Sin responsabilidades políticas en la tragedia de Atalayas

Una empresa, una Administración pública, trece familias destrozadas y una sociedad asqueada. En primer lugar, quiero dar mi pésame a las familias de las víctimas. Sumo, a los millones de muestras de cariño y solidaridad que están recibiendo, la mía. Me gustaría decirles que no encuentro palabras, que sé que esto no es mala suerte y nunca debió ocurrir. Sinceramente, no puedo imaginar su dolor. Ninguna indemnización -ya fuera todo el oro del mundo- les devolverá a sus seres amados. Cuantísimo lo siento. Tremendo. Seguidamente, también quiero agradecer a los servicios de seguridad del municipio su actuación. El personal de extinción de incendios necesitará atención psicológica y no es de extrañar habiéndose enfrentado a algo así. Agradezco enormemente su actuación, y siempre acompañaré cada agradecimiento con la reivindicación de sus mejoras laborales y personales, tanto a policía como a bomberos.

Este artículo de opinión es el más difícil de los que he escrito hasta ahora, porque el tema es muy delicado. En una discoteca, con orden municipal de cierre, se produjo un incendio donde trece de las personas que habían ido a divertirse quedaron atrapadas por un fuego del que no pudieron escapar.

Como ciudadana de a pie, quedé horrorizada. A ello hay que sumarle que fui concejala de Gobierno en el Ayuntamiento del que emanó la orden que nunca se cumplió. Y quedaba pasmada a medida que iban sucediéndose las noticias que mostraban las circunstancias en las que se produjo la tragedia. Escribía, borraba. Escribía, me rendía. Pero no puedo mirar a otro lado. Siento que debo compartir lo que pienso. Siento el deber de opinar con el objetivo de remover conciencias e invitar a la reflexión con la mía.

Las personas que han muerto en esa casa de los horrores no han perdido la vida en vano. Van a evitar más muertes como las que sufrieron ellas. Este Ayuntamiento, el de Murcia, y sabemos que los de todo el país, está reaccionando para elaborar protocolos que hagan que los diferentes servicios se coordinen y compartan la información de los establecimientos públicos que no tienen permisos para estar abiertos al público. Hay una investigación en marcha para esclarecer los hechos. Estoy segura de que habrá consecuencias para las personas físicas y jurídicas que tenían responsabilidad penal, civil y administrativa. Ya se habla en las noticias de los dueños de la discoteca que no debieron abrir sabiendo que no cumplían con los permisos necesarios, o de técnicos del Ayuntamiento que tendrían que haber informado y velado por el cumplimiento del cierre y han sido apartados por el Gobierno municipal de sus funciones, a la espera de los resultados de dichas investigaciones internas y externas.

Hemos podido escuchar en los medios de comunicación a jueces, como Joaquim Bosch, decir que el Ayuntamiento era el responsable de que esos locales no estuvieran cerrados y precintados, y que si no se hizo lo correcto fue por errores municipales que deben aclararse. Habrá responsabilidades penales y administrativas, pero ¿quién va a asumir las responsabilidades políticas? ¿Nadie?

Ser político o política no consiste solo en preparar mociones y tirarse los trastos a la cabeza en los plenos municipales. No consiste solo en gestionar delegando en los equipos técnicos para salir en rueda de prensa congratulándose de una magnífica gestión al frente de los mismos, pero olvidándose de ellos cuando la gestión es pésima. En el sueldo de la persona que ostenta un cargo político debería incluirse la dignidad y la valentía. Cuando yo era concejala de Juventud, pisaba la calle. Estaba junto a los jóvenes en actividades de naturaleza, culturales, en los barrios, en conciertos. Y no conciliaba el sueño hasta que todo había terminado sin novedad en los actos. Tomé decisiones, mejores o peores, con el corazón en un puño, para lo bueno y lo malo, cerciorándome de que contaban con los permisos adecuados, infraestructuras necesarias, mejorando para próximas veces lo que había visto que había salido regular. Pero una cosa tengo por segura: si hubiera habido muertes, no por accidente, sino por mala gestión municipal, desolada, pero con la cabeza alta, pediría perdón a las familias y me iría a mi casa. Me autocondenaría políticamente. Y ese es el problema que tenemos en este municipio, en esta Comunidad Autónoma y en este país, que no nos responsabilizamos políticamente.

La rueda de prensa que dieron conjuntamente Partido Popular y Partido Socialista tras lo sucedido fue patética. Hasta donde yo recuerdo, no habían salido juntos jamás a dar ningún comunicado. No lo recuerdo ni en la DANA o durante la pandemia del covid19. Desde luego, han hecho historia. Historia para dejarnos claro que nadie va a asumir responsabilidades políticas. Que las primeras declaraciones fueran «aquí la única culpable es la empresa», a todos nos olió a miedo. Merecemos políticos y políticas valientes.

La ciudadanía agradecería estos gestos, es más, los necesita. Porque son la manera más sincera de pedir disculpas a quienes de verdad gestionan lo público. No quisiera estar en la piel de quienes fueron mis compañeros de un partido y de otro, pero aún menos en la de los familiares que están velando o enterrando ahora a sus muertos y muertas.

Sabemos que no es suficiente que algo salga mal para que un cargo político dimita. Si un funcionario no desempeña su trabajo y el concejal no puede saberlo o controlarlo, no se puede inferir que este haya hecho las cosas mal. Pero aquí hay toda una estructura municipal fallida. No solo la tragedia de la famosa discoteca es la protagonista de un error técnico puntual. Estamos sabiendo que se está procediendo al precinto de más locales que debiendo estar cerrados abrían sus puertas al público. Y no lo digo yo, son declaraciones de la policía local de Murcia en un tuit: «Acompañamos a los servicios municipales de inspección Urbanística del Ayuntamiento de Murcia para la comunicación de cese de actividad, cierre y precinto de distintos locales de ocio en Murcia».

Esto es la prueba de una gestión municipal indebida por ambos concejales, y las responsabilidades políticas deberían ser noticia principal. Esto ha sido muy grave. Quien gestionaba urbanismo, y quien lo gestiona ahora, tendrían que dejar su acta de concejales. Y el alcalde Ballesta, sinceramente, debería ser protagonista, pero no como lo está haciendo, queriéndonos hacer sentir que es un alcalde maravilloso que cancela viajes a Nueva York, sino para pedir perdón cada vez que coja un micrófono o se ponga frente a una cámara. El modus operandi de este Ayuntamiento, si lleva la marca de alguien, es la suya.

Como usuarios, deberíamos estar utilizando cualquier instalación con la tranquilidad de que desde las instituciones se vela por ella. Es nuestro derecho. Qué amarga sensación. Los políticos tirándonos los trastos a la cabeza en vez de estar a una para que los jóvenes, las mujeres, los más discriminados en particular y el conjunto de la sociedad en general podamos estar tranquilos, y que si nos ocurre algo malo sea por eso, por mala suerte, por esa mala suerte a la que no se le puede pedir a nadie responsabilidad penal, civil o política.

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