De la amnistía

Se ha dicho y se ha escrito mucho estos días a cerca de la amnistia. Basta con que alguno de los grandes partidos necesiten un par de votos, para que se intente retorcer y forzar la realidad. Vivimos en una época en las que todo se politiza, y en la que los partidos políticos no reconocen barreras, ni contrapesos para alcanzar sus objetivos. Qué lejos quedan aquellos tiempos en los que la división de poderes era una realidad. Y es que esta afirmación ahora es aplicable al PSOE, que no reconoce límite a sus ambiciones. No hace mucho la podríamos haber hecho extensible también al PP, que ahora pone el grito en el cielo, mientras que en 2017 fue el propio Mariano Rajoy el que ofreció sin tapujos la amnistía a los involucrados en el procés, a cambio de unas elecciones legales. Así es que tanto monta, monta tanto.

Como en todas las cuestiones de carácter político, también los hay que hoy dicen Diego, cuando ayer decían Digo. Como el propio presidente del gobierno, sin ir mas lejos, que en noviembre del año pasado afirmó que «no iba a aceptar la amnistía porque no entraba dentro de la Constitución». O incluso la ex ministra, Carmen Calvo, a la sazón, catedrática de derecho constitucional. Llegó a manifestar que «la amnistía no era posible en nuestro país, porque borra el delito, lo que significa que el poder judicial no existe».

Aquí es donde el que suscribe entiende que procede aclarar al lector, que una cosa es el indulto (el perdón), y otra la amnistía (el olvido). Más propia esta última de las dictaduras o regímenes autoritarios. Donde se saltaban a la torera las leyes, y con frecuencia se producían atropellos y resoluciones injustas. Que una vez que las democracias se restablecían, había que desterrar por arbitrarias. Pero en un estado de derecho, donde las instituciones funcionan y los procesos judiciales se celebran con todas las garantías legales para los acusados, con un Código Penal moderno y adaptado a nuestro derecho comparado, conceder la amnistía a un prófugo de la justicia, es tanto como reconocer que nuestra Constitución y nuestro Código Penal, son dos normas ilegítimas que no respetan los derechos fundamentales. 

Es más, sería tanto como darle la razón a Puigdemont, cuando hablaba de Estado represivo y totalitario. Con la amnistía se le estaría dando carta de naturaleza a estas afirmaciones. Y lo que es más grave, se estaría haciendo desde el propio Gobierno de España. 

Es verdad, para ser honestos, que existen doctrinas y opiniones jurídicas a favor y en contra. Y resultaría injusto y sesgado por mi parte, si solo me quedo con unas, y obvio las otras.

El catedrático de derecho constitucional Manuel Aragón, opina que jurídicamente nuestra constitución no permite la amnistía. Y que de darse, degradaría nuestras instituciones. Añade que la desaparición retroactiva del delito, es un privilegio que no está permitido.

Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, considera taxativamente que la amnistía no cabe en la Constitución del 78.

Más clarificador, si cabe, resulta mi buen amigo Edmundo Bal, abogado del Estado. Que me dice que las categorías jurídicas elaboradas doctrinal y jurisprudencialmente son las que son, y no las que los interesados quieran que sean.

Por contra, los defensores de la constitucionalidad de la amnistía se basan en la afirmación de que la constitución no la prohibe expresamente.

Ascensión Martínez, presidenta de la Asociación Jueces y Juezas por la Democracia por ejemplo, considera que es una cuestión política que deben tomar las Cortes Generales.  

Yo creo, si se permite la opinión de un humilde jurista, que si el legislador la hubiera querido contemplar, la hubiera plasmado expresamente. También entiendo que no todo lo que no está prohibido taxativamente en la Constitución, resulta constitucional. Pues con la misma afirmación podríamos elevar a la categoría de constitucionales verdaderas abrerraciones. Juzgue el lector por si mismo. 

Lo que si tengo claro para finalizar, es que los partidos políticos terminaran haciendo aquello que resulte beneficioso para sus intereses. Aunque para ello tengan que forzar, retorcer o bordear la legalidad. Siempre habrá quien lo aplauda y lo justifique. 

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