Guerra, derechos humanos y realpolitik del PSOE

A escasos cinco meses de las elecciones municipales y autonómicas y, a finales de año, las generales (si es que no se adelantan), la labor de zapa y obstrucción al Gobierno que vienen practicando las derechas se intensifica, utilizando éstas todos los recursos a su alcance, incluso los sondeos electorales, de alguna manera prefabricados por consultoras afines, que anticipan su triunfo. El ambiente es tan asfixiante que quienes, como el que les escribe, reconocemos las notables realizaciones que este Gobierno de coalición ha llevado a cabo para mejorar la vida de la gente no estamos dispuestos a dar oxígeno a las derechas. Pero hay ciertos aspectos en los que este Gobierno (a decir mejor, la ‘pata’ socialista del mismo) renquea. Y que no son otros que ciertas decisiones en política exterior.

El militarismo, una incongruencia. Hace unos días, una delegación europarlamentaria del PP, Vox y también del PSOE visitó unas fábricas de armamento israelí, una de ellas PAP Tecnos, que fabrica los misiles Spike, los mismos que utiliza el régimen sionista para reprimir a la población palestina. Se estipula un convenio de colaboración de esa empresa que permitiría a España fabricar aquí y exportar ese armamento. Según algunos medios de prensa consultados, esta visita podría explicar la abstención de España en la ONU, unas semanas antes del viaje, en la votación reclamando a la Corte Penal Internacional un informe sobre la ocupación de Palestina y sus efectos en los guetos. Pese a ello, la delegación española en la ONU, dependiente del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, no tenía reparos en afirmar que la defensa de los Derechos Humanos es la prioridad de este Gobierno.

Ignoro si los órganos de dirección del principal partido del Gobierno, el PSOE, sintonizarán con estas posiciones. El artículo 36 de sus Estatutos estipula que el Comité Federal ha de hacer un seguimiento de la labor del Gobierno de la Nación y del desarrollo legislativo, y el artículo 39 establece que la Comisión Ejecutiva Federal, en la que, según el artículo 40.2, participa Javier Moreno, presidente de la delegación socialista española en la Parlamento Europeo, tiene entre sus competencias las relaciones internacionales del partido. Recordemos que el artículo 2 de esos Estatutos expone que el PSOE (literal) «aspira a transformar la sociedad para convertirla en una sociedad [sic] libre, igualitaria, solidaria y en paz, que lucha por el progreso de los pueblos». Esa apelación estatutaria a la paz, sumada a otras decisiones de militarismo activo que ahora veremos, delatan la incongruencia del principal partido del Gobierno.

En relación con la guerra de Ucrania. Inmersos estos días en el debate sobre el envío de los tanques Leopard a Ucrania por parte de algunos países, entre ellos España, lo que sin duda va a propiciar una escalada de efectos impredecibles en el desarrollo de la guerra, creo interesante detenerme en algunos datos para contextualizar la situación. De entrada, y según una información recogida de La Jornada, México (3-3-2022), al inicio de la guerra de Ucrania, y en sólo una semana, el valor de las empresas armamentísticas con mayores ventas en el mundo pasó de los 804.000 millones de dólares a los 885.881. Y en Europa, según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI, por sus siglas en inglés), las principales empresas armamentísticas han experimentado incrementos bursátiles, de la mano del aumento del gasto de Defensa exigido por la OTAN a sus Estados miembros y que en España se ha concretado en casi un 24% en los PGE de 2023.

Es obligado citar que tras el despliegue de la ‘operación especial’ rusa en territorio ucraniano el pasado 24 de febrero los gastos de los países miembros de la OTAN repercutieron, a su vez, en los beneficios directos de las empresas de fabricación de armas. Baste recordar que, ya en 2020, las cien más importantes industrias armamentísticas del mundo, entre las que destacamos Lockeed Martin Corp., Boeing (EEUU), BAE Systems (Reino Unido), Leonardo (Italia)… obtuvieron unas ganancias de 531.000 millones de dólares. Tras estallar la guerra de Ucrania, BAE Systems vio cómo el 28 de febrero escalaba su valor en Bolsa un 10,2%. Nuestro país no se queda muy atrás en esa espiral guerrera: en 2020 fue el quinto mayor exportador de armas del mundo, según SIPRI.

Esta locura belicista al Este de Europa empobrece al continente, favorece los intereses estratégicos de EEUU y la OTAN y atenta contra la paz y el propio mantenimiento de la vida en el planeta. ¿No habría que exigirle mayor coherencia a un partido socialdemócrata como el PSOE?

Derechos humanos y realpolitik. El primero en utilizar este último término fue el periodista e historiador alemán Ludwig von Rochau, refiriéndose al comportamiento que debería seguir el recién constituido Estado alemán bajo la órbita de Otto von Bismarck, político que, como es sabido, logró prolongar el equilibrio entre las potencias europeas diseñado en la Paz de Westfalia, lo que no impediría el estallido de la Primera Guerra Mundial. Actualmente, se habla de realpolitik cuando un Estado usa su poder de forma pragmática y realista en beneficio de sus intereses y posición global, obviando, si ello es preciso, consideraciones éticas y morales.

En relación con este tema, hemos de hacer alusión a una cuestionable decisión del principal partido sostenedor del Gobierno que es un atentado directo a los derechos humanos. Hace unos días, el Pleno del Parlamento Europeo de Estrasburgo aprobó una resolución urgiendo a las autoridades marroquíes al respeto de la libertad de expresión y a la liberación de los periodistas críticos Omar Radi, Suleiman Raisuni y Taufik Buachrine. En esa sesión, los europarlamentarios socialistas españoles, alineándose con las tesis de Rabat (que por cierto ha criticado esa votación parlamentaria), votaron junto a los eurodiputados de Le Pen.

Por si ello no fuera suficiente, el PSOE consuma un giro hacia la defensa de los intereses del vecino del Sur, ya muy explícito con el cambio de postura oficial respecto del Sáhara, con el silencio oficial ante el acoso judicial que sufre por parte de Rabat el periodista español Ignacio Cembrero. El régimen alauita hizo uso de una herramienta, Pegasus, creada por la empresa israelí NSO, que en principio iría destinada a la vigilancia antiterrorista, para infectar los móviles de disidentes internos y vigilar a periodistas molestos. Cembrero lleva tiempo denunciando esa situación, vigilancia de la que han sido objeto, al parecer, políticos como Macron y Pedro Sánchez.

Según las revelaciones de Forbiden Stories, una asociación de 17 influyentes medios de comunicación como The Washington Post, The Guardian, Le Monde, Süddeutche Zeitung… hasta un total de 50.000 números de teléfono han sido ‘hackeados’ en todo el mundo.

Como afirmaba Jordi Juan, director de La Vanguardia, hace unos meses: «Siempre es buen momento para alcanzar un acuerdo [con Marruecos] que garantiza la integridad territorial de España. La soberanía de España, la estabilidad, la gestión de flujos migratorios, la cooperación, la lucha contra el terrorismo, los intereses comerciales». Poco importa, al parecer, que el Gobierno español anteponga sus intereses estratégicos sobre los que puede tener la población saharaui que lleva muchos años esperando poder celebrar el referéndum de autodeterminación que fijaba la ONU, con los sacrificios, entro otros, de las activistas Aminetu Haidar y Sultana Khaya, con sus torturas, palizas y malos tratos. Se ignoran también los levantamientos populares del Rif desde 2011, reforzados por la muerte del pescador Mosen Fikir, en octubre de 2016 (en el Rif, por decir «Viva el Rif», la condena es de cinco años de cárcel). Lamentable.

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