No podemos bajar la guardia

El pasado viernes los derechos de las mujeres sufrieron un enorme retroceso. Los cincuenta años de avances conseguidos gracias a la lucha feminista fueron pulverizados por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el más conservador y retrógrado de los últimos ochenta años.

Con seis votos a favor y tres en contra, este grupo de personas (seis hombres y tres mujeres) ha hecho realidad el deseo de las organizaciones antiabortistas del país, al dejar sin derecho a decidir sobre sus cuerpos a millones de mujeres. A partir de ahora cada estado decidirá si permite o prohíbe la interrupción del embarazo, pero se prevé que veintiséis de los cincuenta estados lo prohíban en mayor o menor medida. Algunos de esos estados llevan años presionando para que esto ocurra, y tienen preparadas leyes antiabortistas que se están apresurando a promulgar.

Esta medida es un acoso más a los derechos de las mujeres, algo que se inició en la era Trump y que ha ido calando poco a poco en la mayoría de la sociedad estadounidense, donde la presión de los grupos religiosos en muchos lugares del país es cada vez más fuerte.

¿Qué va a pasar con aquellas mujeres, jóvenes y niñas que quedan embarazadas después de una violación? Porque las normas, en la mayoría de los casos, no contemplan excepciones de ningún tipo, ni cuando la mujer es víctima de una violación o en caso de incesto. Tendrán que parir a sus hijos e hijas, fruto de la violencia, sin que se tenga en cuenta las consecuencias que les puede suponer. Tampoco se permite el aborto en el caso de que el embarazo suponga un riesgo para la vida de la madre o de que el feto tenga graves malformaciones.

En definitiva, el cuerpo de las mujeres deja de ser propio para convertirse en un contenedor sobre el que son otros quienes toman decisiones que van a condicionar su vida. Según el texto redactado por el juez Samuel Alito «la facultad de regular el aborto debe ser devuelta al pueblo y a sus representantes electos».

Las organizaciones provida dan todos los derechos al feto por delante de los de las madres, se preocupan por él los nueve meses que dura la gestación. Y todo ello amparados por un sistema que después poco o nada hace cuando el bebé ha nacido. Porque no olvidemos que Estados Unidos es un país donde la política de cuidados es escasa y donde cerca de cuarenta millones de personas viven debajo de la línea oficial de pobreza, la mayoría inmigrantes y familias con menores a su cargo.

Antes del año 1973, cuando se produjo la sentencia del conocido como ‘caso Roe vs Wade’, que supuso la despenalización del aborto, las mujeres interrumpían su embarazo de manera clandestina. Según estudios realizados por organizaciones a favor de los derechos de las mujeres en esa época la cifra de abortos clandestinos que se producían en el país estaba entre 200.000 y 1,2 millones. Los métodos utilizados eran tan peligrosos y agresivos que la tasa de mortalidad debida a estas prácticas era de más de un 20 %, y se producían muchos ingresos hospitalarios por complicaciones provocadas por la práctica de abortos clandestinos y en condiciones de higiene precarias. Un ejemplo de esto se refleja en la novela y la película del mismo nombre Revolutionary Road, en la que asistimos a la acción desesperada de una mujer por interrumpir un embarazo que no desea.

Tras este retroceso los estados más progresistas han decidido mantener la legislación a favor del derecho de las mujeres a decidir. Esto abre una brecha en un país cada vez más dividido, y un abismo entre las mujeres, ya que mientras que algunas podrán permitirse viajar a otros estados para abortar, otras tendrán que cargar con hijos e hijas no deseados, eso si no terminan recurriendo a métodos que pongan en riesgo sus vidas. En ese sentido la portada del diario francés Liberation del sábado 25, es un buen reflejo de la realidad que espera a muchas mujeres tras esta sentencia.

La derogación del derecho al aborto abre el camino a que otros derechos conseguidos tras años de movilizaciones se encuentren en el punto de mira de los ultraconservadores y los grupos más ultraderechistas, el derecho al matrimonio entre parejas del mismo sexo o el derecho al acceso a los anticonceptivos.

Aunque nos pueda parecer que este retroceso nos toca de lejos, esto no es así. Hay que recordar que el Partido Popular recurrió la ley del aborto aprobada por el Gobierno de Zapatero y que el Ejecutivo actual aprobó recientemente una nueva norma para, entre otras cosas, desactivar dicho recurso.

El ascenso de la ultraderecha y de los populismos ha puesto en el disparadero muchos de los derechos por los que las mujeres y otros colectivos llevamos luchando mucho tiempo, solo hay que remitirse a las declaraciones de dirigentes de estos partidos en las campañas electorales recientes, de Castilla y León y Andalucía. Con los tiempos que vienen se hace más necesaria que nunca la unidad de todas las mujeres. Ahora no podemos bajar la guardia.

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