El Estado de bienestar fue un invento del recién constituido Imperio Alemán a finales del siglo XIX, adoptado después por el Reino Unido de entreguerras, en este caso ante el temor del contagio a Gran Bretaña de la Revolución Bolchevique. Y fue progresivamente incorporado por todos los Estados de la Europa continental después de la II Guerra Mundial.
Tras dos siglos de Revolución industrial, los Estados de este lado del Atlántico encontraron la forma de redistribuir a sus ciudadanos los beneficios inmensos creados por la milagrosa conjunción de capitalismo y progreso tecnológico. No solamente la industria no acabó con el trabajo, como temían los luditas, sino que el aumento de la productividad derivada del progreso material elevó la riqueza, primero de sus promotores, los capitalistas, y posteriormente de todos los ciudadanos proporcionándoles educación pública, sanidad universal y pensiones para la vejez. A partir de ahí se conformó un pacto social que unió a todas las clases sociales de los países democráticos y consolidó una clase media trabajadora mayoritaria, frustrando para siempre el enfrentamiento clasista que preveían (y sin duda deseaban como excusa para acceder al poder absoluto y no abandonarlo) los teóricos marxistas y los militantes comunistas.
No fue la guerra fría lo que acabó derrotando al comunismo de la Unión Soviética, fue la demostración evidente de que un Estado capitalista con amplios beneficios sociales era la plasmación más cercana del ideal universal de convivencia social y progreso material. Los chinos tardaron décadas en incorporar a su sistema de capitalismo salvaje de Estado los beneficios de un Estado de bienestar ya consagrado en Occidente, aunque en el caso chino adolece todavía de profundas lagunas en sanidad y pensiones públicas, que se van solucionando con rapidez.
Por eso da mucha pena estos días contemplar las dificultades a las que se enfrenta este modelo en España, con manifestaciones callejeras protagonizadas por el personal sanitario que, lejos de la cantinela de la manipulación política recitada como un papagayo por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, denotan un problema profundo de escasez de recursos para cumplir una de las promesas más ambiciosas del Estado de bienestar: un sistema de salud universal, gratuito y de calidad. Y es que llueve sobre mojado. Por lo pronto, una de las razones del problema es la escasez de médicos, por el simple hecho de que emigran a otros países, europeos y no europeos, donde los tratan con mayor respeto, tienen menos carga de trabajo y ganan considerablemente más dinero. Conozco un caso cercano de un neurocirujano tentado por un emirato árabe con un sueldo diez veces superior a lo que gana actualmente en un hospital público de nuestro país. La última vez que hablé con él se estaba pensando la oferta. Nadie le podría culpar que la acepte.
No es el caso de este neurocirujano, nacido y formado fuera de España, pero es el caso de muchos otros médicos que emigran a otro país, después de haberse formado en una Universidad pública española, a costa del presupuesto público y, por tanto, con el dinero de todos los ciudadanos. La pregunta es hasta cuando será sostenible una educación gratuita en todos los niveles, una sanidad universal gratuita casi sin restricciones, y un sistema de pensiones generoso, con pensiones contributivas y no contributivas, por no hablar de la renta mínima universal o las a ayudas a la dependencia. Todo muy defendible y elogiable. Pero no sabemos si viable a largo plazo.
Por lo pronto, las pensiones se van a reducir, les demos las vueltas que les demos, aquí y en todos sitios. La causa no es más ni menos que la demografía. La universalización del bienestar, empezando por la sanidad y la educación, significa que la esperanza de vida se ha extendido muchos años, al menos en esta parte del mundo. En Rusia no tienen de momento ese problema, porque la esperanza de vida, a los 63 años, está por debajo de la edad de jubilación, que es a los 64. Pero en España, las cifras son mucho más dramáticas: los jubilados disfrutan de su pensión una media de 20 años, de los 64 a los 84. El envejecimiento de la pirámide poblacional hace que la demanda de servicios médicos se dispare. Esto se une a la natalidad miserable que padecemos en nuestro país desde el invento de la contracepción, la secularización y el progreso del propio Estado del bienestar, que elimina la necesidad de tener muchos hijos para asegurarse una vejez digna.
Si se analiza bien, la situación es un nudo gordiano imposible de deshacer. Si no podemos confiar en que las pandemias, con su exceso de mortalidad vayan a echar una mano significativa al presupuesto público, la única esperanza que nos queda es que la productividad generada por los robots, que suplantarán al trabajador humano, generando los suficientes beneficios (y los impuestos correspondientes) para sufragar las demandas de una población de carne y hueso disminuida y envejecida. Como solución transitoria tenemos a los inmigrantes. Si tomáramos conciencia real del problema que se avecina, ellos no tendrían que jugarse la vida para venir aquí. Seríamos nosotros los que fuéramos a buscarlos al África subsahariana para rogarles por favor que vinieran a trabajar y cotizar. Pero tampoco es una solución a largo plazo. Hablamos en un año en el que la población mundial va a superar los 8.000 millones de habitantes. Pero con la misma certeza que tenemos en ese dato, sabemos que el crecimiento llegará a su cenit antes de que termine el siglo, y después empezará a declinar rápidamente. Tras eso, solo nos quedará la inteligencia artificial y la automatización.
Las protestas que vemos estos días, las llamadas convenientemente ‘mareas’, por su fuerza arrasadora y por su inevitabilidad como fenómeno natural, no han hecho más que empezar. Han pillado con el paso cambiado a la Comunidad de Madrid y su Gobierno está pagando el pato por las ganas que le tiene la izquierda a Isabel Ayuso, pero no nos engañemos: esto es solo el principio del derrumbe del Estado de bienestar que se cierne sobre nosotros. A los médicos seguirán los enseñantes, y a los enseñantes los pensionistas, una vez que pase el período electoral. Y no solo en España o en Francia, sino en todo el mundo Occidental, que lleva presumiendo desde hace décadas de sus logros sociales.
Hay que asumirlo, o hacemos algo radical para solucionarlo o el futuro que no espera es un profundo estado del malestar.
