Fin de la cadena de prensa del Estado

El debate social, político y económico en torno a la continuidad de la prensa de la Cadena del Movimiento tuvo un amplio recorrido, que culmina con el Real Decreto-Ley 1434/1979, de 16 de junio sobre régimen del personal del entonces Organismo Autónomo Medios de Comunicación Social del Estado:

«El Gobierno entiende -esta fue la explicación oficial-, que la conservación de los medios de prensa, por la función informativa y de difusión cultural que cumplen, es esencial en los Estados modernos, pero que el pluralismo exige a su vez que el Estado no detente la titularidad de ninguno de dichos medios. Sumando a ello la situación de precariedad en que en la actualidad están algunos de los medios de prensa referidos, resulta ineludible adoptar medidas de restructuración y de gestión, conducentes a mejorar la situación económica y administrativa del citado organismo autónomo Medios de Comunicación Social del Estado, en tanto que este subsista».

para el mantenimiento en el mercado de un diario regional, Línea, fueron inútiles ante la decisión del Gobierno, firme en el criterio de que el Estado no debía seguir siendo propietario de periódicos. Reflotar un diario que cumplía 44 años de historia (nacido en marzo de 1939) ya muy vinculado a la vida de la región de Murcia, no pudo lograrse, pese a distintas iniciativas en el sector privado.

La solución final fue ofertar, mediante subasta, solo las cabeceras de mayor interés comercial, en base a su tirada, estado de sus instalaciones e implantación en el mercado regional correspondiente. La entonces cadena de Medios de Comunicación Social del Estado vino a nutrir de medios informativos, ya rodados, a distintos grupos de comunicación del sector privado en fase de constitución.

La secuencia del proceso de cierre pasó por estos acontecimientos clave: la Cadena fue transformada el 8 de julio de 1976 en el organismo autónomo Medios de Comunicación Social del Estado; tras aprobación en las Cortes de la llamada Ley para la Reforma Política, desaparecía la Secretaria General del Movimiento, a cuya adscripción estaban los diarios estatales, que pasaron a depender del ministerio de Información y Turismo, y más tarde al ministerio de Cultura; eran 35 periódicos y la agencia informativa Pyresa.

Representes de los trabajadores de los medios presentaron a finales de 1977 un proyecto de regionalización de las cabeceras, con el intento de que se creasen patronatos regionales de prensa pública, una alternativa a la privatización que proponía el Gobierno. Se ofrecerían las cabeceras y, configuradas las autonomías, se transferirían las aportaciones económicas que correspondieran a los entes autonómicos, un proyecto que tampoco fue viable.

Fecha clave en el proceso de cierre fue el 15 de junio de 1979: el Consejo de Ministros adoptó acuerdos que resultaron definitivos, un real decreto sobre el personal del organismo, reconocía el derecho de los trabajadores a integrarse en la Administración del Estado, (operación que se produjo finalmente en 1984, ya bajo la administración socialista): los 42MCSE directores que tuvo la Cadena en sus 26 últimos periódicos se incorporaron finalmente a la Administración del Estado; en cuanto al resto del personal, el 85% de los casi 4.000 trabajadores optaron por administración del Estado y solo el 15% decidió rescindir su relación laboral MCSE y recibió la indemnización que correspondía. Se daba por concluida la extinción del organismo.

El ministro de Cultura, Clavero Arévalo, como titular de MCSE decidió la suspensión inmediata de los diarios Arriba, el buque insignia de la cadena de Prensa del Movimiento; Solidaridad Nacional y La Prensa, de Barcelona (que fueron dirigidos por Federico Gallo) El pueblo gallego, de Vigo; Libertad, de Valladolid, Amanecer, de Zaragoza y la Agencia Pyresa, un 20% de los periódicos de la cadena, que en su conjunto había registrado en el último año unas pérdidas de 941 millones de pesetas (solo Arriba, 490 millones) pérdidas que en el conjunto de la Cadena se elevaban a 6.000 millones.

En otra tanda, el Consejo de Dirección de MCSE, reunido ya bajo la presidencia del ministro de Cultura, Javier Solana, decidió el cierre el 13 de febrero de 1983 de los rotativos con mayor déficit y menos posibilidades de futuro: El Eco de Canarias, Hierro, Patria y Línea, con venta en conjunto de 11.645 ejemplares diarios y unas pérdidas de 547 millones de pesetas.

Según relata el periodista Juan Sánchez Rada (que fue redactor-jefe de Línea) en su obra Prensa: del Movimiento al Socialismo. 60 años de dirigismo informativo (Editorial Fragua, 1996) en mayo de 1983, ya con Javier Solana en Cultura, desde Abc y en declaraciones de Antonio Fontán, expresidente del Senado y exministro de UCD, se urgía que «la Cadena del Movimiento debe desaparecer», se estaban produciendo y remitiendo a los medios, escritos de carácter editorial, supuestamente desde una redacción central (según el ministro por carecer los medios informativos de capacidad técnica para elaborarlos). Las instrucciones que se daban a los directores eran tomadas como obligaciones y todos ellos publicaban los editoriales que se les enviaban. El liberal Camuñas denunció que la propia dirección técnica del organismo había distribuido un balance de los primeros cien días del Gobierno socialista, informe realizado por la oficina del portavoz del Gobierno, dirigida por Eduardo Sotillos.

Ante estas acusaciones, Solana anunció en sede parlamentaria su decisión de ordenar que cesaran de inmediato el envío de editoriales a los periódicos estatales, entre otras razones porque, el hecho de que pertenecieran a una misma cadena no impedía que cada periódico (situados en lugares diferentes y con problemas distintos), tuvieran una línea editorial propia.

Abc denunció lo que se consideraba un proceso de privatización ‘controlada’; y Justino Sinova escribía en Diario16 que «la burda manipulación de unas publicaciones es la imagen triste de un Gobierno que prometía más respeto para la libertad de expresión».

Los 26 periódicos que finalmente se privatizaron, mediante anuncio de subasta en el BOE, fueron adquiridos por empresas editoras en algunas de las cuales participaron trabajadores de los propios medios, que optaron por continuar en sus puestos de trabajo.

Los principales periódicos, en su valor patrimonial, por su tirada y penetración en sus áreas regionales de influencia, fueron: Información, de Alicante, adquirido por Editorial Alicatina S.A., por valor de 621,2 millones de pesetas; La Nueva España, de Oviedo, por Editorial Prensa Asturiana S.A. que salió a subasta por 368,1 millones de pesetas, y se adjudicó en 531 millones; Levante, de Valencia, adquirido por Editorial Prensa Valenciana, S.A. que salió a subasta en 686,9 millones de pesetas y se adjudicó en 498 millones. Estos tres diarios (que integran hoy el Grupo Prensa Ibérica, editora del diario La Opinión) eran considerados los más importantes, muy diferenciados del resto, si exceptuamos el diario Sur, de Málaga, que se adjudicó en 526,8 millones de pesetas a Prensa Malagueña, SAL formada por antiguos trabajadores y suscripción popular.

El resto fueron en su mayoría adjudicados a sociedades conformadas por empresarios considerados próximos al PSOE: Alerta, de Santander; Baleares, de Mallorca; y las cabeceras Córdoba, Jaén, y La Voz de Almería. Curiosamente, el diario Marca fue comprado en 125 millones por el empresario Ricardo de Mendoza y Roldán, de Actualidad Económica.

El diario Línea, que había abandonado el viejo caserón que fue de El Liberal, en la calle Jara Carrillo, había inaugurado un valioso edificio en la Avenida de la Fama (actual sede de la Consejería de Educación), no salió a subasta.

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