Indi-gestión de la Dirección General de Medio Ambiente: una mirada crítica desde el ecologismo

El próximo mes de agosto se cumplirán tres años desde que el actual director general de Medio Ambiente tomó posesión del cargo; es hora de hacer balance. 

En primer lugar, el actual titular no ha hecho nada que se sepa por mejorar la estructura de su dirección general, se mantiene el decreto que la regula, que es del año 2010, sin que se haya producido cambio alguno. Por otro lado, nadie está en su sitio, es decir, no se corresponde el puesto de estructura asignado a los jefes de servicio y otros funcionarios, con las funciones realmente desempeñadas, debido al abuso de los desempeños de funciones. El hacinamiento de su personal en los despachos puede constatarse a simple vista. 

En Evaluación Ambiental, una vez sustituido casi todo el personal con experiencia por personal inexperto, la gestión ha consistido en meramente aprovechar la ‘estela’ del trabajo iniciado en años anteriores a su mandato, pero aumentando el colapso y la acumulación de expedientes. Al parecer, por parte del director general se pretende eximir de la obligación de dar conformidad a los informes y propuestas de los técnicos, la mayoría interinos. Además, deberían ponerse medidas para conseguir evitar las presiones que sufren los técnicos y técnicas de su dirección general, debido a las repetidas llamadas directas procedentes de la última planta de la consejería interesándose por expedientes concretos.

Para el Servicio Jurídico se reclutó como jefe a un funcionario sin experiencia en la materia que solo duró un año y tras muchos meses sin cubrir la plaza, se adjudica a otra funcionaria también sin experiencia en legislación medioambiental. Los asesores jurídicos que lo integran son todos interinos y tienden a marcharse. Años atrás este servicio contaba con hasta cuatro puestos de asesores cubiertos por funcionarios de carrera.

En cuanto al desarrollo normativo, el balance se puede calificar de pobre, solamente se han producido varios cambios (la mayoría inocuos o regresivos) de la Ley de Protección Ambiental Integrada y, en cambio, permanecen en un cajón o se tramitan con una lentitud exasperante proyectos de decreto sumamente necesarios, como el que debe actualizar la regulación de las entidades colaboradoras o como el que ha de regular las autorizaciones de vertido al mar.

En las actuaciones previas para determinar la responsabilidad ambiental instadas por la Fiscalía por daños al Mar Menor, el varapalo del Tribunal Superior de Justica ha sido de campeonato. 

Sobre residuos no conocemos iniciativa alguna de relevancia. El cumplimiento del Plan de Residuos vigente es insignificante. Su actualización duerme en el sueño de la evaluación estratégica. Al incumplimiento por parte de Murcia de la Directiva de Nitratos se sumará, sin duda alguna, el de la Directiva de Residuos. Sobre los suelos contaminados no se logra salir del atolladero de los expedientes heredados (Jenny-Los Blancos, El Hondón, Zincsa).

Sobre contaminación atmosférica debería ofrecerse información actualizada sobre la idoneidad y suficiencia de las infraestructuras regionales de medición de la Red Regional de Vigilancia.

En Inspección Ambiental las carencias de personal endémicas se perpetúan. Desde el anterior Plan de Inspección publicado en junio de 2013, se han tardado ni más ni menos que nueve años en aprobar uno nuevo, que es prácticamente copia del anterior. Esperemos que en los programas para su desarrollo se sea más ágil.

En Autorización Ambiental Integrada, la regularización de las explotaciones ganaderas sin la previa evaluación ambiental merece un capítulo aparte.

La Ley estatal del año 2006, que regula el acceso a la información en materia de medio ambiente, es como si no existiera. ¿Cuándo se piensa cumplir las obligaciones de difusión de la información ambiental de forma ordenada y sistemática que dicha Ley exige? ¿Para cuándo el informe sobre el estado del medio ambiente regional completo, que es obligatorio publicar cada cuatro años? ¿Se les ha pasado por la imaginación la necesidad de un plan regional de educación ambiental?

Para finalizar debemos reconocer que hay una cuestión en la que el director general y su consejero destacan sobremanera, y es no saber comunicar sus logros, si es que los hay, y sobre todo derivar en otros su propio fracaso. A leer unas recientes declaraciones de don Francisco Marín Arnaldos a este periódico, nos quedamos con la sensación de que los problemas que arrastra su departamento son culpa de los ciudadanos que denuncian mucho, de los jueces y fiscales que controlan y sancionan la legalidad de la actuación de las Administraciones y, por supuesto, de las voces que denunciamos el estado de calamidad ambiental en el que se encuentra esta Región (no solo el Mar Menor). Si la situación de su dirección general le sobrepasa, puesto que afirma que «no hay dios que la gestione», coja el teléfono, llame a su consejero, y dígale que busque otro, a ver si los murcianos tenemos más suerte la próxima vez.

De manera muy resumida, este es nuestro particular balance, el de ciudadanos implicados en la defensa del Medio Ambiente, el de una organización que trata de dar voz a las inquietudes de la ciudadanía, dedicando innumerables horas de forma altruista a facilitar la comprensión de los problemas ambientales y dar acceso a las vías normalizadas para preguntar, conocer y exigir derechos, como son el acceso a la información y la transparencia de las Administraciones, únicos medios con que cuenta la sociedad para defender el patrimonio común y sus valores.

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