El prisma

Manifestaciones preventivas

La amnistía a los condenados del procés es un albur que no se ha concretado oficialmente, porque Sánchez no cerrará oficialmente el acuerdo para su investidura hasta después de que fracase Feijóo en la suya

Pablo Molina

Pablo Molina

Lo primero que cabe reseñar de lo que va a organizar el PP en Madrid en contra de la amnistía para los golpistas catalanes es la indefinición del acto en sí, que iba a ser una manifestación ciudadana en toda regla, más tarde una concentración de simpatizantes populares y, finalmente, una especie de mitin en la plaza pública para que Núñez Feijóo acapare muchos minutos del telediario. Que es una aspiración muy legítima, por supuesto, sobre todo cuando se están ventilando asuntos de trascendencia general, como lo es dejar sin efecto las sentencias judiciales (livianas ya de por sí) que resolvieron penalmente una intentona golpista perpetrada por dirigentes políticos en ejercicio; no por un puñado de radicales y alborotadores en busca de protagonismo.

Lo que piden los delincuentes ahora es que el Estado determine que los delitos por los que la banda de Junqueras fue condenada no existieron, un disparate antijurídico que no es ya que carezca de encaje en la Constitución; es que constituye un insulto a la inteligencia de cualquier persona medianamente formada. De ahí a que los condenados del proceso separatista exijan una indemnización al resto de españoles por daños morales solo hay un paso que, por supuesto, Sánchez dará tranquilamente si de ello depende seguir en el poder.

La segunda nota distintiva de este acto anunciado por los populares es que se trata de rechazar un hecho que todavía no se ha producido. La amnistía a los condenados del procés es un albur que no se ha concretado oficialmente, porque Sánchez no cerrará oficialmente el acuerdo para su investidura hasta después de que fracase Feijóo en la suya. Esa futura amnistía alcanzaría también al pintoresco presidente de la republiqueta de los 8 segundos, que con la gallardía consustancial a los dirigentes separatistas huyó al extranjero en el maletero de un coche para evitar chuparse un par de años entre rejas y pasar por la humillación de que le revisaran la zona rectal el día del ingreso en el trullo.

Siempre hay motivos para manifestarse en contra del Gobierno; de cualquier gobierno, de hecho. Otra cosa es que la gente normal, la que trabaja todos los días para mantener la economía en marcha y que los políticos puedan cobrar puntualmente sus latisueldos, no esté dispuesta a estar permanentemente en las calles haciendo el idiota esgrimiendo un cartel o sujetando una pancarta. Por eso, las concentraciones de protesta tienen que tener un motivo de peso entre una amplia capa de la sociedad. De lo contrario, el petardazo está asegurado y el que sale perjudicado del envite no es el gobernante contra el que iba dirigida la protesta, sino el convocante de la misma.

Decretar una amnistía disparatada como la que pretenden los expresidiarios catalanes es un abuso intolerable contra el que los españoles tienen el deber de rebelarse. El único problema, en relación con el acto anunciado por el PP, es que esa medida política no se ha producido. 

De hecho, ni siquiera se ha comenzado a tramitar en el parlamento, que es cuando tendrían sentido las manifestaciones contrarias a su consumación. Pero allá los dirigentes del PP con su sentido de la oportunidad, clamorosamente siempre acertado como es bien sabido.

En realidad, Feijóo ha convocado un acto de protesta contra Sánchez como elemento táctico para esgrimirlo en su debate de investidura, que se producirá 48 horas después del evento. Del éxito o el fracaso de esta concentración dependerá, sin duda, el tono de las intervenciones del candidato popular a la presidencia del Gobierno en un debate de investidura que, en esta ocasión, tendrá un interés añadido.

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