Las trébedes

Educación democrática

Es un hecho que la mayoría de los votantes españoles no saben nombrar uno de los tres poderes del estado, ni cómo se elige al presidente del gobierno, ni qué significa eso de que «el rey reina, pero no gobierna», ni qué son las listas cerradas, ni la diferencia entre mayoría simple y mayoría absoluta...

Ilustración de Leonard Beard.

Ilustración de Leonard Beard.

Carmen Ballesta

Carmen Ballesta

La celebración de las próximas elecciones y un encuentro casual con un antiguo alumno provocan ciertas reflexiones sobre nuestra cultura democrática, pues este adulto manifestó mucho agradecimiento y orgullo por lo que aprendió en clase de 'Educación para la ciudadanía y los derechos humanos'.

Ya es historia el revuelo que armó la famosa asignatura 'Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos', incluida en la ley orgánica de educación (LOE) del gobierno de Rodríguez Zapatero, y donde esta columnista tuvo la obligación de aprender y explicar todas estas cosas. Hasta hubo acciones en contra promovidas por el Foro Español de la Familia: «[los padres] en nombre de la libertad, ejerciten el derecho de objeción de conciencia y se nieguen a que sus hijos asistan a las clases [de esa asignatura]», decía el documento que publicaron. En el mismo ofrecían «asesoramiento jurídico de forma gratuita, proporcionando los modelos de escritos y recursos a presentar para defender su derecho a formar la conciencia de sus hijos». Y afirmaban: «el Estado no podrá hacer nada contra un millón de padres comprometidos con la educación de sus hijos». El problema de fondo es la educación moral. ¿Es necesaria una educación moral fuera de la familia? ¿Tienen derecho los padres a que sus hijos ignoren los fundamentos éticos de las leyes y del sistema político en el que viven y votarán? ¿Tiene el Estado legitimidad para establecer un currículo de educación ético-cívica que se atenga a los principios y valores consagrados en nuestra constitución y nuestras leyes?

La primera pregunta es ociosa, porque es innegable que toda la tribu educa, que el proceso de socialización se escapa al control parental, aunque hay padres que se esmeran en cercar bien el prado. La respuesta sensata a la tercera es que sí, puesto que un sistema de sufragio universal requiere de un mínimo de cultura democrática de sus ciudadanos. Ahora bien, tampoco puede ignorarse la existencia de progenitores cuyo planteamiento ideológico respecto a ciertas leyes (aborto, divorcio, matrimonio homosexual, etc.) los lleva a rechazarlas como injustas. En el seno de las sociedades abiertas, el «derecho a formar la conciencia de [los] hijos» tiene que incluir necesariamente el respeto a la ley y a la convivencia con los demás, sean iguales o diferentes, entendiendo por 'diferentes' su color, sus circunstancias, su riqueza, su orientación sexual o sus creencias religiosas, etcétera. En un país democrático, existe la libertad religiosa. Y las creencias religiosas llevarán a enseñar a los hijos que el aborto es abominable (pero la cultura democrática obliga a enseñar a respetar a quien opte por él dentro de la ley), o que el sexo homosexual es pecado mortal (y la cultura democrática obliga a no estigmatizar, ni ridiculizar, ni agredir a quien manifieste públicamente su orientación sexual dentro de la ley), o que uno se casa para toda la vida (y la cultura democrática obliga a no despreciar a las personas que se hayan divorciado, ni a sus hijos). La sociedad, la ley y la escuela tienen que respetar también escrupulosamente esas creencias. Sin embargo, parece obvio que tal respeto no puede pasar por que los menores alcancen la mayoría de edad desconociendo que nuestras leyes se fundan en los derechos humanos y se aprueban democráticamente y por eso tanto derecho tengo yo a abortar como tú a tener tu bebé no deseado, por ejemplo. Si se responde que no a la tercera pregunta, se está diciendo que el estado no tiene legitimidad para enseñar a los menores qué es la democracia y cómo funcionan las principales instituciones (como el Congreso y el Senado, los partidos políticos, el Gobierno…), o para hacer que lean comprensivamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que sepan que estos son universales, inalienables, gratuitos, imprescriptibles… Y si esto no se enseña en la escuela y antes de los 18 años, ¿cuándo y cómo habrá de aprenderse? Y si se vota sin saberlo ¿qué cabe esperar?

Es un hecho que la mayoría de los votantes españoles no saben nombrar uno de los tres poderes del estado, ni cómo se elige al presidente del gobierno, ni qué significa eso de que «el rey reina pero no gobierna», ni qué son las listas cerradas, ni la diferencia entre mayoría simple y mayoría absoluta... No consuela saber que en países con más larga tradición democrática la ignorancia de los votantes también sea supina. Y menos aún, observando el auge de los discursos populistas que dominan el panorama electoral en Europa. La cultura democrática impartida en la escuela garantiza que todos tengan acceso a la misma; si ya se tuvo en casa, mejor aún. Porque sin cultura democrática es más fácil caer en la confusión, que luego traería el desengaño y puede llevar a la desafección. Esto es, al deterioro del sistema, empezando por no valorar lo que de libertad y paz social conlleva.

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