Huelga de secretarios judiciales: cuestión de prioridades

Las huelgas en la administración pública tienen una repercusión aún más directa en la vida de los ciudadanos que los conflictos laborales producidos en el sector privado. Es indudable que los efectos de una huelga en el ámbito de la Justicia son más reducidos que, pongamos por caso, un paro en el transporte o cualquier otro sector crítico de la actividad comercial, porque en estos últimos casos las consecuencias las soporta toda la sociedad mientras el primero solo provoca perjuicios a las personas que tienen algún litigio pendiente. Sin embargo, para estas personas, profesionales y empresas afectadas, el perjuicio es colosal. Lo estamos viendo en la actual huelga de letrados judiciales, que está originando retrasos y anulaciones de decenas de miles de causas judiciales que, en no pocos casos, tendrán difícil solución.

¿Por qué han ido a la huelga los secretarios judiciales? Pues fundamentalmente por cuestiones retributivas, que es el motivo central de una huelga en cualquier sector profesional. Pero en el caso de la Justicia hay un factor añadido que legitima la adopción de estas medidas de presión, porque no hay un ámbito de la administración pública más abandonado que el que tiene que ver con la tramitación de las causas judiciales.

Es realmente desolador comprobar el entorno laboral en el que operan día tras día los funcionarios del ministerio de Justicia. Las dependencias atestadas de cajas con toneladas de papel y la falta de medios informáticos para tramitar un volumen tan espectacular de asuntos cotidianos no son el ambiente más adecuado para gestionar con eficacia estos asuntos. Es cierto que en los últimos años se ha modernizado la tramitación de los procedimientos judiciales, pero queda aún un larguísimo camino por recorrer para que la administración de Justicia tenga una eficacia similar a la de la Hacienda del Estado.

Y aquí está precisamente el quid de la cuestión. Porque no es casual que un funcionario de Hacienda pueda acceder con un clic a toda la información fiscal de un sujeto y gestionar cientos de expedientes con programas informáticos de última generación, unos sistemas que habilitan la resolución inmediata de asuntos recaudatorios y convierte a la Agencia Tributaria en una maquinaria eficacísima de generar recursos económicos para el Estado. Mientras tanto, la gestión de expedientes judiciales se eterniza por la falta de medios técnicos, las necesidades de personal y el agotamiento de unas plantillas sobrepasadas por el trabajo cotidiano.

Pero es que al Gobierno, a cualquier Gobierno, le interesa que la recaudación sea eficaz y los procesos judiciales se ralenticen, porque no pocos de ellos acaban con la condena del propio Estado y la imposición de indemnizaciones a favor de los ciudadanos. El resultado práctico es que Hacienda te vacía el bolsillo con asombrosa rapidez, mientras que tu recurso contra una liquidación abusiva se eterniza en un juzgado que no da abasto con los escasos medios de que dispone.

El colmo de la falta de vergüenza es que la paralización de la Justicia suele acabar beneficiando a los propios políticos cuando se enfrentan a causas judiciales por asuntos de corrupción. Son miles los casos sobreseídos por procedimientos caducados a causa del transcurso del tiempo, un beneficio añadido que no es, precisamente, un incentivo para que esos mismos políticos, cuando ejercen el poder, dediquen fondos a mejorar la gestión de unos juzgados ante los que, quién sabe, igual algún día tienen que comparecer.

Hacen bien los secretarios judiciales de reivindicar sus derechos salariales. Puesto que el sistema es caótico, la falta de personal abrumadora y los medios antediluvianos, que al menos el suplicio les valga la pena a final de mes.

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