Se equivoca el ministro Miquel Iceta si apuesta por volver a reformar la función pública; lo que se necesita es reinventar un nuevo modelo de Administración, pues todo lo demás será seguir negando la realidad, y es que la nueva Administración debe afrontar nuevos problemas, y eso no se consigue con viejas estructuras y métodos del siglo pasado.

Algunos llevamos reclamando a las organizaciones sindicales de la función pública, pero sobre todo a la propia Administración, que abra el necesario debate pendiente sobre el papel que deben jugar las Administraciones públicas y sus trabajadores cumplido ya una quinta parte del siglo XXI.

El grave problema que sufre la función pública no se soluciona reformando un artículo o prostituyendo el sentido de servicio público apostando por la figura del directivo profesional; al contrario, eso lo único que conseguirá será embarrar y oscurecer nuestro futuro, no solo profesional, sino como su propio sentido de existir.

De las pocas cosas que dijo el ministro en su comparecencia de la pasada semana que son inexorables, todo lo demás son declaraciones de intenciones más o menos acertadas, es que en el año 2030, es decir, dentro de menos de nuevo años, el 51% de los empleados públicos de la administración del Estado, el 44% en el resto de las Administraciones públicas como media, pasarán a situación de jubilación, es decir, más de un millón de empleados públicos pasarán a formar parte del mayor convenio colectivo que existe en el país, el de los pensionistas.

Pero no solo el envejecimiento de la plantilla es un grave problema, así como la pérdida constante y permanente de conocimiento, sino que hay que cambiar las propias estructuras administrativas, de acceso, de promoción, de titulación, de formación, de carrera, incluso si me apuran, de la propia forma de trabajo presencial.

La educación no puede seguir siendo un pozo donde la memoria y los codos sean los pivotes donde se sustenta la formación. El actual ministerio por fin ha entendido que tenemos un problema pedagógico: ni la sanidad pública puede seguir asumiendo que el dinero y muchos de sus profesionales salgan a media mañana por la puerta trasera del hospital a trabajar en la sanidad privada, al igual que no tiene sentido que categorías como la de auxiliar administrativo sigan existiendo en un mundo tecnificado, digitalizado y cada vez más preparado.

Hoy en día, sobran tantos cuerpos y escalas como mandos políticos que apenas conocen el terreno que dirigen, no puede ser que se exija a un celador conocerse casi a la perfección la Unión Europea y nuestro ordenamiento jurídico, y a un profesor de instituto ni siquiera se le pregunte por los valores fundamentales de nuestra Constitución.

Seguir apostando por un baile interminable de bolsas de trabajo, donde se compran puntos con dinero, donde se cambiar las reglas del juego cada tiempo, con procesos de selección que duran hasta cuatro y cinco años antes de resolverse, es seguir convirtiendo a la Administración en un monstruo sin cabeza, en un laberinto sin salida.

Dentro de unos pocos meses, cuando la Covid pase a formar parte de la historia más triste de nuestro país, miles de interinos se volverán a juntar a las puertas de las distintas administraciones a esperar una llamada para cubrir una baja por maternidad o, la rotura de una rodilla, seguirán preparándose oposiciones basadas en un concurso-oposición donde no se apuesta por la calidad sino por la cantidad, y mientras la sociedad avanza buscando la mitad del siglo XXI, nosotros seguiremos enseñando y trabajando en un viejo edificio del siglo XX.