Huelga de secretarios judiciales: apoplejía judicial

Un mes después del inicio de la huelga de secretarios judiciales los tribunales españoles están gripados. No es que antes funcionara con parámetros adecuados; es que ahora el colapso es cuando menos cercano, si no inminente. Sea cual sea el resultado de la negociación entre Ministerio de Justicia y letrados, el atasco tardará muchos meses en aligerarse. Claman estos por el cumplimiento de unos acuerdos de hace un año para mejorar su trabajo y claman contra el equipo del Ministerio de Justicia, renuente a cumplirlos, aseguran. Ha habido también declaraciones hirientes sobre la protesta de unos funcionarios cuyos salarios medios oscilan entre los 37.000 y los 59.000 euros brutos anuales. Entre unos y otros, el país asiste estupefacto a la apoplejía de uno de los pilares del Estado.

El paro, secundado por gran parte de los casi 4.500 letrados de la Administración de Justicia (LAJs) de España y sus derivadas como la suspensión de más de 150.000 juicios y el bloqueo de unos 600 millones de euros de las cuentas de consignaciones judiciales, se suma a la endémica lentitud de la Justicia española y al bloqueo cuatreño del CGPJ que impide nombramientos, promociones y traslados en muchos juzgados. El resultado de la adición es claro: estancamiento, cuando no paralización, considerable de procedimientos judiciales de todo tipo.

En 2021 los tribunales sumaban más de tres millones de asuntos en trámite. Es decir, la situación de partida no era precisamente ágil ni rápida, agravada por los dos años anteriores de pandemia. Desde que empezó la huelga, hace un mes, los nuevos retrasos acumulados son para todos: los aplazamientos de declaraciones y vistas orales afectan desde a imputados por presunta corrupción hasta a particulares que dependen de la resolución de su caso para seguir viviendo, cobrar una indemnización, ver a los hijos, recuperar un dinero estafado...

El origen próximo de esta huelga se sitúa en el incumplimiento de parte de los acuerdos alcanzados por el Ministerio de Justicia y los representantes de los LAJs en 2021. Quien mira en profundidad lo coloca en 2009, cuando se aprobó la reforma procesal que incrementó las responsabilidades de los LAJs sin añadir mejoras profesionales y de salario. Es pues un problema de fondo el que aflora y que atañe no solo a quienes protestan sino también a la organización general de la administración de Justicia. Y de rebote, a todos los ciudadanos.

Ninguno de los ministros en esa cartera desde que empezó el siglo ha acometido la reforma total necesaria y las interferencias políticas dificultan el funcionamiento habitual, como prueban el ya viejo estancamiento de la renovación del CGPJ, por obra y gracia del PP, la escasez endémica de jueces y el mal funcionamiento general de la Justicia. Algunos expertos no creen del todo que la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia actualmente en trámite vaya a resolver las disfunciones sobrevenidas de la Ley de la Oficina judicial de 2009. Sobre todo si los letrados han de ser protagonistas de su aplicación cuando entre en vigor.

Como colofón de todo aparece la actitud negociadora de ambas partes en conflicto: el Ministerio de Justicia dirigido por Pilar Llop y el comité de huelga en el que están integradas las tres asociaciones más representativas de los LAJs. El secretario de Estado ‘Tonxtu’ Rodríguez calificó torpemente la huelga de ‘política’ y a los trabajadores de ‘privilegiados’ porque suman subidas salariales del 14% desde 2021. El comité se remite inflexiblemente a los acuerdos de abril. El atrincheramiento mantiene paralizado el sistema judicial.

«Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía», se atribuye a Séneca. O sea, estamos como siempre, pero con huelga. Y los ciudadanos desesperan aún más porque ven que el laberinto judicial se hace cada vez más inextricable: ¿Tendrá cura la apoplejía?

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