Autoridad Portuaria: no valen excusas

Que el expresidente de la Autoridad Portuaria y actual portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, el diputado Segado, haya despachado toda una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) como si lo que ocurrió hubiera sido una discusión en el recreo del colegio es inadmisible políticamente.

En cualquier país decente, que el máximo órgano judicial te condene por vulneración de la libertad de expresión hubiera conllevado automáticamente su renuncia a cualquier cargo público en el mismo instante que se produjo la comunicación del TC.

Pero el hoy todavía sorprendente portavoz de los populares en el poder legislativo ha saldado todo un proceso judicial con ‘pido disculpas’. Dice mucho de su ética política, pero, sobre todo, de una sociedad que vuelve a mirar para otro lado cuando todo un TC ha dictaminado que un cargo público vulneró un derecho tan fundamental.

La Autoridad Portuaria de Cartagena lleva demasiado tiempo imponiendo un modelo de gestión basado en la imposición y el despotismo, ni siquiera por lo que estamos viendo ilustrado, donde las amenazas y los atajos han sido la moneda corriente de pago, pero aún es peor que sus máximos dirigentes se escondan y se escuden en que presiden un organismo estatal, llevando por tanto el cinismo a límites nunca vistos.

Una lástima que España en general, y Murcia en particular, se parezcan en materia de responsabilidades políticas a países cuya tradición democrática es larga. Incluso en la cuna de la democracia, Grecia, el accidente ferroviario que se produjo hace unas semanas conllevó automáticamente la dimisión de la mismísima ministra del ramo, en cambio aquí, el accidente en Galicia, no dimitió ni el propio presidente de Renfe (ADIF) y mucho menos la dimisión de la entonces ministra popular Ana Pastor.

Que el expresidente de la Autoridad Portuaria se haya puesto a silbar mirando al tendido como si un padre le hubiera reñido a su hijo por taparle la boca al vecino de abajo, y no sea capaz de tener la más mínima cultura moral y ética que debe presidir cualquier cargo público, es una cuestión grave, pero mucho peor que nadie en la sociedad, pero sobre todo en la oposición, no le pida su renuncia al cargo de manera inmediata.

El Tribunal Constitucional no está para asuntos de patio de colegio, y, por lo tanto, despreciar una sentencia del Alto Tribunal, como se está haciendo aquí, es una prueba más del deterioro institucional que se vive en una Región que sigue su deriva por lodazales y barrizales.

Miren cuál es nuestra realidad. Tenemos a un expresidente, Pedro Antonio Sánchez, condenado a prisión, a otro expresidente, a las puertas de la cárcel, donde la Fiscalía pide nada más y nada menos que once años de prisión, al actual presidente del Gobierno montado en el mismo autobús que un puñado de tránsfugas y tramposos, y, por si faltaba la guinda, al portavoz del grupo mayoritario que sustenta el Ejecutivo condenado por el TC por vulneración del derecho a la libertad de expresión. 

¿De verdad esta legislatura será recordada como la de la covid?

Un poco de dignidad, por favor.

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