Estos días hemos podido saber por los medios de comunicación que el PSOE ha presentado una denuncia o una querella, no sé exactamente, contra el presidente de la Comunidad Autónoma y algunos miembros del Ejecutivo Regional.
Según el medio que se lea, se trata de una cosa o de otra. En cualquier caso, ambas figuras del derecho procesal no son exactamente lo mismo, aunque sí tienen el mismo objetivo: que se investiguen unos hechos presuntamente delictivos. La querella requiere la intervención de abogado y procurador, mientras que la denuncia, no, por lo que me inclino a pensar que se trata de ésta última. No es probable que los denunciantes hayan podido encontrar un abogado dispuesto a hacer el ridículo firmando una querella contra el inquilino de San Estaban por remodelar el Gobierno regional, nada más y nada menos, y nombrar los consejeros que ha estimado oportuno. En Murcia sólo hay un letrado que es capaz de ello con tal de salir en los medios, pero él ya presentó su denuncia y se la han desestimado.
El asunto podría ser divertido si no fuese porque el gran problema de la Justicia española, y de la murciana en particular, es que está prácticamente colapsada. Cuando hay personas que llevan más de diez años esperando que se les juzgue, hacer perder el tiempo a los jueces usándolos como instrumento para la descalificación política del adversario, pese a que no exista ningún indicio de delito como ocurre en este caso, es inaceptable. Así es que el asunto tiene poco de jocoso y mucho de escandaloso.
Los delitos que pretenden imputarle a López Miras, siempre según lo que dicen los medios de comunicación, serían los de cohecho y prevaricación. En el caso del primero, dada la condición de autoridad pública del denunciado, debe de referirse al cohecho pasivo impropio del art. 420 del Código Penal (se le acusaría de haber «cobrado en votos» por el nombramiento de ciertos consejeros). En cuanto a la prevaricación, no hay duda que se refieren al art. 404 del citado Código (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es).
Si tenemos en cuenta que, según la web de la Asamblea Regional, Diego Conesa es licenciado en Derecho y abogado (lo primero es condición sine qua non para lo segundo), no cabe pensar que los promotores de la denuncia hayan recurrido a la Justicia por pura estulticia, salvo que el aprovechamiento académico del líder del PSRM-PSOE en sus años de estudiante universitario fuera, poco más o menos, como el del Bachiller Trapaza cuando estudiaba en Salamanca.
Conesa, que tanto visita últimamente los juzgados, debería saber que el presidente tiene atribuido por ley la facultad de «nombrar y cesar en sus cargos al vicepresidente, si lo hubiere, y a los consejeros…», según dice el art. 5 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. Y también debería saber que el art. 20 del Código Penal declara exento de responsabilidad criminal a «el que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo». Así mismo, debería conocer que el ordenamiento jurídico no ampara las actuaciones de mala fe. No hay, pues, el menor indicio de delito. No hace falta ser Cuello Calón para entenderlo.
Si el argumento de los denunciantes es que López Miras ha incurrido en cohecho y prevaricación porque ha nombrado a los nuevos consejeros por haber votado a su favor en la moción de censura, entonces deberían ampliar la denuncia para que se incluya en ella al alcalde de Murcia, a Pedro Sánchez, Iglesias y Garzón, entre otros. De acuerdo con la interpretación que los socialistas estarían haciendo de la ley penal, el regidor murciano ha comprado el voto del concejal Mario Gómez y lo ha pagado con una vicealcaldía, nunca existente hasta ahora en el municipio de Murcia.
En cuanto al presidente del Gobierno de España, en su investidura compró el voto de Iglesias, Garzón, etc., pagándoles posteriormente con vicepresidencias del Gobierno y con ministerios. ¿O no compró Sánchez la voluntad de Iglesias haciéndole vicepresidente enésimo del Gobierno? Esta vez, es tan absurda la denuncia que ni el Ministerio Fiscal les va a poder ayudar pese a que, como dijo el propio Sánchez, depende de él.
Lo peor de todo no es que los socialistas hayan ejecutado la trapacería de la moción de censura, con mayúsculo ridículo nacional; sino que intentan tapar su estolidez utilizando la Justicia como si fuera un juguete a su servicio. Puede que con la Fiscalía lo consigan; con la Justicia, no. Saben que no prosperará su denuncia, pero consiguen ruido mediático, quizá lo único que hacen bien. Sin duda, será otro éxito rotundo del líder de la oposición en la Asamblea Regional, permítaseme la ironía. ¡No se le ocurre ni al que asó la manteca en el dedo!
