Opinión | Tribuna libre

Libres e iguales

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vfvz / Fernando Montecruz

Un 6 de diciembre más, los españoles conmemoramos uno de los episodios más memorables de nuestra historia contemporánea, la aprobación en referéndum, con un masivo apoyo de la ciudadanía, de la Constitución de 1978. El instrumento legal sobre el que se fundamenta nuestro Estado de derecho, así como la defensa de los derechos y libertades que nos otorgó a todos los españoles su entrada en vigor en días posteriores.

Durante estos 45 años, con gran generosidad, hemos sido capaces de hacer de España una nación moderna, libre y democrática bajo el paraguas de la concordia, el diálogo y el entendimiento. Un ejemplo de democracia, un modelo para muchos países que han tenido a España como referente, siendo la Constitución el pilar sobre el que reposa toda esa arquitectura de convivencia.

Sin embargo, hoy celebramos el nacimiento de nuestra Carta Magna con preocupación e inquietud porque nunca se habían cuestionado ni puesto tan en riesgo los principios y valores sobre los que se cimienta.

Atrás parece haber quedado para quienes así actúan la etapa de mayor prosperidad, justicia, igualdad y paz social que ha vivido España en siglos de convivencia común que han conformado la actual nación española, de la que podemos –y debemos- sentirnos todos muy orgullosos. Un logro al que ha contribuido, sin duda, la monarquía parlamentaria como forma de organización política del Estado, ejerciendo la Corona un papel determinante de equilibrio y moderación ante cualquier situación de inquietud o zozobra que pudiera aflorar.

Quienes hoy fomentan la división, renuncian a alcanzar acuerdos de interés general y prefieren separar a los españoles tras muros ideológicos, atentan directamente contra el espíritu de reconciliación, tras tantas décadas enfrentados, y de concordia que emana de la Constitución, y que supone uno de los mayores dones que nos han permitido crecer y avanzar como una sociedad más libre, democrática, plural y diversa. Una España que se ha ido forjando a partir de las diferentes nacionalidades y territorios que la integran, pero siempre fundamentada en principios constitucionales como la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, la separación de poderes o la solidaridad interterritorial.

A lo largo de estos últimos 45 años, el modelo de Estado que hemos construido entre todos de acuerdo con lo dispuesto en nuestra ‘Ley de leyes’ ha sabido superar con fortaleza y solvencia todas las amenazas que lo han puesto a prueba, algunas de ellas tan peligrosas como el golpe de estado de 1981 o el proceso independentista catalán, de infaustas consecuencias, que alcanzó su momento culminante en 2017.

En ambos casos, la Corona, como símbolo de unidad y permanencia del Estado, desempeñó una labor fundamental en cumplimiento de las funciones que le son conferidas por nuestro ordenamiento constitucional, contribuyendo de manera decisiva al mantenimiento del mismo.

Pero todo este eficaz y resistente andamiaje que representa el régimen emanado de la Constitución de 1978 ha de afrontar ahora desafíos ante los que deberá demostrar, de nuevo, una gran fortaleza y resistencia frente a instrumentos políticos contrarios al interés general y la igualdad de todos los españoles.

Y el mayor ejemplo de ello es la proposición de Ley Orgánica de Amnistía registrada el pasado 13 de noviembre en el Congreso de los Diputados, en cuya redacción han participado aquellos mismos prófugos de la Justicia que además de beneficiarse de ella, cuestionan la legitimidad del poder judicial, al que acusan de ‘lawfare’ o prevaricación por motivos políticos.

Pero lo peor, más allá de la clara inconstitucionalidad de esta Ley, es que esta norma contraria a los principios de igualdad y respeto al Estado de derecho que marca nuestra Constitución, divide a los españoles entre ciudadanos de primera y de segunda clase; entre la casta beneficiada de aquellos que quedarían impunes por los gravísimos delitos que cometieron en Cataluña, y quienes sí respetan la legalidad.

Y todo ello respaldado por una gran ofensiva en todos los ámbitos, cuyos principales capítulos se desarrollan con el secretismo y el sigilo de unas reuniones en suelo extranjero por parte de quienes también quieren vulnerar otro de los fundamentos esenciales del régimen político que nos hemos dado los españoles con nuestra Constitución, como es la separación de poderes. El objetivo no es otro que desactivar los controles legales que limitan la acción del Ejecutivo y el Legislativo, poniendo en cuestión la labor de los jueces que cumplen con su mandato constitucional de aplicar la ley.

Pero si algo han de tener más que claro los promotores de este disparate legal es que los españoles reunidos en torno a la defensa de nuestra Carta Magna nunca nos rendiremos ni cejaremos en nuestro empeño de seguir celebrando cada 6 de diciembre, y por muchos años, un nuevo aniversario de esta Constitución que nos hace a todos los españoles libres e iguales.