La rentrée

Tres días más y tenemos la rentrée, como estado de ánimo acuñado por los franceses, tras unas largas vacaciones. Pero este año va a ser algo más. Si no una debacle, porque nunca soy pesimista, sí un desastre, porque también soy realista. Y me estoy refiriendo no a las elecciones municipales y autonómicas, que ya las vamos a recibir a porta gayola, con la mirada puesta en las generales de finales de año, que definirá una vez más el sentir del pueblo español. Me refiero a lo mío, a la Justicia. Tras una prolongada huelga de las letradas de la administración de justicia (LAJ) -demasiado tiempo para entenderse con un ministerio que proclama constantemente la mediación- se avecina para el día 17 de este mes otra huelga indefinida, la de los funcionarios de Justicia. Por si fuera poco, las asociaciones de jueces ven factible iniciar también una huelga. Si a los LAJ les han subido el sueldo 430 euros mensuales, ¿por qué nosotros funcionarios y jueces no vamos a conseguir lo mismo, con más huelgas?.

Opiniones aparte sobre su pertinencia o no, lo que es indiscutible es que no es precisamente una medida que la sociedad vea bien - independientemente de las razones que lleven al parón- y menos aún, si es para solicitar un aumento de sueldo. Lo cierto es, que las buenas intenciones del Consejo General del Poder Judicial, y de los Tribunales Superiores de Justicia, se verían totalmente frustradas de ser así. Veamos, la Comisión Permanente de dicho Consejo, ha exigido a los presidentes del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, que adopten las medidas tendentes a paliar las graves disfunciones generadas por la huelga de los LAJ. Y el TSJ de Murcia siguiendo esas instrucciones, ha decidido: dosificar las notificaciones para no colapsar los despachos de abogados; atención primaria a los pagos pendientes; revisión anticipada de los señalamientos, efectuando unos nuevos, para las actuaciones suspendidas durante la huelga; y por último, revisar la forma de los mismos para que no excedan de seis meses. 

Sin embargo, tan buenas pretensiones se van a ir al traste si se confirma la huelga de los funcionarios de justicia (45.000), prevista a partir del próximo lunes, coincidiendo con la rentrée en Murcia. Pararán tres horas diarias, de 10 a 13 horas, que es cuando se celebran casi todos los juicios y actuaciones judiciales en general. 

El miércoles, el paro será general y todo el día, para acudir a una manifestación a Madrid a las 12 horas, que parte desde el Ministerio de Justicia. Pero, por si fuera poco, los jueces a través de sus cuatro asociaciones (3.000 jueces, más los que no estamos adscritos a ninguna) también han manifestado la nulidad de las negociaciones con Pilar Llop (que, o le gusta mucho ser ministra, o estará pensando que mejor haberse quedado como jueza), por lo que también huelga y no precisamente a la japonesa. Y puesto que el Ministerio, no ha sido siquiera capaz de convocar la mesa de retribuciones, las asociaciones le han dado un plazo de dos meses para acordar las mejoras salariales de los jueces. Quieren más, pues las tres asociaciones de fiscales también se van a sentar con el ministerio para reivindicar retribuciones. La guinda la pone una plataforma de abogados, que ha convocado una concentración del turno de oficio ante el Congreso de los Diputados para el 27 también de este mes a las doce, con pretensiones también retributivas.

Visto lo visto, no es de extrañar que tardara el Ministerio dos meses en subir el sueldo a los LAJ, porque sabían que detrás iban los funcionarios, los jueces, los fiscales y hasta los abogados. Al final será Hacienda la que decidirá si hay o no dinero. Que se me ocurre que, a lo mejor, si se rebajaran los millares de asesores públicos y se restringieran los dispendios en viajes, habría dinero para todos. Pero me temo que es igual de utópico que el slogan del agua. Menuda rentrée nos espera.

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