Coordinador
regional de IU-Verdes
La movilización sigue siendo la herramienta básica para afianzar los derechos y libertades. Así lo han demostrado el comité de empresa de LAT-Bus y la Plataforma en Defensa del Transporte Público tras seis meses de conflicto reivindicando la reposición de la totalidad de los servicios de transporte periurbano del Área Metropolitana de la capital murciana, suprimidos en marzo de 2020 durante el confinamiento.
Ahora, Díez de Revenga ha anunciado la recuperación del 100% de dichos servicios argumentando que los datos sanitarios de la pandemia ya lo permiten, aunque dicha recuperación pudo acordarse en mayo pasado, a la vez que lo hicieron los autobuses ‘rojos’ de Murcia o el tranvía, al amparo del plan de desescalada anunciado unas semanas antes por el Gobierno central que ya proponía la recuperación entre el 80% y el 100% de las frecuencias en la segunda fase de la misma, así como el reforzamiento de servicios dentro de un plan de movilidad con medidas de gestión de la demanda.
En vez de ello, el Gobierno regional aprovechó la crisis sanitaria para enjugar deuda y permitir a la empresa concesionaria hacer lo mismo a costa de mantener la supresión de servicios y cargar costes a la seguridad social, manteniendo a los/as trabajadores/as en ERTE más tiempo del necesario.
El consejero plantea ahora una vuelta a la ‘normalidad’ mientras niega al Ayuntamiento el pan, la sal y el dinero para el mantenimiento de la concesión de la que se hará cargo en unos meses. Una concesión que seguirá con servicios recortados y sin un Plan de Movilidad digno de ese nombre. No hay que olvidar que el Gobierno regional suprimió en 2012 numerosos servicios entre Murcia y sus pedanías con la justificación de «favorecer la recuperación económica de la Administración regional y mantener el equilibrio económico de la concesión» mientras durara la recesión económica. Sin embargo, una vez superada la recesión los recortes temporales pasaron a permanentes por la vía de los hechos consumados.
La historia del transporte público en el Área Metropolitana de Murcia es la historia de una degradación constante, al ser considerado por los Gobiernos regionales como una carga costosa y problemática por su complejidad: atender a 54 pedanías dispersas, donde vive el 63% de la población de Murcia, más diez municipios próximos que, en conjunto, suman el 47% de la población regional. ¿Hasta cuándo habrá que soportar tanta incompetencia?
