Lo gordo está por salir

Los representantes sindicales de la Autoridad Portuaria, que han elevado las denuncias de irregularidades continuadas en la gestión del Puerto, sugieren que aparte de lo que han podido detectar hay más graves incidencias en las ‘grandes contrataciones’.

De lo gordo no ha salido nada». Es la sorprendente frase (o no tan sorprendente) de los miembros del Comité de Empresa de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) que denunciaron a la Fiscalía las presuntas irregularidades que han sido divulgadas (véase la entrevista que publicamos hoy). ¿Qué será ‘lo gordo’ cuando lo menos gordo ha provocado ya la dimisión de la presidenta de la empresa pública, Yolanda Muñoz? Añaden los representantes de los trabajadores que no han denunciado ‘lo gordo’ porque carecen de pruebas, pero no tienen inconveniente en sugerir que la cosa va por los ‘grandes contratos’. Viniendo de donde viene, es decir, de los agentes sindicales que han logrado documentar una amplia relación de supuestas anomalías investigadas por la Policía y la Fiscalía y que han merecido la admisión a trámite del juzgado correspondiente, estas alusiones no pueden caer en saco roto. Y es que hay una lógica de cajón: si se hubieran prodigado chanchullos en ‘pequeñas’ licitaciones y contrataciones ¿cómo creer que esa dinámica no podría estar extendida a las grandes operaciones, a ‘lo gordo’? En consecuencia, la Fiscalía estaría obligada a empredender una investigación de oficio. 

La primera medida de defensa que pretendió adoptar Muñoz tras conocerse públicamente el informe de la Fiscalía fue encargar auditorías internas y externas sobre los asuntos señalados, lo que fue interpretado por algunos de los propios miembros del Consejo del Puerto como un modo de controlar desde dentro la información, ya que en ese momento no manifestaba intención de dimitir como tampoco de separar de sus responsabilidades al resto de investigados que mantienen cargos en la empresa. La medida, aparentemente a favor de la transparencia, escondía, de una parte, una intención de control (la presidenta se investigaba a sí misma) y, por otra, la pretensión de argumentar su defensa judicial con recursos económicos de la propia entidad investigada. 

Circula por ciertos grupos de WhatsApp una relación de importantes contratos de la APC con empresas que suelen repetirse en las licitaciones de las Administraciones del PP, varias de ellas marcadas con rotulador rojo por atribuírseles en determinados mentideros alguna relación no accionarial con exdirigentes de ese partido que desde hace tiempo se dedican al mundo de los negocios. Son los ‘agentes invisibles’ sobre los que mucho se habla, de los que la pasada semana ya comenté que no parecían detectables en los contratos empaquetados en el informe de la Fiscalía. Pero de la misma manera que se produce la ‘casualidad’ de que para algunos cargos técnicos se acudiera a personas relacionadas con el partido, quién sabe si también en el campo de las grandes contrataciones se dieran similares casualidades, al menos en la intermediación. 

Hay quienes se atreven a pronosticar que lo ‘gordo’ podría ‘salir’ allá para marzo, y también quienes han percibido cierta inquietud en la calle Génova, madrileña sede central del PP, donde no las tienen todas consigo por la posible derivación del caso y su impacto en términos electorales, especialmente en la delicada plaza de Cartagena.

Por eso es tan importante la decisión que tome Fernando López Miras para designar al sustituto de Yolanda Muñoz. El gesto dará lugar inevitablemente a especulaciones muy legítimas. Si decide postergar el nombramiento con una u otra fórmula hasta después de las elecciones, se abrirá en el Puerto una situación de provisionalidad, negativa para los inversores y la continuidad de los proyectos en una palanca de importancia estratégica, amplificando la crisis, pero si apuesta por zanjar ésta, el perfil de la personalidad que destine a la presidencia será examinado con lupa respecto a las tareas que pueda tener encomendadas, si la de tapar la ampliación a otros supuestos de irregularidad o la de poner patas arriba la administración portuaria, caiga quien caiga.

Y es que además de la detección de un rosario de supuestas y continuadas irregularidades, lo que se nos ha permitido percibir con la exposición de esta situación es la existencia de un conflicto interno nada soterrado que afecta a la buena convivencia entre administradores y trabajadores del Puerto. Todo parece indicar que a Muñoz le han faltado las habilidades para empatizar en su entorno profesional y laboral y una buena dosis de humildad para controlar su temperamento. Tal y como estaba el patio, la situación parecía insostenible, con irregularidades o sin ellas. Por tanto, el estado de cosas parece demandar un repuesto que ponga el contador a cero y racionalice la gobernanza de la empresa. La gestión moderna exige de directivos que se olviden del ‘aquí mando yo’ y sepan compartir tareas, objetivos y complicidad en los resultados, y parece que otra limitación de Muñoz ha sido, si atendemos al testimonio de los representantes de los trabajadores, su incapacidad para delegar, así como instalarse en el despliegue del miedo.  

