Opinión | Con eco
Bernar Freiría
Supremo varapalo
«España tiene la obligación de borrar los antecedentes penales [del exjuez Garzón] y de proporcionarle una compensación adecuada por el daño sufrido». Resolución del Comité
de Defensa de los Derechos Humanos de la ONU.
En mi santoral laico privado nunca he reservado lugar de culto a Baltasar Garzón, hombre de claroscuros, con logros importantísimos en su haber, pero cuyo gusto por las peanas lo ha llevado a pilotar instrucciones de sumarios de relumbrón con un resultado escueto, como la Operación Nécora. Su paso por la política y la frustración por no haber alcanzado una cartera ministerial dicen que fue el impulso que lo llevó a resucitar el Caso GAL. Que también saltó a instancias internacionales donde cuestionaron su instrucción. En todo caso, la resolución del Comité de Defensa de los Derechos Humanos en contra del Tribunal Supremo que condenó por prevaricación y expulsó de la judicatura a Garzón es un enorme varapalo al más alto tribunal español. Y eso duele. Al menos a los que queremos creer en la Justicia.
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