La Opinión de Murcia

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Tribuna libre

Las prácticas negligentes de la administración regional

En una asistencia de las muchas que realizamos a los centros educativos de la región nos encontramos hace poco con la enfermera escolar visitando el centro escolar IES Mar Menor de San Javier para dar una charla sobre higiene postural o salud. En visitas anteriores nos había surgido una duda con un auxiliar educativo sobre la atención a un menor con necesidades médicas y le preguntamos a ella por qué si era ‘enfermera escolar’ y tiene en su zona este centro no atiende la necesidad sanitaria de la alimentación por sonda a un alumno escolarizado en ese centro. Su respuesta fue que esa no era tarea suya, según su coordinador. Nos preguntamos con estupefacción: ¿No era para atender estas necesidades la razón de la creación de este perfil profesional? ¿De quién es entonces responsabilidad esta atención sanitaria, de los auxiliares educativos? ¿No podría atenderse como una visita programada de atención domiciliaria como cualquier otra?

En diciembre de 2017 saltó a la prensa, con bombo y platillo, la noticia de que ochenta colegios de la Región contarían con enfermeras escolares el curso siguiente gracias a una enmienda incluida en los presupuestos regionales presentada por Ciudadanos a propuesta de la Plataforma por la Enfermería Escolar.

Los presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2017 incluirían una partida de un millón de euros destinada a la incorporación de 80 enfermeras a otros tantos centros escolares de la Región (colegios que en su mayoría tenían escolarizados niños con necesidades especiales, enfermedades crónicas, etc) para la implantación de esta figura profesional en la Región, tal y como contemplaba la moción aprobada el 19 de octubre por la Comisión de Sanidad y Política Social de la Asamblea Regional, que recogía la necesidad de la presencia de la enfermera escolar en los 611 centros de infantil y primaria de nuestra comunidad autónoma.

Esta figura, pensada para los colegios, pretendía ser una garantía de seguridad y atención sanitaria preventiva y asistencial para los menores escolarizados, promoviendo tanto la educación para la salud como la prevención de casos de trastornos alimentarios, acoso escolar, drogadicciones, etc.

No había sido un camino fácil, pero parecía que finalmente se había conseguido mejorar la vida de estos niños y de sus familias que veían imposible llevar una vida normal en horario escolar al no tener asegurada su atención sanitaria. Esta atención se hace imprescindible para aquellos casos de niños escolarizados con enfermedades crónicas o necesidades constantes de atención sanitaria, por ejemplo, porque necesitan ser sondados, por llevar una bolsa recolectora por colostomía o por sondas de alimentación para nutrición enteral. 

Sin embargo, esta tarea se estaba exigiendo a los auxiliares educativos que atienden a los alumnos con necesidades educativas especiales en los centros educativos, cuando estos profesionales no son personal sanitario ni tienen formación de ningún tipo.

En las negociaciones entre la Consejería de Sanidad y la de Educación, la primera exigió que estas profesionales estuvieran asignadas y ubicadas en los centros de salud y no en los centros educativos. Con esta sencilla maniobra se había perdido completamente lo conseguido. Al depender de los centros de salud deben asumir muchas de las tareas del servicio de enfermería como atender curas o realizar visitas domiciliarias… quedando relegada la atención a los centros educativos a un segundo plano. Es de sobra conocida la falta de personal que arrastra la sanidad pública. 

Vemos como aquello que parecía conseguido se ha perdido y mantiene, sino agrava, los problemas que en su día promovió esta iniciativa. 

Acabamos en el mismo punto que provocó el problema. Los auxiliares educativos no son personal sanitario y por muy buena voluntad que se ponga, es una gravísima negligencia de los poderes públicos que roza el maltrato institucional, desatender las necesidades sanitarias de los menores a su cuidado.

En multitud de ocasiones se escucha el argumento de que si los padres realizan esa tarea y no son personal sanitario cualificado cualquiera puede hacerlo. Si esta es la razón que justifica la desatención y el intrusismo profesional, podríamos considerar que los padres pueden ser maestros porque ayudan a sus hijos a hacer los deberes o electricistas por poner un enchufe.

La necesidad de unos padres no debería utilizarse nunca para justificar que los poderes públicos actúen irresponsablemente negándole el derecho de una atención sanitaria segura y con garantías a menores con problemas de salud para que estén escolarizados.

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