Una legislatura corta

El acuerdo para formalizar el nuevo Gobierno de España se ha forjado a través de una alianza precaria que involucra a media docena de partidos, cada uno con una agenda que nada tiene que ver con el interés general. De hecho, el proyecto político de los partidos independentistas consiste, precisamente, en destruir el proyecto común de todos los españoles, por lo que nada puede haber más contrario al interés de los ciudadanos que gobernar al dictado de unas formaciones consagradas, expresamente, a perjudicar sus intereses compartidos.

Pero Sánchez es un acreditado especialista en sobrevivir políticamente con los equilibrios más precarios, como lo demuestra el hecho de haberse encaramado al poder dos veces tras perder las elecciones generales. La última ocasión, esta misma semana, al conseguir la investidura para la presidencia de la Nación después de haber quedado 17 escaños por debajo del partido ganador. Que no fue el PSOE, sino el Partido Popular de Núñez Feijóo.

Los sistemas parlamentarios, como lo es el nuestro, hacen descansar el Gobierno en una mayoría cameral con el fin de dotar de estabilidad a los Ejecutivos que salen de las urnas. En consecuencia, nada hay que objetar a que el partido perdedor de unas elecciones pueda convertir a su candidato en presidente del Gobierno, si logra convencer a un número suficiente de diputados. Es lo que ocurrió en Murcia en las elecciones autonómicas de 2019, ganadas por el PSOE que, sin embargo, se quedó en la oposición a causa del pacto de investidura del partido perdedor, el PP. Sánchez ha conseguido por segunda vez ser presidente tras perder en las urnas y, en consecuencia, seguirá en el palacio de La Moncloa. Lo que ya no está tan claro es si podrá agotar los 4 años de legislatura o tendrá que adelantar las elecciones como hizo en 2019, tras ser abandonado por los mismos socios de hoy en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.

Estamos abocados a una legislatura inestable en la que los partidos separatistas van a apretar el acelerador a fondo para alcanzar sus principales objetivos, el primero de los cuales es organizar un referéndum para la secesión. Sánchez es un personaje que no tendría escrúpulos en negociar una consulta de esas características; de hecho se trata de uno de los acuerdos incluidos en el documento firmado con el prófugo de Waterloo. El problema es que ni siquiera él puede hacer todo lo que le venga en gana porque, en democracia, el Gobierno también está sometido al imperio de la ley.

La Constitución Española no permite la amnistía. Sánchez lo sabe bien y también sus colegas en la cúpula del PSOE, por eso estuvieron repitiendo esa sencilla frase con insistencia hasta la misma noche del pasado 23 de julio. Ahora dicen lo contrario porque necesitaban los 7 votos del delincuente Puigdemont, pero las urgencias de la coyuntura política no alteran la realidad. Mucho menos cabe un referéndum de secesión, figura máxima del catálogo de traiciones a la soberanía nacional, que las instituciones de los países democráticos no valoran ni siquiera como hipótesis. De hecho castigan esas intentonas con penas elevadas (en Francia, la cadena perpetua) y, aunque Sánchez haya eliminado el delito de sedición, la consulta para la independencia de una parte de la nación sigue siendo imposible.

Cuando los separatistas sepan que Sánchez los ha timado, lo dejarán caer. ¿Cuánto tiempo pasará? No mucho, porque Puigdemont y Junqueras tienen prisa por arreglar lo suyo. Pero se convocarán nuevas elecciones y Sánchez sobrevivirá diciendo todo lo contrario de lo que ha venido defendiendo hasta hoy. Bien sabe él que su electorado lo aguanta todo.

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