La Opinión de Murcia

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Tribuna libre

El colapso en medio ambiente

Para conservar el medio ambiente de nuestra Región hacen falta políticos capaces, líderes que tomen decisiones valientes, que crean mínimamente en la conservación de nuestro entorno natural. Pero en este momento estamos justo en las antípodas de lo deseable, probablemente en el peor momento que ha vivido esta Región. ¿Quién hace su trabajo para intentar parar la catástrofe anunciada del Mar Menor? ¿y para recuperar los suelos contaminados por la minería y los graves problemas sanitarios que ocasionan? ¿quién impulsa el desarrollo de las atoradas normas de nuestros espacios protegidos? Nadie.

Y mientras tanto, ¿qué pasa dentro de las direcciones generales de Medio Ambiente, Medio Natural y del Mar Menor?

En las direcciones generales que gestionan nuestro medio ambiente, los constantes cambios jerárquicos (a fecha de redacción de este escrito no hay designado un director general de Medio Natural), la evitación de estas responsabilidades y el miedo a firmar o validar decisiones ‘sugeridas’ sin el suficiente aval científico o técnico o, simplemente sin personal formado para ello, alimentan la inacción. Una estructura improvisada y parcheada, con trabajadores temporales realizando el trabajo que deberían asumir funcionarios de carrera, con jefes provisionales de la esfera política que trabajan a espaldas de las normas más básicas del procedimiento administrativo, es caldo de cultivo para situaciones indeseadas y para el colapso de la administración ambiental.

Creo que nadie lo ha dicho anteriormente: los ecosistemas colapsan y las estructuras administrativas también. La consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias lo atestigua.

Para enmascarar la situación, la consejería ha tenido dos ideas: la renombrada simplificación administrativa y la precarización total de los medios humanos.

La ‘simplificación’ ambiental está consistiendo en algo tan simple como descargar de exigencias a la normativa regional y en no aportar garantías adicionales a la normativa estatal, es decir, en anular o dejar en el mínimo exigible la legislación ambiental autonómica. Estas medidas suelen acompañarse de un anuncio estrella de reducción de plazos de los trámites ambientales, obviamente sin reparar en que no hay personal suficiente para ello; pero esto parece no importar.

En cuanto a la precarización de los recursos humanos dedicados a garantizarnos un medio ambiente digno, la línea es aún más autodestructiva. Téngase en cuenta que para las normas de obligado cumplimiento y gran trascendencia para el medio ambiente de la Región de Murcia, el legislador, ante la posibilidad de inacción de inoperatividad, incluye explícitamente en los textos legales la obligación de destinar los recursos humanos capaces y suficientes para su aplicación, es decir, de dotar a la administración de funcionarios capacitados e independientes para ello. Esto sucede con la Ley del Mar Menor, la normativa de Evaluación Ambiental o la Ley regional de Protección Ambiental Integrada.

No obstante, la estrategia que se sigue es justo la contraria. Desde hace lustros se viene advirtiendo la escasez de personal. El aumento de la complejidad de la gestión ambiental de las últimas décadas se ve, por contra, acompañado de un envejecimiento del escaso cuerpo funcionarial de carrera apoyado por un grupo de trabajadores interinos, muchos de ellos con contratos por periodos de nueve meses o un año renovable, que gestionan las solicitudes de los ciudadanos, de la industria o de auge de las renovables o los asuntos relacionados con el Mar Menor.

El caos organizativo, la rotación de los puestos de responsabilidad en las direcciones generales buscando respuestas sencillas a problemas complejos, el mal ambiente laboral que dichas actuaciones vienen provocando en los últimos años, han paralizado áreas temáticas completas, ocasionando dimisiones silenciosas y situaciones extremas, con el personal sometido a evaluación de los riesgos psicosociales derivados de la situación y las empresas llamando a teléfonos de los que no obtienen respuesta.

Vivimos unos días en los que los políticos con responsabilidades en el Gobierno regional muestran su impotencia ante la realidad que los envuelve. La culpa es de los demás, sea el cambio climático, el maltrato del Gobierno central, el candado de acero presupuestario de la consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital o cualquier excusa que sirva para escurrir el bulto. Un responsable político que sea incapaz de impulsar medidas que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía, debería replantearse su permanencia en el Gobierno regional.

Nadie es imprescindible.

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