Compensación por la pederastia en la Iglesia: La Iglesia no es el Estado

Los titulares que sitúan en casi medio millón el número de víctimas de abusos sexuales de la Iglesia Católica no son ciertos o, como decimos los modernos, son fake news. El informe del Defensor del Pueblo sobre abusos en el seno de la Iglesia, al contrario de lo que sugiere la mayoría de medios de comunicación, no dice que haya habido semejante cantidad de abusos sexuales. En realidad, los casos documentados por la oficina de Ángel Gabilondo, a través de la Unidad de Atención a Víctimas creada al efecto, son 487. Que sigue siendo un número trágico, claro, y más cuando se trata de agresiones cometidas por los miembros de una institución que han de hacer gala de una vida ejemplar, según exigen sus votos. Pero hablar con datos reales de casos documentados sitúa el problema de la pederastia en la Iglesia en unos términos más adecuados para valorar la trascendencia de un fenómeno vergonzoso.

Los 440.000 españoles supuestamente abusados por curas es una extrapolación interesada de la encuesta que acompaña al estudio del Defensor del Pueblo, según la cual un 0,6% de la población asegura haber sido abusado de niño por sacerdotes y religiosos. Pero se trata de una encuesta realizada a menos de 10.000 personas y con un margen de error que, dada la escasa entidad del porcentaje de respuestas afirmativas, puede dar lugar a una gran variación en las cifras totales hasta desnaturalizar el resultado. Es lo que ocurre cuando se da un dato del 0,6% y el margen de error de la encuesta es del 1%. Sobran aclaraciones.

El propio Gabilondo ha insistido en que la extrapolación de los datos de una encuesta es un error metodológico y un despropósito científico, pero el titular del casi medio millón de niños abusados por curas es tan impactante que, a estas alturas, ya es imposible dar marcha atrás y situar el problema en su justa medida.

Mas esa matización sobre el alcance real del abuso sexual en la Iglesia no puede esconder el escándalo que supone su existencia, suficientemente documentada también dentro de la institución. Que hay cientos de curas que han cometido abusos contra niños y adolescentes es un hecho innegable y un drama que interpela las conciencias de los católicos, obligados a vivir con la vergüenza provocada por unos pastores, convertidos en lobos contra los más frágiles del rebaño que debían proteger.

La condena de Jesús hacia ellos es terrible: «Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y lo hundieran en el fondo del mar» (Mt 18,6). Si es cierto que Dios existe, ya pueden ir preparándose para lo que les espera en la eternidad, pero esa circunstancia, que afecta únicamente a la intimidad espiritual de cada sujeto, es ajena al hecho evidente de que todos los culpables de abusos sexuales han de ser castigados y las víctimas reparadas en la medida de lo posible. Y eso ha de hacerse ahora; no en una vida futura.

Naturalmente, es la Iglesia Católica la que debe asumir la responsabilidad de este problema, ante el que sus dirigentes, no pocas veces, han decidido mirar para otro lado. Los culpables han de ser condenados y las víctimas deben recibir la disculpa de la Iglesia por haberlas abandonado y el dinero que les corresponda, según dictaminen los tribunales. 

Un dinero que debe salir de la Iglesia; no del Estado, que no está para asumir responsabilidades subsidiarias de entidades privadas como son las confesiones religiosas.

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