofrecen ante la competencia desleal que supone la importación de productos alimenticios desde zonas donde no existen adecuadas reglamentaciones de carácter fitosanitario, social y laboral, no es la de exigir a estos vendedores el cumplimiento de unas normas que se atemperen a las que rigen en la UE, sino la de desmontar estas, que van encaminadas a que europeos y europeas disfrutemos de una alimentación óptima. En síntesis: para competir con lo que viene de fuera, rebajemos nuestros estándares de calidad.

Séptimo día de protestas de los agricultores

Y ello lo vamos a hacer, y aquí nos adentramos en el meollo de su propuesta, derogando toda la legislación vinculada a la transición verde que busca la sostenibilidad tanto ambiental como alimentaria. Se propugna acabar, entre otras disposiciones, con el Pacto Verde Europeo y con la Ley de Restauración de la Naturaleza, con la de Transición Energética, con la normativa respecto del uso sostenible de productos fitosanitarios y con la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos.

Es decir, ponen negro sobre blanco la agenda negacionista de la extrema derecha que pretende poner fin al camino que hay que emprender para que la agricultura, y el planeta en su conjunto, sobrevivan. En absoluto les preocupa la búsqueda de una alimentación saludable producida de manera sostenible, con renta suficiente para los agricultores. Lo malo del asunto es que la dirección conservadora europea, personificada en Ursula von der Leyen, ha cedido precisamente en este aspecto, poniendo fin a buena parte de lo que sobre el papel se había conseguido hasta ahora, buscando de este modo el voto agrario cuando las elecciones europeas se acercan. Así, se aparca la normativa de reducción de pesticidas en un 50% para 2030, se anula la exigencia de un porcentaje mínimo de barbecho y no se incluyen requerimientos específicos para el sector agrícola en lo tocante a la reducción de gases de efecto invernadero. Ni que decir tiene que las compañías fabricantes de pesticidas y las agroquímicas han visto sus acciones revalorizadas tras estas decisiones.

Von der Leyen retira la ley para reducir a la mitad el uso de pesticidas ante las protestas agrarias

Pero quien más gana con este retroceso son las grandes empresas de la agroindustria y los fondos buitre, que acaparan un porcentaje creciente de la producción hortofrutícola, algo particularmente visible y notorio en la Región de Murcia. Estos capitales entran a saco en el sector comprando y alquilando vastas superficies de terreno y consumiendo grandes cantidades de agua, fertilizantes y pesticidas, degradando el medio (ahí está el Mar Menor) y convirtiendo a los agricultores en falsos autónomos que se ven obligados a comprar los insumos a la misma empresa a la que han de vender toda su producción. Lo que se pretende con esta ‘uberización’ del campo es desarrollar plantaciones en intensivo cuya rentabilidad es inversamente proporcional al grado de las obligaciones ambientales. Por tanto, acabar con estas es la tarea esencial de este lobbie. Como quiera que los pequeños y medianos agricultores no pueden competir en estas circunstancias, es fácil que se dejen seducir por los cantos de sirena de quienes, erigiéndose en portavoces políticos de los especuladores agrarios, les prometen que el fin de su precariedad está en poner fin al ‘dogmatismo ambiental’ (como dicen Feijóo y Abascal), dado que eso de conseguir precios justos por las cosechas es algo sometido al nivel de incertidumbre consustancial al impredecible funcionamiento de las ‘leyes del mercado’.

Afortunadamente, hay agricultores conscientes de que sostenibilidad y rentabilidad pueden ser términos compatibles y complementarios, y encauzan sus protestas hacia quienes les explotan pagando precios por debajo de coste: las grandes distribuidoras y sus intermediarios. Y demandan que las importaciones de otras zonas cumplan con los requisitos que ha de satisfacer la agricultura europea. No se plantean bajar el listón de la producción propia, sino elevar el de la ajena. Eso es el libre mercado: competir en igualdad de condiciones y pagar las cosas por lo que cuesta producirlas. Lo que la agroindustria y sus portavoces de la derecha pretenden es que los modernos terratenientes hagan negocio a costa de la agricultura tradicional y de la salud de la gente, que tiene el mal vicio de comer tres veces al día y quiere hacerlo en condiciones. Y si de paso le zurran al gobierno socialcomunista llenando las carreteras de tractores, mejor.

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