Esta semana ha entrado en vigor un Real Decreto conocido como 'la ley del pan' que crea un marco general de calidad y da una mayor seguridad al consumidor a la hora de comprar este alimento básico.

Aborda garantías para que el elaborado con masa madre, la fórmula de moda que resulta que es la tradicional de toda la vida, no contenga más de un 0,2% de levadura industrial y su fermentación dure al menos 15 horas.

Que me pregunto que si, habiendo sumilleres y catadores capaces de identificar las procedencias, aromas, mezclas y añadas de productos como el vino o el aceite, existirán paladares entrenados en concretar si el alma del chusco ha estado ese tiempo en reposo.

Viene esto a cuento o no de la polémica sobre cómo se ganan el pan los políticos.

Da la sensación que algunos alcaldes, nada más ofrendar la vara de mando al pueblo, han venido en arreglarse con la oposición las subidas de sueldo y dietas de asistencia en alegre armonía de toda la corporación. Inconscientes ellos de estar proyectando esa deplorable imagen de apariencia de que lo que único que les interesa es servirse del cargo.

Hay de todo: de lo argumentable y de lo injustificable. Entre lo primero puede incluirse a una alcaldesa de una población de 20.000 habitantes que cobra 1.500 euros netos al mes en doce pagas para una dedicación que le obliga las 24 horas del día los 365 días del año.

Entre lo segundo, que se haya duplicado hasta 35.000 euros el salario de concejales de un Ayuntamiento que no tienen delegación, competencias o siquiera dedicación absoluta.

Para poner un poco de orden en todo este dislate de remuneraciones, que crea agravios comparativos lacerantes, bien vendría aplicar una norma general.

Una legislación que incluyera una ponderación del Salario Mínimo Interprofesional multiplicado por 'equis' en función de la población, el grado de dedicación y el rango de la ciudad o pueblo en cuestión. Y una actualización conforme a lo estipulado para la función pública.

Pero también un texto que reconociera los derechos de aquellos con actividades profesionales que decidieran dar el paso sin tener que ver mermados sus ingresos. Un acicate para los que renuncian, no por la dedicación que se les exige, sino por hacerlo por menos dinero del que ganan.

Una 'ley de ganarse el pan' en definitiva.