La Región de Murcia es la Comunidad Autónoma con la legislación verde más avanzada de España». Así lo expresaba el consejero Díez de Revenga en la presentación del estudio encargado a la UPCT para la implantación de medidas de drenaje sostenible de cara a frenar las inundaciones en los municipios ribereños del Mar Menor. De ser verdad, cosa bastante dudosa, cabría añadir que también es, con seguridad, la más incumplidora de dicha legislación, rozando, en algunos casos, la prevaricación.

En relación a temas medioambientales, es frecuente en el Ejecutivo murciano predicar una cosa y hacer justo la contraria. Así, por ejemplo, es llamativo que la consejería considere medidas idóneas para frenar las inundaciones en los municipios ribereños del Mar Menor la instalación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, que abogan por soluciones basadas en la naturaleza más que en el hormigón y, sin embargo, apenas impulse esta estrategia en el conjunto de la cuenca marmenorense por no atreverse a importunar a las grandes empresas agroexportadoras que practican una agricultura intensiva causante, como sabemos, de la mayor parte de la contaminación del acuífero del Campo de Cartagena y de las inundaciones que sufren los municipios ribereños.

También en el ámbito urbanístico la teoría va por un lado y la práctica por otro. Mientras la Ley de Protección Integral establece una moratoria urbanística de cinco años en toda la cuenca vertiente del Mar Menor, una de las excepciones a la misma, que permite la ‘ampliación natural’ de los suelos urbanos consolidados, parece hecha a medida para hacer realidad la propuesta del alcalde popular de San Javier de levantar un hotel de diez plantas en la parcela del antiguo hospital de Los Arcos, en primera línea de la playa de Santiago de La Ribera; y esto a pesar de que ni la normativa urbanística vigente ni el Plan General de Ordenación pendiente de aprobación lo permiten.

De hecho, el propio Gobierno regional aplazó la venta de dicha parcela en 2019 a la espera de mejorar su revalorización con las modificaciones del Plan General de Ordenación. El lote podría incluir la utilización privativa de balnearios (antaño concedidos a la familia Viudes) y cuya titularidad el Ayuntamiento ya ha solicitado al ministerio de Transición Ecológica, reeditando así viejos privilegios de época franquista.

¿Alguien puede creer todavía en el compromiso del PP con la recuperación del Mar Menor?