Mercamurcia. Presunto fraude de fijos discontinuos

Puede un trabajador ser considerado como fijo-discontinuo cuando está de alta en la Seguridad Social los 365 días del año durante trece años ininterrumpidos? ¿Es aceptable que sea una empresa pública la que imponga estas condiciones laborales y, además, tome represalias contra los empleados que denuncian dicha situación?

Es lo que ocurre en Mercamurcia, una empresa pública participada en un 51% por el ayuntamiento de Murcia que se dedica a la actividad de matadero y que mantiene a trece trabajadores, de una plantilla total de cuarenta personas, como trabajadores fijos-discontinuos con alta ininterrumpida desde hace años, sin descanso semanal ni festivos ni vacaciones anuales; condiciones laborales escandalosas consentidas por los gobiernos municipales del PP en la capital y que el nuevo gobierno del PSOE no termina de corregir, lo que escandaliza más, si cabe, a pesar de las advertencias de la propia Inspección de Trabajo.

Creíamos haberlo visto todo en materia de precariedad laboral en la Región de Murcia: situaciones de abuso en empresas del campo o condiciones extorsionadoras impuestas por fondos de inversión que compran empresas del sector industrial, como el caso de SECOM-Iluminación que denunciamos hace unas semanas en esta misma columna, pero es evidente que apenas rascamos la superficie. Cada caso es más sorprendente que el anterior y este, además, implica a la propia Administración municipal.

Hay que insistir una vez más: acabar con esta precariedad debe ser un objetivo imprescindible y necesario de la recuperación económica y social que tanto se predica, porque lo cierto es que los trabajadores/as siguen pagando las crisis y no se benefician de las recuperaciones. Los datos lo corroboran, diga lo que diga López Miras.

Por ejemplo, el abuso y presumible fraude de la modalidad de contratación fija-discontinua en los contratos indefinidos es más que evidente en las estadísticas del SEPE. El último dato de mayo pasado indica que el 47% de todos los contratos indefinidos son fijos-discontinuos mientras la media estatal es del 16,4% (en mayo de 2019, un 58%-15% respectivamente). Si a esto le unimos el dato de percepción salarial que muestra que casi la mitad (44%) de los asalariados de nuestra región cobran como máximo el SMI frente al 30% que lo percibía antes de la crisis de 2008, la conclusión es evidente: con cada crisis, los trabajadores/as se empobrecen y su precariedad incrementa los beneficios de otros. No es demagogia, son datos.