El prisma

Sacar los pies del tiesto

Como la estrategia es la del «sea lo que sea yo me opongo», el resultado es que se ha montado otro pequeño guirigay por una cosa tan absolutamente nimia, aunque bien justificable, como es el uso, obligatorio o recomendable, de la mascarilla en centros sanitarios

Raquel Manzanares / EFE

Raquel Manzanares / EFE

J. L. Vidal Coy

J. L. Vidal Coy

La derecha ha encontrado a su nuevo pim-pam-pum ministerial en la responsable de Sanidad, Mónica García, a cuenta de las diatribas sobre el uso de las mascarillas. A esa aparente nimiedad se unen las discusiones sobre la introducción de la autobaja por tres días para descongestionar los centros sanitarios. El objetivo, en este segundo caso, es también la ministra de Más Madrid, integrada en Sumar.

Como de costumbre, el fuego lo inició la inefable Isabel Díaz Ayuso. Algo totalmente previsible dada la querencia de la lideresa madrileña por intervenir en política nacional y sus pretendidos ajustes de cuentas con antiguas rivales como es Mónica García, que fue la figura más destacable de la oposición en la Asamblea de Madrid.

Desde entonces, las une una entrañable enemistad política –no debería ser personal– que, dado el protagonismo estatal de la lideresa madrileña, hace que García supere en la lista de objetivos a batir por la oposición al ministro de Transportes, Óscar Puente, que se colocó conscientemente en la diana con su réplica ridiculizadora a Feijóo en la falluta investidura de este.

Este nuevo episodio de guerrilla política es un tanto lioso. Resulta que el día que la ministra fijó para que fueran obligatorias en los centros sanitarios de todo el Estado, tres comunidades gobernadas por el PP (Aragón, Murcia y Valencia) ya lo habían decretado. También lo habían hecho Asturias (PSOE), Cataluña (ERC) y Canarias (CC). Un perfecto desbarajuste en el que el uso de las competencias sanitarias transferidas sirvió para aumentar la confusión reinante.

Por eso parece que la medida decretada es más que razonable, por su intención de aunar criterios, además de proteger a sanitarios y pacientes, y porque puede dejar de ser obligatoria y pasar a solo recomendable si un territorio encadena dos semanas con casos a la baja. Pero como la estrategia es la del «sea lo que sea yo me opongo», el resultado es que se ha montado otro pequeño guirigay por una cosa tan absolutamente nimia, aunque bien justificable, como es el uso, obligatorio o recomendable, de la mascarilla en centros sanitarios.

Como siempre, han aparecido pescadores intentando hacer ganancia del río revuelto. Así, el otro día apareció un experto virólogo, de cuyo nombre nadie se acuerda, asegurando que la mascarilla no sirve para nada. También el PNV verbalizó su particular ataque de cuernos por la medida, arguyendo que la decisión invadía sus sacrosantas competencias autonómicas.

Reclaman diversos portavoces de los partidos que la adopción de la obligatoriedad o recomendación de la mascarilla tenía que haberse decidido en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), o en otros organismos técnicos de Salud Pública en los que también están representadas todas las comunidades.

Como parece que de lo que se trata a veces es de convertir el debate político en un galimatías ininteligible, tal que salido de un gallinero, la decisión de la ministra no parece, por el contrario, que sea ni descabellada ni injustificable; por mucho que, efectivamente, se haya saltado los procedimientos burocráticos, que, en cualquier caso, no hubieran hecho sino retrasar la decisión pertinente. Quizá para cuando se adoptara esta nos podríamos encontrar con que el pico actual de gripe + covid + otras infecciones respiratorias ya estuviera pasado y bien pasado.

De forma que, mientras se han sucedido las declaraciones de responsables territoriales criticando la decisión ministerial y las de ‘expertos’ puntualizando su necesidad o utilidad, resulta que las mascarillas son obligatorias en donde los recuentos de casos infecciosos estén al alza o en máximos y solo recomendables en aquellos otros en los que la presión sobre los centros sanitarios haya remitido en un plazo razonable (dos semanas). ¿De verdad que este asunto da para una guerra política? ¿O solo para sacar los pies del tiesto cuando conviene? Sin duda, hay mejores asuntos sobre los que discutir públicamente.

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