Unas amigas que hace unos años viajaron a Guinea se vieron obligadas, claro que entre risas, a cumplimentar, antes de ver sellado su pasaporte, un protocolo en que debían responder, entre otras, a las siguientes preguntas: «¿Pertenece usted a algún grupo terrorista?». Y a continuación: «En caso de que su respuesta sea positiva, ¿a cuál?». Es sabido que para viajar a Estados Unidos es necesario declarar por escrito que uno no pretender atentar contra el presidente y que no tiene carné de ningún partido comunista.
Pues bien, la consejería de Transparencia de la Comunidad autónoma ha distribuido entre los empleados públicos a su cargo un cuestionario en que éstos deben responder, a modo de encuesta, preguntas tales como «¿Le han ofrecido dinero recientemente?». La intención, se supone, es constatar el posible nivel de vulnerabilidad de los funcionarios ante la corrupción para intentar poner remedio mediante algún tipo de normativa. Tal vez quien ha ingeniado la pregunta aspira a que los interrogados respondandan: «Sí, vino un señor y me dijo que me pagaría la hipoteca si le resolvía con prontitud su expediente, y es lo que hice». Mayor ingenuidad y, vamos a decirlo, estupidez, no es concebible. Como si mis amigas se hubieran declarado del Grapo antes de entrar a Guinea.
Más preguntas de ese cuestionario: «¿Cree que hay mucho riesgo de corrupción en los asuntos que tramita habitualmente?». Otra: «¿Considera que el código de buenas prácticas es un arma eficaz para luchar contra la corrupción? Responda: Muy eficaz. Eficaz. Poco eficaz. Nada eficaz. Propiciará más corrupción».
El lector preguntará por su parte: ¿esto es serio? Bien, es lo que están haciendo en este momento, pues el test aún no ha concluido.
La consejería de Transparencia, que tal vez fue instituida con alguna buena intención ha acabado por ser un chiringuito más, completamente inservible. Una fachada sin contenido, aunque cuando se creó todos pudimos creer que era necesaria: estaba en manos de Cs, el partido que hizo firmar al PP un documento de veinte folios en que se relataba un listado de iniciativas que, en apariencia, vendrían a regenerar la vida política,algo que se precibía tan necesario después de tantos años de mayorías absolutas campeadoreas. Y esto a pesar de que, entre los buenos propósitos se incluía el famoso ‘puto punto número cinco’ por el que se facilitaba, contra la letra y el espíritu de la Ley del Presidente, que el vigente y firmante se podría adjudicar, mediante truco o trato, una tercera legislatura excepcional cuando de lo que se trataba ante la galería era reducirlas a dos consecutivas, ocho años de ejercicio para el afortunado o afortunada.
La consejería de Transparencia, a la que su penúltima titular, la magistrada Beatriz Ballesteros, ha definido como una mezcla de lechugas y huevos (incluye entre sus competencias la dirección de Emergencias, lo que es evidentemente metafórico) ha tenido en los dos primeros años de su existencia un protagonismo opaco por usar el antónimo. No se puede decir que el equipo no haya trabajado, pero cuando sus iniciativas han llegado a las puertas de la Asamblea Regional han debido regular, pues siempre había una ley más perentoria que tramitar. Incluso cuando en un documento no vinculante como el código ético del pacto PP-Cs la consejera Ballesteros intentó actualizar acontecimientos sobrevenidos como el caso de las vacunas indebidas de altos cargos en la lógica de identificar el aprovechamiento clandestino de esos recursos públicos con el concepto de corrupción política, vio su propuesta rechazada.
Por lo demás ¿de qué sirve toda una consejería de Transparencia cuando, como en el mismo caso de las vacunaciones indebidas el Gobierno se niega a facilitar los nombres de los altos cargos que han incurrido en el desliz de vacunarse antes de lo que dictaban los protocolos que ellos mismos habían aceptado y tenían la obligación de desarrollar? Ahí es, sobre todo, cuando se detectó, en vivo y en directo, que ese departamento era una simple fachada, subrayada esa impresión por el hecho de que la líder del partido que dispone de esa consejería estaba pidiendo públicamente las listas de los vacunados.
Un contradiós. Pero hay más. La inutilidad de la Consejería de Transparencia alcanza también al Consejo de la Transparencia, un organismo supuestamente autónomo, dirigido por personalidades independientes que elige el Parlamento regional. El ciudadano que fue desplazado por el portavoz de Cs en el ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez, en la pugna por obtener una plaza en el hospital de Yecla, tras solicitar infructuosamente información al Servicio Murciano de Salud, órgano competente, y denunciar el caso en otras instancias, acudió finalmente al Consejo de la Transparencia para que solicitara al SMS la información sobre los detalles del concurso y la idoneidad curricular de los aspirantes, y la respuesta (en este caso sí ha habido respuesta) es que tal Consejo carece de competencias para solicitar la información que se le reclama.
Bien, si los organismos de la transparencia pública carecen de competencias para garantizar la transparencia ¿para qué sirven los organismos de transparencia? Es fácil deducirlo: para lucir una fachada tras la que se oculta un Gobierno opaco. No es extraño, pues, que la jefa de Cs, Ana Martínez Vidal, esté por la labor (aparte de otras intenciones más o menos narcisistas) de reivindicar una reforma estructural del Gobierno, ya que hay consejerías como la de Transparencia que en la práctica constituyen un artificio, un artefacto sin contenido, por mucho que fuera preciso que la Administración se dotara de un servicio de ‘asuntos internos’ abierto a la demanda pública. La necesidad es tan evidente que muchos ciudadanos confunden ese departamento o su Consejo de la Transparencia con algo así como la institución del Defensor del Pueblo, que, por cierto, fue creada en su día por Valcárcel para colocar a un exconsejero, y desapareció del mapa con los recortes de la crisis del 2008, cuando era más necesaria que nunca precisamente por las consecuencias de la crisis.
Ya se ve que los mecanismos de control se estrellan una y otra vez frente a la resistencia a la claridad por parte del poder político. La estructura de Transparencia tiene un coste que no se relaciona con los beneficios de su operatividad. Es un mastodonte que podría reducirse a una jefatura de negociado, una vez visto que no funciona ni como estandarte propagandístico. Estoy convencido de que Martínez Vidal habría querido llenarla de contenido con otras competencias, pero la retracción de López Miras a cambiar la estructura de su Gobierno a golpe de pito de su socia ha obligado a ésta a reponer con urgencia la pieza en el hueco dejado por Ballesteros sin resolver el mayor problema: la insustancialidad de una consejería que ha acabado en escaparate de la nada, promoviendo encuestas absurdas. Bienvenidos a Guinea.
