División de poderes

Es una obviedad que el moderno Estado de derecho se funda en el principio de la división de los poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. El primer paso hacia la oligarquía, una forma de corrupción de la democracia desde Aristóteles, es la colonización de los tres poderes por un grupo que se hace así con un poder omnímodo que puede ejercer de espaldas a los intereses generales y que le permite a sus miembros obrar con impunidad incluso cuando contravienen las leyes promulgadas desde el legislativo. Aunque no existe ninguna en la que la separación de los tres poderes sea absoluta, la preservación de la democracia requiere arbitrar procedimientos que obstaculicen las indeseables concentración y superposición de poderes.

En la actual controversia sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que están inmersos los dos grandes partidos, PP y PSOE, lo que se dirime es precisamente el mecanismo para elegir a los miembros del órgano de gobierno de los jueces. Existen básicamente dos modelos de elección: bien los jueces eligen a los miembros del CGPJ, o bien estos son elegidos por el Parlamento. Hay argumentos para optar por uno, por otro o por un modelo mixto en el que una parte de los miembros son elegidos por los propios jueces y otra parte por el Parlamento. La elección por el Parlamento se justifica con que los parlamentarios son los representantes de la voluntad popular y eso asegura lo democrático del procedimiento. Sin embargo, el hecho es que los años de mayoría parlamentaria del PP fueron aprovechados por este partido para lograr nombramientos de jueces afines a la ideología conservadora. Tanto directos —los de los propios miembros del CGPJ—, como indirectos —presidentes y miembros de altos tribunales nombrados por el Consejo—. Paradójicamente, ahora que el partido conservador no goza de esa mayoría en el Parlamento, se opone al sistema de elección de vocales del CGPJ que le ha dado tan buenos resultados en el pasado.

Es evidente que al PP le ha venido muy bien contar con jueces afines de cara a los procesos penales en los que se ha visto inmerso por casos de corrupción que han acabado en los tribunales. La Gürtel, la Kitchen, la «policía política», entre otros, han contado con cortafuegos que han impedido que esos feos asuntos salpicasen a las más altas instancias del partido y de sus gobiernos. El recurso al Tribunal Constitucional para invalidar leyes sancionadas por un Parlamento en el que ya no tenían mayoría ha sido otra de las prácticas frecuentes de las que se ha beneficiado el partido que ahora exige que sean mayoritariamente los jueces los que elijan a los miembros de su órgano de gobierno, sabiéndose que la mayoría de afiliados a asociaciones de jueces —fuera de las cuales reina la intemperie— lo están a una de clara orientación conservadora.

Y ahí está la perversión. Quien se ha beneficiado de una elección que pasa por el Parlamento, ahora que no tiene mayoría en el mismo, se niega a renovar el CGPJ por ese sistema y exige que se cambie por otro que sabe que le favorecerá también en tiempos de minoría parlamentaria. En cambio, la sedicente «mayoría progresista» quiere renovar el órgano bajo el sistema que le ha permitido ya tener una mayoría afín en el Tribunal Constitucional —lo que, dicho sea de paso, va a ser determinante en la entrada en vigor de la ley de amnistía actualmente en trámite— y luego, ya si eso, revisaremos el procedimiento de elección de los vocales. El PP quiere que esa renovación —urgente tras cinco años de mandato caducado de muchos vocales— se aborde por el nuevo procedimiento. Bueno, Feijóo ha dicho que se puede abordar simultáneamente la renovación del Consejo y de la forma de renovarlo. Ese «simultáneamente» es un eufemismo enmascarador. Los nuevos miembros o bien se eligen por el antiguo procedimiento, y ya ha quedado claro que el PP se niega a ello, o bien por el nuevo, que es lo que realmente pretende.

Al final, lo que cada uno de los dos partidos litigantes pretende y lo único que en realidad les importa es conseguir una composición del CGPJ que les sea favorable. Es decir, la separación de poderes queda muy bien en la teoría y de boquilla, pero en la práctica PP y PSOE se empeñan ambos y por igual en la colonización del poder judicial.

La democracia consiste, entre otras cosas, en un sistema de contrapesos que dificulte —que lo imposibilite es pedir demasiado— que el poder se concentre de tal modo que la voluntad popular quede anulada. Y ahí está el quid de la cuestión. No se discute de cómo se puede hacer que el poder judicial sea realmente independiente cuando lo que se busca es precisamente esa dependencia.

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