La ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como ley del ‘solo sí es sí’, ha resultado fallida. No consigue el fin para el que fue diseñada, que no es otro que el de proteger a las mujeres ante agresiones sexuales, y por eso es urgente su revisión y modificación.
Lejos de conseguir el propósito deseado, está provocando el efecto contrario: rebajar penas de los agresores y en algunos casos hasta excarcelaciones. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez se niega a reconocer esta realidad que desprotege a las mujeres y genera una enorme inseguridad jurídica. Sería reconocer abiertamente que legislan a golpe de eslogan y de pancarta, desde el desconocimiento básico de la gestión y el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho y desde la soberbia de no escuchar a los expertos que ya advirtieron de los errores del texto. Esto no tendría mayor alcance si no es porque pone en riesgo la protección de las mujeres que sufren una agresión sexual, al tiempo que ‘empodera’ a sus agresores.
Hay una amplia mayoría social en nuestro país que espera que el Gobierno de Pedro Sánchez asuma el error y rectifique cuanto antes, pero lejos de enmendar la metedura de pata, de grandes dimensiones y graves consecuencias, arremete contra los jueces que cumplen con su obligación de aplicar la ley. Los profesionales de la justicia siempre encontrarán en el Partido Popular el máximo respeto y reconocimiento a la labor que realizan porque junto a ellos, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los profesionales del ámbito social, educativo y sanitario y la unidad de todos los partidos políticos, en España se han dado grandes pasos para eliminar la violencia hacia la mujer.
Desde los primeros planes de acción contra la violencia doméstica, la creación del Observatorio para el seguimiento y análisis de las resoluciones judiciales, o la puesta en marcha de la orden de protección jurídica y policial a las víctimas, son algunas de las acciones desarrolladas durante los Gobiernos del Partido Popular, que culminan con el primer Pacto de Estado contra la Violencia de Género promovido por el gobierno de Mariano Rajoy. En todas y cada una de ellas se ha buscado siempre el consenso y el acuerdo de todas las fuerzas políticas.
De igual manera, en la Región de Murcia se aprobó la ley, 7/2007, de 4 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género; se han puesto en marcha los centros de atención a víctimas de violencia de género, los puntos de atención especializada y los centros de atención integral a víctimas de agresiones sexuales; y el primer Pacto Regional contra la Violencia de Género, impulsado por el presidente Fernando López Miras, como muestra del firme compromiso del Gobierno regional por prevenir y erradicar esta lacra.
Es inconcebible que la incompetencia de una mal Gobierno pueda ensombrecer el trabajo ejemplar de toda una sociedad durante más de 25 años en apoyo y ayuda a las mujeres en su lucha por igualdad. Por ello, desde el Partido Popular instamos al Gobierno de coalición a que, de manera inmediata y por la vía de urgencia, revise esta ley para que, sí o sí, quienes cometan delitos sexuales tengan las mismas penas que antes de su aprobación.
