Veterinaria, UCAM: ¿Quién llevaba razón?

El Consejo Interuniversitario abordará mañana el informe, preceptivo y no vinculante, sobre la implantación del grado de Veterinaria en la UCAM. Ha pasado un año desde que la universidad lo solicitase a la Comunidad Autónoma, por lo que, en ningún caso, eran exageradas las previsiones del anterior director general, Christian de la Fe, y de su equipo, cuando insistía en disponer de tiempo para evaluar el expediente. Ni la universidad, ni la propia consejera Valle Miguélez, lo tomaron en consideración, lo que le llevó a su dimisión irrevocable. Exigían un procedimiento rápido, incompatible con la rigurosidad que establece la normativa universitaria. 

Se trata de un título del área de Ciencias de la Salud, que conduce a una profesión regulada en el ámbito español y en el ámbito europeo. De ahí la necesidad de una evaluación objetiva y veraz y de una verificación de las evidencias presentadas y, más aún, cuando la propia Agencia Nacional de Evaluación (Aneca) tenía dudas en cuanto a su necesidad social y viabilidad.

A partir de ese momento -no sin antes atravesar momentos surrealistas-, el expediente ha debido seguir su curso, con informes externos de los operadores implicados (colegios profesionales, academias de Veterinaria, conferencia de decanos y otros) que no consideraban necesaria la implantación de esta nueva titulación, dada la actividad del sector y la precariedad del empleo. En este caso, defendían sus intereses corporativos y profesionales. No obstante, era también preciso conocer la opinión de los expertos sobre la memoria presentada. En especial, sobre las infraestructuras para la docencia, tanto práctica como teórica, que sirvieran de base al informe de la Dirección General de Universidades para la toma de decisiones. Aularios, laboratorios, salas de disección anatómica, almacenaje de cadáveres de animales, granja veterinaria, hospital clínico para la formación práctica y otros equipamientos debían ser contemplados y verificados. De ahí, la necesidad de contar con un panel de expertos que, según el convenio de 2021 que firmó la Consejería con Aneca, los debería de proporcionar la agencia nacional.

Todo este proceso lleva un tiempo y debe de hacerse sin prisas y sin atajos, pues el Gobierno regional, que tiene la competencia de autorizar la implantación del título, tiene la obligación de garantizar al alumnado una enseñanza de calidad, acorde con las exigencias de la titulación y que permita un acceso de los egresados al mercado laboral en las mejores condiciones. 

Pasaron unos pocos meses y la rectora de la UCAM en un acto que conmemoraba el 25 aniversario de la creación de la Universidad - sin duda alguna, una historia de éxito - a la vez que un evento muy emotivo por las circunstancias de salud de su fundador, José Luis Mendoza, acusaba públicamente al dimitido director general y a su equipo, poco menos que de prevaricación, informando al auditorio que «tras un verdadero calvario» el informe técnico ya estaba concluido. Sin duda alguna, olvidando las más mínimas normas de cortesía y el espíritu universitario de un solemne acto académico, no dijo la verdad, puesto que, con posterioridad, se han elaborado varios informes más y, que sepamos, la Sra. rectora no ha acusado de prevaricación a su antes compañera de claustro en la UCAM, Isabel Fortea, actual responsable de la Dirección General de Universidades, pues bajo su dirección el expediente ha tardado un año justo, desde que se presentó hasta que ha sido llevado a informe del Consejo Interuniversitario. Ni se contaba con el profesorado adecuado, ni con las infraestructuras docentes y equipamientos precisos, ni tampoco con el hospital para prácticas, ni con la granja veterinaria universitarias, ni con otros requisitos que, se supone, habrán tratado de reunir, tras muchas discusiones y requerimientos, y que el Interuniversitario deberá comprobar con la documentación que aporte la Consejería.

La mejor defensa es un ataque, pensaría la dirigente universitaria, tratando de enmascarar su anómala gestión de la solicitud, ocultando las promesas hechas y los perjuicios a los alumnos preinscritos y a sus familias. 

Desde ahí hasta ahora, muchos cambios, desconociendo si la modificación sustancial de la memoria inicial ha pasado de nuevo por el filtro de Aneca o si el suelo donde se ubican las instalaciones - en un parque comercial -, dispone de la calificación adecuada para albergar dependencias académicas y otros interrogantes. 

Se supone que el excelente equipo técnico de la Dirección General, sometido a constantes presiones desde el inicio del expediente, habrá comprobado cada una de estas cuestiones y que el expediente reúne los requisitos básicos precisos y si se cumple, o no, con la legalidad universitaria. Y el Consejo y el Gobierno tendrán que decidir.

Ya lo dijimos y reiteramos: en la Administración no deben valer los atajos y el ventajismo. Solo el cumplimiento de la Ley debe de regir sus pronunciamientos y, también, la transparencia. 

Entonces, Sra. rectora, ¿quién llevaba razón?

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