Opinión | Murcia D. F.

Urbanismo: la vida sigue igual

Los funcionarios del Ayuntamiento de Murcia que fueron ‘apartados’ tras el trágico incendio de Atalayas, en el que murieron 13 personas, siguen desempeñando las mismas labores de antaño en la Concejalía, por lo que puede que todo haya sido un paripé

Fachada de la discoteca Teatre en las Atalayas tras el trágico incendio.

Fachada de la discoteca Teatre en las Atalayas tras el trágico incendio. / La Opinión de Murcia

Han vuelto a sus puestos y a sus desempeños habituales, después de estar ‘apartados’ durante unos cuantos días tras la tragedia de Atalayas, que hace casi dos meses segó la vida de 13 personas, en una madrugada fatídica que conmocionó a España entera por la magnitud del siniestro. Del interés por el dantesco suceso dan cuenta las decenas de periodistas de medios nacionales, de distintos programas (unos más morbosos que otros), que se desplazaron a la capital del Segura para saber qué había ocurrido y si se iban a asumir responsabilidades políticas.

Las dos preguntas más repetidas hasta el momento que, aún hoy, después de que incluso se haya levantado el secreto judicial del sumario, siguen en la libreta entre signos de interrogación. Parece que en la Concejalía de Urbanismo, dirigida por el edil Antonio Navarro Corchón, la vida sigue igual. Con los mismos procedimientos y con las mismas personas que se han encargado hasta el momento. Los funcionarios que fueron apartados de manera cautelar por no precintar la sala Teatre, a pesar de la orden de proceder a la ejecución forzosa del cierre que dio el entonces edil de Urbanismo, Andrés Guerrero, siguen en sus quehaceres. Lo que induce a pensar que lo de apartarlos fue una especie de paripé.

Lo fundamental para la hipotética restitución ha sido el procedimiento judicial, que avanza con una serie de imputados, y el informe interno de la jefa de los servicios jurídicos de Urbanismo, que ha dicho que todo lo que se hizo se realizó conforme a los procedimientos establecidos y siguiendo las instrucciones de la normativa medioambiental de la Comunidad Autónoma, en lo referente al cambio que se hizo de la legislación en 2017. Una fecha clave en esta historia, ya que la letrada sostiene en su informe que el expediente de legalización siguió adelante (sin tener en cuenta el cese de actividad) al amparo de esa modificación de la Comunidad, que establece que se puede seguir funcionando si no hay denuncias.

Un informe que no ha caído nada bien entre los responsables políticos de la Comunidad Autónoma, que han irrumpido en este caso dando su versión y afirmando que, pese a esa modificación, el Ayuntamiento capitalino sí tenía herramientas jurídicas para cerrar Teatre. Una hipótesis que deberá corroborar el juzgado en su investigación y que, podría conllevar la imputación o no de los técnicos municipales y de los concejales de Urbanismo de los últimos años, responsables últimos de los procedimientos.

De momento, el informe de la jurídica de la Concejalía de Urbanismo ha dado tranquilidad al personal funcionarial y al político, que no asumirán, de momento, ninguna responsabilidad política. Otra de las versiones que circulan por la Glorieta, más perversa que la que puede calificarse de oficial, apunta a que los funcionarios prácticamente no estuvieron ni un día apartados cautelarmente como explicó el Gobierno local en un intento de aparentar que estaban tomando decisiones al respecto de la tragedia de Atalayas.

Sea la correcta la oficial o la perversa, ya no importa puesto que los funcionarios supuestamente apartados siguen en estos momentos desempeñando las mismas labores. Ahora bien, lo importante y lo que no se ha explicado es si siguen con los procedimientos que desembocaron en que Teatre estuviera abierta y si se continúa con unos protocolos que a todas luces hacen aguas. Por lo visto y escuchado, en Urbanismo la vida sigue igual. Eso sí, con reivindicaciones de que solo hay dos inspectores para vigilar todas las actividades. Increíble parece esa cantidad en una plantilla de casi 3.000 empleados. Por nadie pase.