Fascismo 3.0

Es inadmisible. A las puertas no, dentro del fascismo. Esto es fascismo. Acosar a los representantes de la Administración Pública y a sus responsables y pedir que cesen porque ejercen su deber de proteger la salud pública.»

El lector o lectora pensará que estas palabras las ha pronunciado un antifascista visceral o uno de esos políticos de izquierda que, de tanto hablar de fascismo, contribuyen a su banalización por cuanto desposeen a este sustantivo de su carga trágica en la medida que lo extienden a un amplio espectro del abanico político, en cuyos planes no cabe suponer la implementación de una dictadura terrorista derechista. Ocurre que en esos términos se ha expresado, hace unas semanas, Francisco Igea, el único diputado de Ciudadanos que queda en el parlamento castellanoleonés. 

Y habló así a cuenta del violento asalto a la Junta de Castilla y León en Salamanca que protagonizaron, a primeros de junio, decenas de ganaderos, quienes exigían que no se aplicara a sus animales la normativa sobre tuberculosis bovina. Movilización alentada por Vox y que encontró la comprensión del gobierno de Mañueco, desde cuyas instancias se habría presionado a los veterinarios a fin de que no aplicaran la legislación sanitaria que emana del Derecho comunitario.

Algo parecido vivimos en esta Región cuando en enero de 2022, también un grupo de ganaderos instigado por la ultraderecha, asaltó el Ayuntamiento de Lorca en protesta por la normativa existente respecto de las macrogranjas, la cual estaría obstaculizando el desarrollo de esta actividad.

Ambos hechos registran un patrón común: un grupo de propietarios entiende que para maximizar el rendimiento de sus negocios, estos deben quedar al margen de las regulaciones de carácter ambiental, sanitario, laboral y fiscal que dificultan la consecución de amplios márgenes empresariales. Dicho de otro modo: las ganancias particulares han de situarse por encima de la salud de la población, el bienestar animal, los servicios públicos y la preservación del medio natural. La acumulación de dinero por delante de la vida de la gente. Y también de las leyes, que se fuerzan si viene al caso, incluso recurriendo a la violencia y a la coacción. 

Y todo este marco es lo que a Igea le sugiere fascismo, a pesar de que es un hombre conservador y liberal, poco dado a usar una terminología bolivariana. Pero lo suficientemente inteligente como para percatarse de dónde están y quiénes son los que, al pretender que sus intereses privados prevalezcan sobre el interés general a costa de lo que sea, no dudan en arrollar las instituciones. Incluso desde estas.

Los fascistas de entreguerras abrían campos de concentración donde recluir a los disidentes, disponían pelotones de fusilamiento para su eliminación física y cerraban periódicos. Hoy en día la cosa es mucho más sutil: ganan elecciones (de lo contrario no las reconocen) gracias al dominio que tienen sobre la mayoría de medios de comunicación y redes sociales. No detienen a la gente ni la encarcelan. Mantienen el sistema parlamentario, pero desde él emprenden el camino para acabar con todos los derechos (sociales, feministas, ambientales y laborales), hasta dejar solo uno: el de propiedad (y quizá el de tomar una cerveza, durante las pandemias, en cualquier terraza sin encontrarte con tu ex). 

La condición de ciudadano o ciudadana se esfuma en beneficio de la de propietario. Así, los problemas asociados a la vivienda no son los alquileres abusivos, los desahucios o los intereses de la hipoteca: es que te okupen la casa de la que eres dueño cuando bajas a comprar el pan. La economía irá bien cuando los ricos no paguen impuestos, no como resultado de que los trabajadores y trabajadoras ganen lo suficiente como para sostener la demanda y, por tanto, la producción y el empleo. El cambio climático se niega sencillamente porque el intento de mitigarlo constriñe la generación de plusvalías. Y la violencia machista no existe (es intrafamiliar) porque, en última instancia, la mujer pertenece al varón. Ya se sabe: la maté porque era mía.

Para desgracia de las democracias, también para la nuestra, la consagración absoluta del derecho de propiedad sobre todos los demás ha infestado a las fuerzas conservadoras de toda la vida. Como sostiene el politólogo holandés Cas Mudde, «el centro político se está moviendo a la derecha y dentro de un tiempo será indistinguible de la extrema derecha». Yo diría que en países como España ese momento ha llegado, y lo estamos apreciando con nitidez en los pactos sin complejos que el PP está formalizando con Vox, el más infumable de los cuales es el suscrito en la Comunidad Valenciana, preludio de lo que podría pasar tras el 23 de julio si en las urnas se impone la sinrazón. El emplazamiento de Ayuso al partido de Abascal para «conquistar juntos la libertad arrebatada» va en la misma e inquietante dirección.

En esencia, lo que se ventila ese día de verano es si avanzamos hacia una mayor democracia e igualdad o, si por el contrario, se impone una suerte de totalitarismo liberal, al estilo Bolsonaro, que nos conduzca hacia un sistema de desigualdad extrema donde el goce de derechos por parte de la ciudadanía sea una variable dependiente de su patrimonio y renta. Así, tendrá sanidad quien pueda pagarla y pensión suficiente quien haya dispuesto de recursos para nutrir un fondo al efecto. El capitalismo siempre saca a pasear, cuando tiene dificultades, a sus dóberman. Estos, en los años 30, eran unas bandas de matones uniformados. En el siglo XXI, son gente votando con odio o asaltando instituciones. Es el fascismo 3.0.

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