Núñez Feijóo pretende jugar a todas las bandas y pescar en todos los caladeros sin reparar que hay algunas donde la bola rebota con fuerza ciclópea y otros en que el riesgo de hundirse es más que probable. Pretende abarcar demasiado. Por tanto, controla muy poco y siempre anda apagando fuegos. Tiene también tendencia a seguir las enseñanzas de Rajoy: no hacer nada hasta que el problema se arregla solo. Lo vimos en Cataluña: eso no funciona. Ahora, con Vox agitando el cotarro del aborto, menos aún.

El resultado superficial es la confusión reinante desde que el vicepresidente castellanoleonés, García-Gallardo (Vox), puso sobre la mesa su famoso protocolo sobre el aborto y el presidente regional Fernández Mañueco (PP) no supo explicar convincentemente qué ocurrirá al respecto. Para terminar de arreglarlo, el Tribunal Constitucional hizo saber que convertía en prioritario resolver en febrero el recurso que interpuso en 2012 el PP contra la ley de interrupción de embarazos. Feijóo se sumó a la neblinosa situación anunciando que ahora acepta los plazos para abortar, cuestionados desde hace doce años por su partido, pero no la supresión del permiso paterno a las menores de 16 y 17.

Ese fárrago deja sensaciones inquietantes. La primera es que, cuando consigue encaramarse a cargos políticos, el partido de extrema derecha no deja de meter palos en las ruedas de cualquier carro que cargue algún avance en derechos legales democráticos. No es problema si para ello ha de importar y copiar de los iliberales húngaros que encabeza Viktor Orbán.

La segunda es que hay un sector social minoritario pero muy ruidoso que no acepta la realidad social que asume el aborto como un derecho (no una obligación) y está siempre dispuesto a boicotear cualquier cosa que le parezca un atentado a la moral (fundamentalmente) cristiana. Hay en esa zona política mucho empecinado negacionismo que intenta forzar la mano a cuenta de sus creencias particulares. Otra más es que hay una cruzada inasequible al desaliento contra el aborto y cualquier tipo de libertad sexual, empujada por Vox y también por notorios miembros del PP, ubicados en el filo de la navaja del límite con la ultraderecha.

La más preocupante de esas sensaciones es la que se ha convertido en realidad gracias al Gobierno coaligado en Castilla y León. Derivada de esa materialización llegó la polémica sobre el protocolo antiabortista que el Gallardo vicepresidente puso sobre la mesa. En el PP, solo Borja Sémper lo descartó sin género de dudas. El resto de la dirección solo echó balones fuera.

Mientras, la dirigencia estatal de Vox se aferra a su baza amenazando con hacer tambalearse el Gobierno de Valladolid: así avisan claramente de lo que puede convertirse en moneda de cambio a partir de mayo si el PP necesita a los ultras para poder gobernar o formar ejecutivo con ellos en otras regiones. En Murcia, por ejemplo.

López Miras debe haber tomado nota. Bien sabe qué riesgos asumiría y los problemas que sufriría si dependiera de José Ángel Antelo para la mayoría de investidura. El teóricamente líder regional de Vox ya está poniendo el listón muy alto a sabiendas de que la radicalidad le da más bazas electorales: la supuesta moderación queda para el PP, aunque se ve arrastrado a posturas más duras para no perder votos por su derecha. A la vista de la ‘línea Feijóo’ y el reciente pasado ‘popular’ de la mano de tránsfugas de todo pelaje y catadura no se sabe muy bien qué se puede esperar de los actuales gobernantes murcianos.

Tras la salida del Gobierno de la exVox Campuzano diciendo que el jefe la había engañado otra vez, el partido ultraderechista también tomará nota: será más difícil de convencer. Y aumentará sus exigencias. Si las urnas le impulsan, claro. Si no, miel sobre hojuelas para el PP.