Una ley para los agricultores

El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista y enmarcada en el compromiso del Gobierno de España de respaldar las reivindicaciones de agricultores y ganaderos en la defensa de precios dignos para sus productos.

El proyecto de ley aprobado que modifica la Ley de cadena alimentaria de 2013 contempla la transposición de la Directiva Europea sobre prácticas comerciales desleales, y ahora pasa al Senado para finalizar su tramitación, tras ser aprobada en Comisión con competencia legislativa plena.

Uno de los objetivos de esta reforma es dar mayor transparencia a su funcionamiento y a los precios, consiguiendo un equilibrio del funcionamiento de la cadena en todos sus eslabones, especialmente para agricultores y ganaderos, por ser el eslabón mas débil, de forma que haya un mejor reparto a todos los niveles y mas poder de negociación tanto a agricultores como a ganaderos.

El Gobierno de Pedro Sánchez pretende proteger con esta iniciativa al sector primario, atendiendo sus reivindicaciones con la finalidad de conseguir una redistribución mas equitativa y transparente entre todas las partes de la cadena alimentaria, desde productores de materia prima hasta el consumidor. 

Tras la aprobación a principios de 2020 medidas de urgencia mediante decretos ley, atendiendo a las reivindicaciones de agricultores y ganaderos de precios justos, la modificación de la Ley de 2013 que contempla el proyecto de ley aprobado esta semana pasada amplia su ámbito de aplicación, generaliza los contratos por escrito, prohíbe nuevas practicas comerciales desleales y actualiza infracciones y sanciones. Sin duda, se ha conseguido una Ley mas justa y equitativa mediante la protección de los operadores que ocupan una posición mas débil.

El problema del desequilibrio en la cadena agroalimentaria no es exclusivo de España, sino una realidad compartida por todos los estados de la Unión Europea. A este respecto, el Gobierno considera imprescindible y prioritario perseguir las prácticas desleales que generan situaciones de desequilibrio entre los operadores y que comprometen la capacidad de negociación de agricultores y ganaderos. De esta manera se logrará dinamizar el mercado e impulsar el reparto equitativo del valor añadido. 

Con este nuevo impulso de la ley, no solo se verán beneficiadas las operaciones internas, sino también las relaciones comerciales en el ámbito comunitario de la Unión Europea, siempre que no se aplique la legislación de otro Estado miembro. 

También aplicarán sus prohibiciones y sanciones en las relaciones de un operador establecido en España y otro de un tercer país. En cuanto al ámbito material, además de los alimentos y productos alimenticios, se contemplan las materias primas y otros productos contemplados en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Se ampliarán los supuestos en los que es obligatorio hacer contratos por escrito hasta la práctica totalidad de las operaciones. También se incorporan practicas comerciales desleales que, a día de hoy, no se contemplan en la legislación española, fruto de la transposición de la directiva europea.

Se incorpora nuevas infracciones para asegurar la mejor aplicación de la norma. Cabe señalar la cancelación de un pedido 30 días antes de la fecha de entrega, la obstrucción de la inspección o exigir pagos adicionales sobre los precios pactados.

Se reconocerá a la (AICA) Agencia de Información y Control Alimentario como autoridad de control de lo dispuesto en la Ley en el ámbito nacional. Será, además, punto de contacto y cooperación con otras autoridades y la Comisión Europea.

Todas estas novedades se suman a las introducidas en 2020 como respuesta urgente a la grave situación en que se encontraba el sector primario y donde se incluyeron algunos cambios fundamentales:

Cada operador de la cadena alimentaria debe pagar al operador inmediatamente un precio igual o superior al coste efectivo de producción, lo que implica de facto que los precios se fijen de abajo hacia arriba y el reparto del valor sea mas justo.

Los costes de producción tienen que ser la base de la negociación de los contratos escritos y se obliga a incluir en los contratos alimentarios la indicación de que el precio pactado cubre los costes de producción.

La modificación de la Ley de 2013 nace para mejorar la situación de todos los agentes implicados en la cadena alimentaria, es la prueba mas clara del compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez y del Partido Socialista por mejorar la grave situación que durante décadas llevan sufriendo agricultores y ganaderos por unos precios mas justos. 

El Gobierno de España se ha reunido en varias ocasiones hasta llegar a un consenso con todos los agentes implicados, además de con el resto de grupos políticos con la finalidad de solventar los problemas que genera esta situación, en este caso a todos los sectores implicados en la cadena alimentaria. 

Por el contrario, el Gobierno de Fernando López Miras solo utiliza al sector primario como arma electoral sin importarle la grave situación que sufren durante décadas fruto de la inacción política de los distintos gobiernos del Partido Popular durante las ultimas décadas. Prueba de ello es la situación de secuestro que vive la Asamblea Regional con la complicidad de un grupo de diputados tránsfugas en los que se encuentra el presidente de la Asamblea Regional. Esta situación, además de vulnerar los valores democráticos e incumplir el mandato de la ciudadanía de mayo del 2019, impide desarrollar las funciones de esta institución, que no es otra que impulsar leyes y controlar la acción del Gobierno regional.