La otra pandemia

El fuego ha sido considerado siempre por el ser humano un elemento purificador. Ha formado parte de ritos, leyendas y de un misticismo otorgado por distintas religiones desde que se descubriera hace 800.000 años. La cultura actual aún está impregnada por este sentimiento ancestral y muchas de las fiestas que se celebran a lo largo de la geografía española le rinden culto.

Sin embargo, hay una práctica en la que el fuego y sus consecuencias no son purificadoras sino todo lo contrario. Hacen que se eleve la contaminación y perjudican de manera contundente al medio ambiente, castigado además por otras conductas humanas, y maltratado por las Administraciones (esta pasada semana hemos asistido a un nuevo despropósito de la Comunidad autónoma con la modificación por decretazo de la Ley de Protección Ambiental).

Las quemas agrícolas constituyen en Murcia esa perversión del fuego utilizado, de manera ilegal, para generar una contaminación que no solo perjudica a la naturaleza. Tiene nefastas consecuencias en la salud de las personas agravando patologías y abriendo la puerta a otras enfermedades que pueden llevar a la muerte. Las Administraciones no parecen haber entendido que esa práctica se ha constituido hoy en día como en una nueva pandemia, no comparable con la Covid-19, en su esencia, pero sí en sus consecuencias para el ser humano: lo enferman y, en algunos escenarios, lo obligan al confinamiento.

Una muestra de ello es el protocolo que existe en diversos colegios que, durante este curso escolar, se han visto obligados a cerrar las persianas a cal y canto y proteger así a los alumnos ante el humo que provocaban esas quemas agrícolas, un confinamiento autoimpuesto ante la vista gorda y la inacción tanto de la Comunidad autónoma como del ayuntamiento de Murcia.

A lo largo del estado de alarma decretado por el Gobierno central debido al coronavirus se han seguido produciendo las quemas de una manera vergonzante, que han elevado la contaminación de partículas PM10 pese a la reducción del tráfico rodado de vehículo a motor, una de las causas de la toxicidad del aire.

La plataforma ciudadana #StopQuemasMurcia ha documentado todos esos episodios durante el confinamiento y hoy lunes entregará un nuevo informa a la Fiscalía de la Región de Murcia, que deberá adjuntarse a la investigación que está llevando a cabo la sección de Medio Ambiente del Ministerio Público. En ese documento se pone el acento, entre otras cosas, a lo acontecido el día 5 de mayo, Día de la Madre, fecha en la que hubo quemas por doquier y en la que la Comunidad autónoma emitió una orden en la que hacía constar que estaban prohibidas las quemas salvo excepciones. Una fina ironía del destino.

La orden de marras (parece que la Comunidad se está aficionando a improvisar sobre medio ambiente) no convence a nadie, ya que establece excepciones que no deben darse al existir otras formas de deshacerse de los restos de podas, y además incide en que la prohibición rige en el estado de alarma. Por tanto, ¿seguirán prohibidas las quemas después? La duda sobre este extremo se ha hecho más patente al haberse eliminado del portal de la CARM la resolución de 2019 de las cuatro direcciones generales implicadas en este asunto, sobre todo la de Salud Pública, que, aunque mejorable, establecía distancias mínimas, medidas de protección, etc.

La Fiscalía, hace semanas, pidió a las Administraciones medidas para impedir que los restos agrícolas sean pasto de las llamas, y no por un capricho del ministerio acusador. Empezando por lo más básico, porque el artículo 45 de la Constitución consagra el deber de los poderes públicos a velar por la utilización racional de todos los recursos naturales para proteger y mejorar el medio ambiente, y para terminar porque los protocolos internacionales no hablan para nada de las quemas como medida para acabar con las plagas.

Pese a todo, la respuesta de las Administraciones ha sido nula. Han continuado haciendo la vista gorda a un problema que para nada está en su agenda política y en el que no reparan si no es a golpe de requerimiento de la Fiscalía. O del Defensor del Pueblo, que hace más de un año ya les dio un toque.

Eso sí, los drones de las policías locales y de las fuerzas de seguridad del Estado no han parado de surcar los cielos en busca de ciudadanos disidentes del confinamiento. Algo lógico, ya que el coronavirus no es ninguna broma. Tampoco las quemas y sobre eso no se ha actuado.

Por nadie pase.