Ya es una indignidad que Pedro Sánchez haya comprado con los indultos el apoyo de los independentistas catalanes a sus Presupuestos y, con ello, su mantenimiento en el poder. Que además, con tal de no molestar a sus socios, haga tan escandalosa dejación de su obligación de, no solo cumplir y hacer cumplir las leyes, sino proteger los derechos fundamentales de una familia y un niño en Cataluña, traspasa todas las líneas rojas.

Es de una indecencia absoluta abandonar a un niño de cinco años que está siendo objeto de una miserable campaña de acoso y amenazas por parte de los separatistas, solo porque sus padres han pedido en Canet de Mar que se cumpla su derecho, ratificado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a recibir un 25% de clases en español. Un abusivo hostigamiento que incluye la difusión de datos personales de la familia, acompañado del vacío y el señalamiento al menor durante las clases. Todo con la aquiescencia y el aliento del Gobierno independentista catalán.

A ese extremo ha llegado el veneno del nacionalismo catalán, que una vez más cuenta con el vergonzoso silencio cómplice del Gobierno de Sánchez. Un presidente del Gobierno digno de tal nombre, que además es padre de dos niñas, debería dirigir sus esfuerzos en proteger a este niño y a su familia y en dar todas las herramientas legales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para acabar con este impúdico ensañamiento.

Es este un Gobierno que proclama a los cuatro vientos su sensibilidad y preocupación por los más vulnerables, pero a la hora de la verdad deja tirados a los que más protección necesitan: los niños. Llueve sobre mojado: también ha dejado abandonadas a las niñas tuteladas víctimas de explotación sexual en Baleares, a la menor abusada por el marido de Mónica Oltra mientras el Gobierno socialista valenciano lo ocultaba, y al niño de una indultada por el propio Gobierno social-comunista, que ocultó agresiones sexuales. Y siempre para proteger espurios intereses políticos.

¿Es este el Gobierno que defiende a los más desfavorecidos? Lamentablemente, no solo no les respalda, sino que les desampara. Por cierto, cabría preguntarse qué opina el nuevo secretario general del PSRM, el señor Vélez, del abandono del Gobierno central al niño de Canet de Mar y su familia. Porque el delegado de Pedro Sánchez en la Región, últimamente muy hablador, ha manifestado su posición sobre casi cualquier asunto, divino o humano, pero acerca de este intolerable atropello y la dejación de funciones de su valedor no ha dicho esta boca mía. Pero seguramente tendrá ocasión de hacerlo pronto.

Porque desde el Partido Popular no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Llevaremos iniciativas a la Asamblea y a los Ayuntamientos para condenar la campaña de acoso dirigida por entidades radicales separatistas y la propia Generalitat contra el menor de cinco años y su familia de Canet de Mar. Instamos a las instituciones a garantizar la integridad y el interés superior del menor, que debe primar y guiar cualquier actuación pública en defensa de sus derechos, conforme a la Declaración Internacional de los Derechos de la Infancia. Denunciamos esta especie de ‘apartheid’ moderno que va en contra de los más fundamentales Derechos Humanos y del Niño, que no debe ser consentido por ninguna institución pública en una democracia como la española.

Además, si el Gobierno de Sánchez sigue sin actuar en defensa de la ley, el Partido Popular acudirá a los tribunales para recabar la tutela judicial efectiva. Denunciará por desobediencia a la Generalitat de Cataluña si Sánchez no le obliga a cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que garantiza la libertad educativa y lingüística, o no ejerce su responsabilidad constitucional con la aplicación de un 155 educativo, en parecidos términos a como hizo Felipe González en 1989 con la autonomía de Canarias. Para ello, Pedro Sánchez cuenta con los senadores del PP para aplicar la Constitución y ejercer las competencias educativas.

Si Sánchez, a cambio de asegurarse continuar el poder, prefiere seguir mirando a otro lado y no ejerce su obligación de garantizar el cumplimiento de las sentencias y defender los derechos y libertades de todos, esa actitud tendría un nombre: prevaricación.