Opinión | Observatorio

José Luis Villacañas

Amnistía

Alberto Núñez Feijóo durante su comparecencia tras verse con Sánchez.

Alberto Núñez Feijóo durante su comparecencia tras verse con Sánchez. / Jesús Hellín

No debemos despreciar los movimientos de Feijóo, por erráticos que parezcan y aunque pueda sorprender su cambio de retórica frente a las consignas anteriores del 23J. Esos movimientos no reflejan la relevancia del resultado electoral y su lección. El PP da por concluida la relevancia política de Vox, deja de pensar en un gobierno con Abascal e inicia un camino que se abre a pactos con la burguesía vasca y catalana. El PP no tiene recambio para esta política. Si alguien en este partido cree que con Díaz Ayuso le iría mejor, entonces es que ha perdido el juicio.

Así que el PP haría bien en tomarse en serio y con paciencia el movimiento de Feijóo. Al fin y al cabo, puede hacerlo desde una cómoda posición de gobierno de las autonomías españolas. Si lo hiciera con sinceridad, clausuraría veinte años perdidos con el aznarismo. Pues fue Aznar el que decidió considerar su pacto de primera legislatura con ambas burguesías, y no como un reflejo de la estructura existencial de España, sino como un movimiento de cesión forzado, accidental y puntual, del que se propuso tomar venganza tan pronto se dieran las condiciones oportunas y en proporción a la humillación sufrida.

Ahí empezó todo. Con la miopía característica que nos ha llevado a un grave riesgo de la democracia, Aznar pensó que, si se generaba un nacionalismo español intenso, protegido por los pactos de las Azores, se avanzaría hacia una situación de excepcionalidad en la que el nacionalismo catalán sería aplastado. Hemos visto las consecuencias. Por una parte, indispusieron al PP con el espíritu de la Constitución y a transformar el Tribunal Constitucional. Por otra parte, se impulsó una radicalización que entregó la dirección política catalana a amateur exaltados. Fue una política equivocada por ambos lados. Por Aznar, al minusvalorar la capacidad de respuesta del nacionalismo catalán, y por este, al aceptar el órdago e intentar utilizar el horizonte de excepcionalidad a su favor.

Hoy, los dos bandos deberían comprender su error, simétrico. El horizonte de excepcionalidad ha disminuido la fuerza del nacionalismo, pero ha eliminado la posibilidad de que el PP pueda gobernar. Mientras tanto, y gracias al Gobierno de coalición, la situación se ha recompuesto. Hoy es muy difícil argumentar que una minoría se quiera separar del Estado que ha parado la ola europea de extrema derecha, que mantiene en el poder legal y legítimo a las fuerzas que se rebelaron contra él, y cuya opinión pública se pone en pie para detestar a un tipo que abusa de su poder con una mezcla machista de paternalismo y prepotencia frente a una mujer que viene de contribuir a uno de los éxitos más importantes del deporte español, un símbolo inigualable de un país moderno.

Un país así, que por otra parte se enfrenta a retos de futuro de magnitud descomunal, se debe dar la oportunidad de un nuevo comienzo. Y para ese nuevo comienzo la mejor medida es una ley de amnistía que anule los procesos judiciales de todos los encausados por el 1 de octubre de 2017. No soy un especialista en derecho constitucional. Mi campo es el pensamiento político, y desde ahí opino. Una ley de amnistía para cerrar este asunto no solo es conveniente, sino justa. Es verdad que las amnistías se conceden cuando se reconoce que determinados incumplimientos de la ley se realizaron contra poderes regidos por constituciones o leyes injustas, o tras procesos de enfrentamiento civil en los que se llega al convencimiento generalizado de que los dos bandos estaban equivocados y debían perdonarse recíprocamente. Esto es lo que sucedió en 1977.

No podemos decir que la Constitución española de 1978 sea tan injusta como para provocar una secesión o un conflicto civil. Precisamente ella vino a clausurarlo. Pero mi convicción profunda es que precisamente estamos en un caso de conflicto político en el que las dos partes estaban equivocadas. Los independentistas catalanes estaban sin ninguna duda equivocados, por abusar de sus poderes; pero el gobierno del Estado, sus poderes y sus fuerzas políticas, con su acción y su omisión, tampoco se pueden considerar completamente inocentes de haber provocado o agravado partes de este conflicto. La única manera de exonerarse de su responsabilidad en toda la tensión y la angustia vivida es exonerar a la otra parte de la suya propia.

Esto que digo vale para el Estado en general, pero es evidente que sería un acto de coherencia y sinceridad política que dotaría al PP de legitimidad para hablar con todas esas fuerzas políticas. Sería poner los bueyes en el eje de la carreta, y no hacerlos entrar por la puerta de atrás, como intenta hacer Feijóo. Rechazo con toda energía la valoración de que conceder una amnistía implicaría aceptar que aquellos que lucharon contra la ley del Estado -y de la propia Generalitat- en el fondo tenían razón. No es así. Pero tampoco podemos pasarnos de orgullo.

Somos una democracia joven y podemos reconocer, sin flagelarnos, que algunos de nuestros gobernantes, ciertamente aventureros, se equivocaron en este asunto crucial de la realidad plurinacional de España, como lo hicieron al decir al país que Irak era un peligro para la humanidad, llevándonos a una guerra injusta, o incluso ulteriormente al confiar en que el paraguas estadounidense nos libraría del peor zarpazo del terrorismo, por no hablar de lo que luego siguió. Las democracias necesitan de nuevos comienzos. Las jóvenes, todavía más. Una ley de amnistía para el 1-O sería, ante el mundo, el ejemplo de nuestra madurez para darnos ese nuevo comienzo.