El peor servicio

Y nos quedamos tan tranquilos. Dos de cada tres encuestados están poco o nada satisfechos con su funcionamiento (el tercero es porque, a lo mejor, no ha tenido contacto con ella). Es la Administración de Justicia, que un año más se mantiene como el servicio público peor valorado entre los españoles, con mucha ventaja sobre el siguiente, que es la salud pública. Todo ello según el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). La única esperanza es, que como quien dirige ese centro es el apañado Tezanos, sea otro de sus sectarismos. Pero me temo que no, que esta vez dice la verdad. Veamos: la justicia ha sido, desde siempre, maltratada económicamente por todos los gobiernos, quizás porque o no le dan la importancia que tiene o porque interesadamente no quieren que funcione bien para evitar perjuicios propios. No lo sé. Lo cierto es que su lentitud y su desatención ha sido, es y será ‘in saecula saeculorum’, su santo y seña. No obstante, el cenit alcanzado el pasado año, con la en ciernes ley de amnistía, la despenalización del delito de sedición y la rebaja de las penas por la malversación pública, era inimaginable. Aunque no insuperable, porque me temo que cosas más raras veremos en este nuevo curso político. El triple salto mortal va a ser la foto de Sánchez con Puigdemont en el exilio. Un reclamado de la justicia amparado por un presidente del gobierno. No digo yo que la foto a ver debiera ser como la conocida del Lute esposado y acompañado por sendos guardias civiles, pero sí la de entrando en un coche policial camino de juicio. Pero la foto va a ser la otra, con el presidente que claudica ante el prófugo, pues le dictará cuándo, qué y cómo es lo que tiene que hacer con el futuro de todos los españoles.

El pasado año, por si fuera poco para ser el peor servicio, se pusieron en huelga los funcionarios de justicia, los letrados de esa Administración y casi también los jueces. Protestaron los abogados del Estado, los inspectores de Hacienda y de trabajo, entre otras profesiones. Los últimos son los abogados y procuradores de oficio, que cobran por hora una miseria. Y, sin embargo, nadie les hace caso. Por contra, se resuelve que, como su naturaleza ni es funcionarial, ni laboral, ni estatutaria, en el caso de que suspendieran actuaciones judiciales por su actitud, tal cesación no está amparada por el derecho de huelga. El Tribunal Constitucional ha dicho (recurso 6213/2023) que los abogados, al no ser trabajadores o empleados públicos, no pueden ejercer el derecho de huelga. Esa es la solución o respuesta que se les da a sus pretensiones. Los colegios profesionales, entretanto, guardan silencio.

A ser el peor servicio también colabora contra su voluntad el Consejo General del Poder Judicial, cinco años sin renovar, y va a tener que ser Europa la que nos tutele. Bruselas fijará la metodología entre PP y PSOE para pactar su renovación. Lo malo es que para ello es preciso crear una comisión, y ya se sabe que, cuando eso sucede, se apagan las luces. O lo que es igual, se queda la cosa en el cajón de su sin razón. Si no, que se lo digan a nuestra región, donde el pasado año se celebró un pacto entre políticos y máximos responsables de la justicia en nuestra región para que la misma funcionara mejor. Resultado: ninguno. Desde que se mandaron sus peticiones al Ministerio de Justicia, no solo no se ha sabido nada, sino que además de los once jueces necesitados, se ha concedido uno. Ni se dan explicaciones del fracaso ni se dice de quién es la culpa.

Volviendo a ese Consejo, mientras un partido, PP, entiende que los jueces deben elegir a sus representantes, el otro, PSOE, dice que son los políticos los que los deben elegir. Entretanto, medio centenar de aspirantes a ser vocales del Consejo General del Poder Judicial están a la espera desde 2018 para ser elegidos por los políticos, o por los jueces. En septiembre de ese año el Consejo mandó a las Cortes una lista con 51 candidatos a formar parte del órgano de gobierno de los jueces para su renovación. En esa selección estaban los propuestos por las asociaciones judiciales y los que habían conseguido el aval de sus compañeros, para que el Parlamento elija a doce. Hasta hoy, nada de nada. Y lo que te rondaré morena, castaña y pelirroja. 

¿Entienden ahora por qué, entre otras razones -presupuestarias esencialmente- la Administración de Justicia es el peor de los servicios valorado por los ciudadanos?

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