Sedición y malversación: cortina de humo perfecta

Lo que se suponía que iba a ser una palanca inexorable contra las manías privatizadoras de la derecha cafre encarnada por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha tornado en tsunami arrasador contra las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez. La manifestación de cientos de miles de personas contra las políticas sanitarias en Madrid pareció el punto sobre el que pivotaría el descrédito de la gestión sanitaria derechista: el sistema público de salud no está para bromas en ningún sitio, pero es penosa su situación en Madrid, Murcia, Cantabria, Cataluña…

En todos ellos coinciden las rebajas del gasto público sanitario (como en la Enseñanza), bastante difícil de mantener si a lo que se dedican los gobernantes regionales es a eliminar impuestos para que, dicen, la gente tenga más dinero en el bolsillo, gaste más, etc, etc. Un mantra suficientemente desmentido por la realidad económica.

Sin embargo, el exitoso toque a rebato de los madrileños contra el desmantelamiento del sistema de salud ha sido seguido, casi sin solución de continuidad, por una serie de torpezas gubernamentales, mayormente por precipitación. El cambio propuesto del delito de sedición es una de estas últimas. A este siguió el añadido de la reforma del de malversación. Por si el escándalo para la derecha no fuera suficiente, los errores de elaboración de la ley del ‘solo sí es sí’ han derivado en la ya desaforada campaña derechista gracias a la gasolina gratuita sobre el incendio arrojada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, que olvidó el tacto en su mesita de noche.

Las críticas, por volver al principio del maremoto, al cambio del delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados tienen requilorios. El plausible objetivo oficial es seguir adecuando la normativa española a la europea. Hasta ahí todo parecía perfecto. Pero si los beneficiarios indirectos son los políticos catalanes condenados por sediciosos, la cosa cambia. No importa que la aplicación de la nueva norma pueda producir un efecto beneficioso en Cataluña y siga disminuyendo la tensión (y el independentismo) en ese territorio.

Para la derecha, es otro paso en el desmembramiento de la nación española: un favor del socialcomunismo a los catalanistas por apoyar los presupuestos y ni se sabe cuántas cosas más, todas tendentes a la desaparición de España. Parecería que los críticos con eliminar la sedición pretenden que en Cataluña vayan las cosas cuanto peor, mejor: que aumente la tensión y el descontento para que vuelva a crecer el secesionismo irredento, ahora patrimonio de la derecha local encarnada por los variopintos herederos políticos de Pujol y Mas.

Así, la sedición y la malversación devinieron en cortina de humo perfecta, espesada por la torpeza de Irene Montero, para tapar momentáneamente la protestas por la desastrosa sanidad pública para quienes no pueden pagarse atenciones médicas privadas. Se obvia así temporalmente que esos frémitos encuentran justificación en la imposibilidad del personal sanitario público para prestar atención adecuada a los pacientes por las condiciones laborales escandalosas que sufren.

En Murcia, enseguida caímos en la cuenta de que la reforma de la malversación puede beneficiar a próceres de otro tiempo ahora pendientes de juicio por cometer presuntamente ese delito, entre otros, pues lo hicieron teóricamente sin llevárselo crudo para sus privados bolsillos: Ramón Luis Valcárcel y Antonio Cerdá, notoriamente. Resulta entonces que, a lo mejor, la cosa no es tan mala como parece, aunque beneficie a los odiados catalanes, pues favorece a padres de nuestra cosa patria.

Al presidente López Miras le faltó tiempo para decir que la medida es «vergonzosa y lamentable». Oiremos qué dice si su conmilitón y antiguo predecesor en San Esteban resulta finalmente condenado y beneficiado por la nueva norma. O también si su mentor directo, el imputado Pedro Antonio Sánchez, se viera condenado e igualmente favorecido. Veremos.

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