Desde el inicio de la Comunidad de Murcia, la relación de los grupos ecologistas con los dirigentes políticos regionales ha sido tensa, tirante e incluso de abierta hostilidad, dada las diferencias profundas en el diagnóstico y en las medidas necesarias para la conservación de medio ambiente y los recursos naturales. 

En cambio, han sido frecuentes los contactos y permanente la colaboración con los funcionarios de las distintas consejerías que han tenido las competencias en materia de medio ambiente, pues en definitiva son los que proponen y aplican las distintas medidas y actuaciones, y tramitan los distintos procedimientos, muchos de ellos de tipo sancionador iniciados por denuncias nuestras. De ese conocimiento personal a lo largo de más de cuarenta años hemos constatado su dedicación, profesionalidad y su profundo conocimiento de los problemas ambientales de la Región y de sus soluciones. No quiere esto decir que no existan diferentes planteamientos y puntos de vista. Entendemos que los funcionarios, sean del departamento que sean, tienen la obligación de colaborar en el cumplimiento del programa de gobierno del partido o partidos elegidos democráticamente, y en todo momento deben, conforme a la Constitución, «servir con objetividad los intereses generales».

Pues bien, a lo largo del tiempo hemos observado y ellos mismos nos han trasmitido las enormes dificultades de su labor (gran número de interinos a los que se les atribuye importantes responsabilidades; continuos cambios de consejería; dependencias inadecuadas; gran volumen de trabajo y grandes carencias en la implantación de la administración electrónica; estructura orgánica pírrica y anquilosada, etc.). En realidad, esta es la penosa situación de toda Administración Publica Regional, no solo la de la consejería competente en medio ambiente.

Lo que resulta ya preocupante e incluso alarmante es la política de personal (por llamarla de alguna manera) del actual consejero (Antonio Luengo) y de su brazo ejecutor (Víctor Martínez, secretario general), que venimos denunciando con insistencia. Estos responsables políticos, tal vez azuzados por la patronal murciana, se han dedicado a ‘depurar’ de manera concienzuda e irresponsable su propia consejería, en especial las direcciones generales de Medio Ambiente y de Medio Natural. ¿Y cómo lo han logrado? Muy fácil. Con el peor estilo y sin modales han ido de manera paulatina pero sistemática expulsando, apartando o arrinconando a los funcionarios con mayores conocimientos y experiencia, situando al frente de los servicios a los más dóciles y menos preparados, usando y abusando de las ‘libres designaciones’. En ocasiones, han sido esos mismos funcionarios los que desilusionados y hastiados han pedido el traslado.

Ejemplo paradigmático ha sido el caso del nombramiento de la jefa del servicio jurídico de la consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, funcionaria de la Administración Local, que sin reunir los requisitos para ese puesto sigue desempeñándolo, a pesar de que su nombramiento fue anulado por una sentencia de juzgado de los contencioso número 4 de Murcia. ¿Es que no cuenta la Comunidad autónoma con un Cuerpo Superior de Administradores, entre los que elegir a un candidato o candidata preparado y competente? ¿Es que no cuenta esa consejería con profesionales del Derecho, expertos en agricultura, ganadería, pesca y medio ambiente? Pero, claro, para el señor Luengo y el señor Martínez Muñoz es prioritario que el tema jurídico quede atado y bien atado y que, por tanto, determinados puestos sean ocupados por funcionarios con los que tengan afinidad ideológica y personal.

Otro caso sangrante es el de otra funcionaria de prestigio y de larga experiencia en la dirección general de Medio Ambiente, que traslada a la dirección deneral del Agua para tramitar los expedientes de restablecimiento de la Ley del Mar Menor, fue apartada sin mayores explicaciones en el momento en que los obligados a su cumplimento sentían en peso de la Ley y se les privaba de las subvenciones y ayudas, poniendo un su lugar a una funcionaria interina de mucha menor experiencia.

También en la dirección general de Medio Natural son varios los casos de funcionarios que, por emitir informes que no han gustado, han sido apartados de sus puestos o trasladados de manera obligada.

La extensión de nombramientos discrecionales de altos funcionarios en base a su afiliación política por el Gobierno regional es alarmante. A este proceso de contaminación política de la Administración regional tampoco se ha escapado la dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, a la que el Gobierno utiliza constantemente para usos partidistas. Ejemplos de actuaciones de este órgano de asesoramiento jurídico siguiendo los dictados políticos del Gobierno son innumerables; por citar algunos, la personación de la Comunidad autónoma en el ‘caso Topillo’, la reiterada interposición de recursos contenciosos administrativos contra las decisiones sobre el trasvase Tajo-Segura, todos desestimados por los tribunales con imposición de costas pagadas por los murcianos, o la reciente denuncia de la Comunidad contra la ministra de Transición Ecológica por el Mar Menor.

Y se preguntará el lector el porqué de nuestro interés por los funcionarios en general y los de medio ambiente en particular. La respuesta es obvia: sin un cuerpo funcionarial independiente, profesional, reconocido y respectado por la clase política y por la sociedad , es imposible que los residuos se gestionen correctamente, que los gases contaminantes de la atmósfera no perjudiquen nuestra salud, que las obras y proyectos con incidencia ambiental se autoricen y evalúen adecuadamente, que nuestros espacios naturales, flora y fauna silvestres, montes y vías pecuarias se protejan y conserven, y que nuestro territorio sea bien planificado y utilizado.

 ¿Y qué decir de la catástrofe ambiental acaecida en nuestro Mar Menor? Si en vez de destruir y banalizar la administración ambiental, tuvieran en cuenta los análisis y las propuestas de los propios funcionarios de la casa con más experiencia y mejor preparados, a lo mejor se olvidarían de ocurrencias tales como reclamar al Estado competencias en recursos hídricos y costas, denunciar a la ministra de Transición Ecológica o empeñarse en dictar leyes y más leyes con finalidad propagandística.