Pasado de rosca

Destinos encadenados

Bernar Freiría

Bernar Freiría

Discúlpenme la autocita. El domingo pasado escribía en este mismo espacio: …«Junts y ERC en Cataluña [son] rivales cada vez más irreconciliables por la hegemonía política en el espacio autonómico. Aquí hay un nuevo ingrediente: el carácter imprevisible de Junts que, al condicionante de estar dirigido desde Waterloo por un personaje tan peculiar como Puigdemont, añade una cierta vocación antisistema».

La justificaré porque ese carácter imprevisible y esa vocación antisistema se han puesto de manifiesto esta semana en las enmiendas propuestas por Junts a la ley de amnistía, obviando que el texto a debatir se había consensuado entre todos los grupos que forman la coalición que apoyó la investidura de Sánchez y que se supone que serán su apoyo parlamentario. Estas enmiendas se presentaron sin dar explicaciones a los otros grupos parlamentarios a los que la cosa los pilló por sorpresa. A continuación, ERC, para no quedar ante la opinión pública catalana como el ‘indepe’ dócil y pastueño, se apresuró a añadir a su vez otras cuatro enmiendas sin consensuar. De momento, solo se han aprobado las enmiendas previamente acordadas, pero no es descartable que los de Junts vuelvan a la carga la semana próxima en las sesiones parlamentarias.

Las enmiendas de ambos grupos independentistas están pensadas para que se pueda aplicar la futura ley de amnistía a quienes tengan condenas en firme por terrorismo sin que los recursos que los jueces puedan presentar impidan la aplicación de esa amnistía. Tal cosa es una pretensión de leguleyos. Un juez puede presentar una cuestión prejudicial en Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la aplicación de la ley queda inmediatamente suspendida, por protocolo de adhesión a la UE. Es decir, ningún articulado de ninguna ley puede impedir que se aplique el derecho comunitario que suspende la aplicación de una ley cuando se ha presentado un recurso prejudicial en la Unión.

Así pues, la polémica ley de amnistía consensuada -con disensos de última hora por parte de Junts y vicariamente de ERC- por los miembros de la coalición gobernante tiene ante sí un largo y azaroso recorrido. Por ejemplo, el PP se propone retenerla en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, durante un par de meses. Y no se debería olvidar que en último término la UE tiene algo que decir al respecto. Ya hemos mencionado que si un juez presenta una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), se suspende automáticamente la aplicación de esa ley. Dado que el TJUE tarda de promedio unos dos años en resolver una cuestión prejudicial, ya habría pasado el ecuador de la presente legislatura sin que la ley de amnistía hubiese podido entrar en vigor.

De ahí que las acusaciones de Feijóo hablando de «la rendición y la humillación» del PSOE ante Puigdemont, y abundando en que sin él «Sánchez no es nada», no son muy realistas. Es cierto que Sánchez necesita los votos de Junts en cada una de las votaciones que se realicen en el Congreso. Pero no es menos cierto que la propia suerte de Puigdemont depende en gran medida de Sánchez. Si el de Waterloo fuerza una y otra vez la derrota parlamentaria de Sánchez, mostrándose dispuesto, como ya ha avanzado en alguna ocasión, incluso a apoyar una hipotética moción de censura contra el líder socialista, su futuro personal sería de lo más incierto. Probablemente, ni en Bélgica podría estar seguro, puesto que hay ya presentada una cuestión prejudicial ante el TJUE sobre la obligatoriedad de que se ejecute en el seno de la UE una orden de detención europea. El TJUE no se ha pronunciado todavía, pero sí lo hizo el Abogado General de la UE, Jean Richard de la Tour, el 14 de julio de 2022, a favor de la ejecución de la euroorden. Teniendo en cuenta que el innegable escollo del anacrónico delito de sedición ha desaparecido del código penal español, no parece muy aventurado decir que, sin el paraguas de la autodenominada ‘coalición progresista’, la resolución de la cuestión prejudicial y la consecuente reactivación de la euroorden llevarían a Puigdemont y adláteres a un lugar al que no desean ir.

La fragmentación del Congreso supondrá para Sánchez un sinvivir a lo largo de la legislatura, dure lo que dure esta. Pero a los ‘indepes’ catalanes a la fuga les interesa más que a nadie que Sánchez resista. Su vocación antisistema y antiespañola limita con la amenaza de cárcel que todavía pende sobre ellos. Y esto seguro que lo sabe el presidente.

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