Alea iacta est

El proceso electoral que culminó con las votaciones del 23 de julio pasado ya ha alcanzado su desarrollo. Tenemos un Presidente y habrá Gobierno inminentemente, quizás antes de que este artículo se publique.

Resultaría ocioso e impertinente deslegitimar a uno (el presidente) y a otro (el Gobierno), pues su legitimidad es absoluta. Y es que se ha repetido hasta la saciedad que, según nuestra Constitución, ha de ser investido y gobernar el candidato que obtenga la mayoría parlamentaria, y no quien haya sido más votado en las elecciones legislativas. La soberanía popular está representada en las Cortes y de ellas sale quien haya de dirigir el país. Normal en un Estado de Derecho, esa bendición de la que se goza en muy pocos lugares de la Tierra.

Como ciudadanos, hasta ahí debemos felicitarnos de que España sea uno de ellos. Pero esto no evita que recelemos muchos millones de españoles de las consecuencias dimanadas del uso de ese Estado de Derecho que se está produciendo en la actualidad.

El Gobierno en funciones está articulando un deliberado e intencionado mecanismo político para torpedear desde dentro la división de poderes, que es la quintaesencia de aquel sistema y, por ende, de la democracia.

Se dice que no hay peor fe que la del converso, y a quienes durante muchos años de nuestra vida hemos respetado, y a veces votado, a un partido político que siempre aceptó el normal funcionamiento de las instituciones conforme a la propia Constitución, nos resulta difícil de asumir la realidad actual. Bien es cierto, hay que admitirlo, que los pesos pesados del pasado del PSOE no comparten la deriva de su partido, pero igualmente es constatable que la mayoría de sus afiliados y de sus votantes coinciden con el líder en la defensa de cuanto se está llevando a cabo. Cómo echo de menos a Rubalcaba, que sin duda hubiera contenido esa deriva hacia la aniquilación del Estado de Derecho. Pues eso supone la concentración de poderes en el Ejecutivo, algo que resquebraja directamente cuanto desde Montesquieu se ha escrito sobre esa forma de regir a los pueblos y, en definitiva, sobre la democracia, ese concepto al que tanto aluden para reñirnos a los no adictos a la causa.

El maridaje que el Sr. Zapatero emprendió, y el Sr. Sánchez ha llevado hasta sus últimas consecuencias al aliarse con partidos nacionalistas a los que ni siquiera la idea de España les importa un bledo, no puede acogerse bajo ningún prisma moral o ético, por más que sea legítimo, hay que reiterarlo. Olvidar, porque eso significa amnistiar, la comisión de grandes delitos acaecidos antes, durante y después de octubre de 2017 supone un hito en la aplicación de las normas penales, además de un grosero agravio comparativo para el resto de los ciudadanos. Pero que el principal responsable de aquellos desmanes negocie, siempre en su beneficio, el futuro de España, llega a ser vergonzoso. Me imagino la risa que le entrara al principal perdonado cuando se pasee por las Ramblas de Barcelona, protegido por seguridad pública, y piense que no solo manda allí, sino también, en gran parte, en Madrid, esto es, en la España que él y los suyos detestan.

Pero lo más delicado, lo verdaderamente obsceno, es que se plantee la posibilidad legal de que el Poder Legislativo revise las decisiones del hasta ahora conocido como Poder Judicial. Eso supone desproteger absolutamente a los ciudadanos, pues ya se sabe quién controla las Cámaras españolas. Hemos llegado al final del camino, a la instauración de otro caudillismo, igualmente nefasto que el anterior. Qué Dios nos asista.

Gran parte del éxito del PSOE se debe a la irrupción en las elecciones de un partido de extrema derecha, del que no se conoce, por cierto, que hasta ahora haya vulnerado el orden constitucional, pero, eso sí, ha restado al PP los votos que hubiesen posibilitado otro resultado de las elecciones de julio pasado.

Bien podría ya el Presidente del Gobierno acuñar moneda con su efigie y con la inscripción de la siguiente leyenda: «Pedro Sánchez, caudillo por la gracia de Vox».

A estas alturas y a mi edad, casi setentón, lo único a lo que aspiro es a que mis hijas y mis nietos puedan disfrutar otra vez en el futuro de un Estado de Derecho, como lo son los de la Europa democrática en la que, quizás, ya estemos de más los españoles, instalados actualmente en un desgraciado «aquí vale todo», pero todo en la misma dirección.

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