Opinión | El prisma

La mejor opción

No todos los votantes de izquierdas están dispuestos a aceptar que su país sea troceado en beneficio de una clase política catalana que ha hecho del odio y el insulto a esa parte de España como una de sus principales señas de identidad

Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez. / Susana Vera / REUTERS

Las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez se han convertido en un carajal de grandes dimensiones, como corresponde al personaje. El presidente en funciones, gran aventurero de la política, carece de filtro moral para establecer unos límites a partir de los cuales las negociaciones con los partidos secesionistas deberían ser canceladas, pero el tipo es capaz de contradecirse a sí mismo, a veces el mismo día, con un desparpajo inédito en cualquier gobernante de un país serio. Solo así puede entenderse que los partidos separatistas catalanes exijan una amnistía para sus delincuentes y un referéndum de autodeterminación y PSOE siga negociando con ellos en pie de igualdad. O que el presidente del Gobierno en funciones se reúna con los herederos políticos de la banda terrorista ETA y deje para la posteridad las imágenes de esas conversaciones, celebradas en un clima de gran cordialidad con la periodista que se reía en la portada de su periódico del secuestro de Ortega Lara, una dirigente políticamente inmoral que el PSOE ha convertido en socio preferente de cara a mantener a Sánchez en La Moncloa.

Sánchez no tiene freno, pero incluso los advenedizos sin escrúpulos reconocen, tarde o temprano, que lo que no puede ser, no puede ser y, además, es imposible. Con la amnistía y la autodeterminación del nacionalismo catalán puede ocurrir que el acuerdo sea imposible, a pesar de que ambas partes estén de acuerdo en formalizarlo, porque un pacto de tal naturaleza afecta de modo tan profundo a la propia esencia de nuestro régimen constitucional que su formalización no podría tener efectos reales. Se trata, simplemente, de que ni siquiera Pedro Sánchez está por encima del Estado de Derecho, por mucho que le pese a la izquierda redentorista, que trata de imponer sus deseos políticos a toda costa, como si España fuera una hoja en blanco en la que se puede plasmar cualquier disparate.

La primera fase del intento de investidura de Sánchez consiste en hacer tragar a los ciudadanos algunas aberraciones jurídico-políticas, a saber: Que la amnistía es una decisión política que en nada afecta a nuestra arquitectura constitucional, que los delitos de sedición y malversación cometidos por los golpistas catalanes no existieron, que España tiene que pedir perdón por haberlos castigado y, en fin, que una consulta para la autodeterminación de un territorio en el que solo voten los españoles que viven allí tiene encaje en nuestra Constitución.

El intento es ambicioso, claro, como corresponde también a alguien como Pedro Sánchez, capaz de prometer que traería a España a Puigdemont para llevarlo ante el juez y, más tarde, explicar que lo va a amnistiar porque el hombre es una víctima de la politización de los tribunales españoles. Todo según convenga en cada momento.

Las terminales mediáticas del sanchismo se están esforzando extraordinariamente en presentar la amnistía y la autodeterminación como dos objetivos políticos aceptables, pero parece que el proyecto está condenado al fracaso, porque no todos los votantes de izquierdas andaluces, extremeños y murcianos están dispuestos a aceptar que su país sea troceado en beneficio de una clase política catalana que ha hecho del odio y el insulto a esa parte de España como una de sus principales señas de identidad.

En estas circunstancias puede que acabe imponiéndose como un hecho inevitable la repetición electoral. Nada resultaría más apropiado para despejar el horizonte político que la elección de un nuevo parlamento con un nuevo equilibrio de fuerzas, a favor de la izquierda o de la derecha, que eso está por ver. Pero si se repiten las elecciones será, únicamente, porque a Sánchez le conviene. No hay más.