El pasado jueves el Parlamento Europeo se ponía claramente del lado de las mujeres aprobando una Resolución sobre el derecho al aborto legal y seguro. La iniciativa exige la despenalización en todos los Estados miembros de la UE, además de hacer un llamamiento para una educación sexual adecuada en las escuelas y el acceso al tratamiento de fertilidad sin discriminación, especialmente para las mujeres solteras y las parejas del mismo sexo. Noticias que le alegran a una hasta el día más negro.

Mientras, el mismo jueves, pero esta vez en nuestra Región y dentro de la Asamblea Regional, las tres derechas votaban a la vez para tumbar una moción con la que pretendíamos que se ofreciera un trato digno a las mujeres murcianas durante el proceso de una interrupción de embarazo voluntaria o forzada por cuadros de malformaciones fetales u otros problemas graves de salud y, una vez más, con sus votos, excusas y duras argumentaciones, volvían a pisotearlas sabiendo incluso que algunas de las afectadas estaban manifestándose en la misma puerta.

Tal y como avisé, he tomado aire para seguir gritando.

Atrás parece haber quedado el escándalo que destapaba un programa de televisión nacional hace unas semanas dando voz a los duros testimonios de cuatro mujeres murcianas que dejaron al Gobierno de esta Región y al Servicio Murciano de Salud en la más absoluta evidencia sobre su nula gestión e incumplimiento de la ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y para la interrupción voluntaria de embarazo. Los hechos eran de sobra conocidos y habían sido denunciados anteriormente, tanto por ellas, como por la Asociación de Usuarios de la Sanidad Pública Murciana, nuestro propio Grupo Parlamentario y distintos medios regionales, pero el silencio más vergonzoso, junto a la imposición ideológica de quienes mandan en este cortijo, ha seguido imperando por encima incluso de pruebas irrefutables, testimonios de abusos, leyes y derechos.

Llevamos meses denunciando el maltrato al que están siendo sometidas las mujeres murcianas que deben someterse a una interrupción de embarazo por criterios médicos, siendo expulsadas sistemáticamente de la sanidad pública y enviadas a centros privados con los que no se tiene establecido ningún tipo de concierto y de los que el propio consejero, Juan José Pedreño, llegó a reconocer por escrito que «no existe ningún control sobre la calidad asistencial que se da en ellos» y los cuales, tras escuchar los demoledores testimonios de estas mujeres, han quedado completamente en entredicho. Para que todo el mundo lo entienda, se las abandona desde el mismo momento en el que les dan la noticia de que sus bebés vienen con una serie de problemas muy graves que son incompatibles con la vida y se ven obligadas a tomar la decisión de interrumpir sus embarazos. No se les ofrece acompañamiento psicológico ni control asistencial durante el proceso y sin más razón que una ilegal y falsa objeción de conciencia en bloque, se las expulsa de todos nuestros hospitales públicos, en los que quiero recalcar que existen medios y profesionales disponibles y más que preparados para atenderlas, dejándolas completamente solas en un momento de total vulnerabilidad emocional. Cabe recalcar que algunas de estas clínicas a las que son derivadas están situadas en la Comunidad de Madrid y que cuando vuelven de ellas, en caso de que lo reclamen, les meten en el bolsillo 40 euros por día de estancia, 15 para los bocatas y 25 para la pensión. Les pido que se pongan por un momento, si su empatía se lo permite, en la piel de cualquiera de estas mujeres.

La enmienda a la totalidad que fue aprobada por los tres partidos que conforman el Gobierno regional y que cada vez parecen más el mismo, es ambigua y utiliza frases no concluyentes del tipo: «procurar que los tratamientos sean ofrecidos por el Sistema Sanitario Público» o «continuar trabajando en el desarrollo de protocolos». Dado que los testimonios de las afectadas, las pruebas aportadas y las propias declaraciones del Jefe de la Unidad Materno Fetal del Hospital Virgen de La Arrixaca, el que se definía a sí mismo como «ginecólogo cristiano» (así como si el dios en el que decida creer un médico tuviese por qué justificar el incumplimiento de sus funciones o las leyes), reconocían que «el Sistema Murciano de Salud no realiza ninguna de estas intervenciones y que ha fallado a estas mujeres», ha quedado claro que lo que es trabajar para defender su dignidad, poco se está trabajando en esta Región. Por lo tanto, no caben ambigüedades en cuestiones que afectan a la salud y la libertad de elección de cada mujer, solo ser tajantes y cumplir la ley, tal y como está establecida, para defender los derechos de todas ellas y de cualquier otra que decida libre y voluntariamente interrumpir su embarazo por decisión propia, cada una con sus circunstancias y que deberían ser siempre respetadas. Absolutamente todas.

Lo que está ocurriendo en la Región de Murcia no solo es violencia obstétrica, que les aconsejo que busquen su significado si es que aún no lo conocen, es una ilegalidad y debería estar penada porque, como ya he apuntado en varias ocasiones, es un claro maltrato institucional, consentido y silenciado durante años y que sufren una media de 170 mujeres murcianas al año a las que todavía no ha tenido ningún miembro del Gobierno regional la decencia de mirar a los ojos o pedirles perdón.

Después de lo escuchado y votado el jueves en la Asamblea Regional y de ver el escaño vacío de la consejera de Mujer e Igualdad, Isabel Franco, mientras era debatida esta propuesta y tras habernos demostrado que se ha convertido en cómplice de este vergonzoso silencio institucional y que es capaz de blanquear y compartir sillones con quienes niegan las violencias machistas, es más que probable que ella y todo su Gobierno pretendan seguir permitiendo estos hechos, pero vuelvo a avisar que no pararemos de gritar hasta que esta situación cambie y todas las mujeres murcianas sean tratadas de forma digna y en los centros sanitarios públicos de nuestra Región. Que nadie espere que el silencio vuelva a imponerse porque seguiremos gritando para exigir el cumplimiento de la ley y un aborto libre, seguro, gratuito y público para todas.

No vamos a dar ni un paso atrás.