Opinión | El castillete

Enemigo a las puertas

Cientos de personas durante una manifestación contra la amnistía, frente a la sede del PSOE, en Madrid.

Cientos de personas durante una manifestación contra la amnistía, frente a la sede del PSOE, en Madrid. / E.P.

Bueno, ya hemos tenido nuestro particular asalto al Capitolio. En realidad, el tiempo verbal que corresponde es el presente continuo: está pasando en estos momentos. Aunque la parte más estridente, que no es necesariamente la más contundente, haya mermado considerablemente. Porque lo cierto es que la fiesta sigue en juzgados, parlamentos y tertulias, desde donde salen en ocasiones desafíos, palabras gruesas y exabruptos macarras en dirección al gobierno legítimo. Aquí no ha habido turbas, con algún que otro disfraz bovino, tomando instituciones, como en Washington, o vandalizándolas, como en Brasilia. En España somos más dados al esperpento. Que cuando combina con lo ridículo y lo horroroso, nos ofrece aquellas imágenes de los intentos de asalto a la sede socialista de Ferraz, donde convivían gentes rezando el rosario, muñecas hinchables, brazos en alto que no pedían un taxi, adoquines volando hacia los antidisturbios y banderas de la Alemania de los años 30 y 40. Pero sobre todo destacaba, en este ambiente caótico, violento e iluminado por las bengalas utilizadas como arma arrojadiza, cual de si una alucinación onírica se tratara, la egregia y viril figura de Ortega Smith, que repartía su tiempo entre reconvenir a los policías, a quienes advertía de que no sabían con quién estaban hablando, y acoger en su regazo a los cachorros del cayetanismo más airado y del matonismo neonazi, injustamente represaliados por putodefender España.

No obstante estas peculiaridades ibéricas, el patrón es el mismo que en Brasil y en EE UU: las derechas extremas, aglutinadas en una suerte de neofascismo ultraliberal que precipita al mundo hacia la desigualdad absoluta, el autoritarismo político y la devastación ambiental, se han conjurado para conquistar el poder al precio que sea. Si no lo consiguen por las urnas (como acaba de hacer el argentino Milei), recurren a otros métodos escasamente compatibles con la lógica democrática. Y en España tienen la ventaja de disponer de un Estado profundo que bebe en las fuentes de su desafección histórica hacia el sistema de libertades y de un nacionalismo español hiperventilado que irrumpe como respuesta a las emergencias de los nacionalismos periféricos, particularmente el catalán.

Por eso no nos produce excesiva estupefacción hechos que en otros países de nuestro entorno serían motivo de un gran escándalo y acarrearían graves consecuencias para sus protagonistas. Me refiero a esas manifestaciones de jueces que no parecen entender que son los diputados y las diputadas que salen de las urnas quienes hacen las leyes, correspondiendo a los togados tan sólo su aplicación. También a las organizaciones policiales que, vulnerando su obligada neutralidad política, se permiten el lujo de atacar a unos partidos porque van a sacar adelante, en las Cortes, una norma que no les gusta. Por no hablar de esos exmilitares que llaman directamente, sin tapujos, a que el Ejército destituya al ejecutivo, no sabemos si antes o después de fusilar a 26 millones de hijos de puta. En Francia, Alemania o Bélgica estas conductas conllevarían fuertes sanciones. Aquí no pasa nada. Comportamientos que se sustentan en la actitud trumpiana de los partidos de la derecha: sostienen que el 23 de Julio hubo fraude electoral (Cuca Gamarra), que España vive bajo una dictadura (Ayuso) y que estamos asistiendo a un golpe de Estado (Abascal).

Por consiguiente, podríamos decir que la fragilidad de la democracia española es más que evidente. Quizá se deba a que no hicimos una transición como dios manda: las élites del franquismo transitaron a la nueva situación democrática con sus armas, privilegios y posesiones. Y así no hay quien levante una cosa medianamente civilizada. Al final, la basura desborda la alfombra que pretende ocultarla.

Ante este estado de las cosas, cabe preguntarse cuál ha de ser la reacción de los demócratas que, asustados y asustadas ante lo que podía venir, dieron un vuelco a las encuestas el 23 de julio y dejaron con un palmo de narices a unos reaccionarios que ya se veían en la Moncloa. En mi opinión, habría que caminar en una doble dirección. Por un lado, la mayoría parlamentaria que ha hecho gobierno hace unos días debe aplicar el Código Penal y la Constitución, con serenidad, pero con firmeza, ante los desmanes que está protagonizando la caverna. Los delitos de odio, de desórdenes públicos, de exaltación de la dictadura, incluso de atentado a las fuerzas de seguridad, no pueden quedar, como hasta ahora, impunes. Tampoco los llamamientos al golpe militar o a que las fuerzas de orden público ignoren las órdenes del Ministerio del Interior. Ni los posicionamientos de algunos jueces, fiscales y policías cuestionando la exclusiva potestad legislativa que posee el Parlamento de la nación, actitud inédita en las democracias europeas. Como lo es el secuestro del poder judicial, que llega a su quinto año, por parte del Partido Popular. Ya se llega muy tarde a la renovación del CGPJ, que hay que hacerla, aunque sea a través de la mayoría parlamentaria, si los de Ayuso se enrocan en su posición anticonstitucional e ilegal.

La otra línea a abordar es la que hace referencia a la profundización de las políticas sociales. No puede continuar, bajo el nuevo Gobierno, la inercia mortecina que en este aspecto vivimos en el último tramo de la legislatura anterior. Muchas cosas del programa de coalición suscrito en el 19 se quedaron en el tintero, en virtud tanto del giro conservador que experimentó el PSOE en ese período, como de la posición acomodaticia de la izquierda sentada en el Consejo de Ministros y Ministras.

Sólo con una actitud ofensiva en los dos frentes descritos se podrá parar a un enemigo que está a las puertas amenazando, no a la gente progresista, sino a la democracia misma. Y el arma que lleva es la motosierra de su admirado Milei.