López Miras ha resuelto el problema, hasta ahora, bien y mal. Bien, porque su silencio, para quien sepa leer en política, era bien indicativo de que se iniciaba un tic-tac que necesariamente concluiría con la dimisión de la presidenta imputada. Que finalmente se haya producido así, sin exhibición de lamentos, es justo lo que correspondía. Si la caída de Muñoz no se dio en el momento oportuno, es decir, en el mismo instante en que el juzgado tomó en consideración el informe de la Fiscalía, es atribuible a que la presidenta, a pesar de sus muchos años en la vida política, presentaba una considerable deficiencia de comprensión lectora: todavía emitió un comunicado asegurando que no dimitiría después de que la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, votara por el relevo en el pleno municipal y de que el portavoz del Gobierno, Marcos Ortuño, le indicara el camino de salida con diplomacia vaticana. Tampoco supo Muñoz interpretar la frialdad y distancia con que se pronunciaron algunos de los más relevantes miembros del Consejo de la APC en la reunión de este órgano, y desdeñó casi como cosa personal las más explícita posición de la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, quien, al parecer, estaba decidida a dimitir ella misma de esa función, la de miembro del Consejo, si la presidenta continuaba en su puesto. Ésta necesitó de una entrevista personal con López Miras para que el presidente le ‘aconsejara’ la solución, tal vez sin haber interiorizado hasta ese momento que el Grupo Municipal del PP no habría pedido su dimisión sin el previo beneplácito del jefe regional. ¿Acaso después de que Arroyo resolviera en el pleno como lo hizo cabía concebir nuevas fotos de la alcaldesa con la presidenta del Puerto para animar la campaña electoral? 

Hasta ahí, bien por el presidente. Pero ahora también sabemos que conocía la existencia de posibles irregularidades en la APC a través de una carta que hace más de cuatro meses le dirigió el Comité de Empresa, una comunicación que no obtuvo respuesta. Hasta cierto punto es lógico que cuando has depositado tu confianza en alguien no estés dispuesto a dar audiencia a quien te viene con habladurías ni facilites los puenteos, pero la cuestión era de suficiente importancia, así como la representatividad formal de quienes pretendían ser sus interlocutores, y tal vez se habría ahorrado la supuesta sorpresa de ‘enterarse por la prensa’ si hubiera atendido al principio de responsabilidad y no se hubiera conformado con información de parte. 

Conocido este detalle, nada baladí, López Miras debiera atender a la petición de Podemos de comparecer en la Asamblea para dar minuciosa cuenta sobre lo que sabe al respecto del caso por las posibles informaciones que recabara de la propia presidenta del Puerto, pues cabe deducir que, si bien no respondió a la carta del Comité de Empresa, al menos solicitaría alguna explicación interna o personal de la titular de la APC. Acudir a la Asamblea no debiera ser un problema, y menos cuando el presidente llegaría con los deberes hechos: la dimisión de la responsable del escándalo. 

Aunque hay requisitos que quedan por cerrar: Muñoz, a día de hoy, sigue perteneciendo a la dirección regional del PP y es presidenta de ese partido en Las Torres de Cotillas. Hay por ahí un código ético que exige que los militantes que resulten imputados deben entregar su carné y renunciar a sus cargos orgánicos hasta que se resuelva favorablemente su situación procesal. En este punto todavía andamos con retraso.

Por lo demás, en relación a la comparecencia parlamentaria este caso es indirectamente incómodo para el primer partido de la oposición, el PSOE, cuyo líder, Pepe Vélez, está imputado en un caso relativo a su gestión como alcalde de Calasparra y, sin embargo, permanece en su cargo institucional de delegado del Gobierno.

En este episodio, quien mejor lo ha visto venir ha sido la vicealcaldesa Castejón, quien desde hace tiempo dispone de información de los sindicatos, de manera que se ha ahorrado contribuir a determinadas votaciones en el Consejo, se ha anticipado a pedir la dimisión de la presidenta y le ha plantado cara en ese órgano, además de conducir finalmente a su socia, Arroyo, a la posición más razonable, especialmente para ella misma. No parece casualidad que Castejón presumiera hace poco de no haber asistido a la inauguración de Plaza Mayor, y hoy digan los representantes sindicales en la entrevista que publicamos que esa es una obra que ‘habría que investigar’. El instinto de la exsocialista se ha puesto también aquí de manifiesto. 

Dicen que lo gordo está por llegar, y no es Navidad.

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